EL PRIMER BRINCO

QUIENES GUSTAN DE LAS alegorias pueden decir que por fin se movió el reloj que marca el tiempo de la gente. Eso quedó en claro el viernes pasado en Cali, cuando el presidente Ernesto Samper sancionó la ley que le da luz verde al plan de desarrollo de la actual administración. La iniciativa , conocida como El Salto Social, es un decálogo de las estrategias que se propone acometer el gobierno para impulsar el mejoramiento económico y social del país.
A pesar de que por lo menos desde el plan de Las Cuatro Estrategias de la administración Pastrana el país se había acostumbrado al tema , lo cierto es que esta es la primera ocasión en que un plan de desarrollo incorpora un elemento de legitimidad en su promulgación. Antes todo se limitaba a un documento escrito en Planeación Nacional sin ningún debate al exterior del gobierno. Ahora, por cuenta de la Constitución de 1991, existen unos plazos y unos mecanismos de discusión de la iniciativa que fueron debidamente cumplidos. El primer borrador de El Salto Social se presentó a mediados de noviembre y fue estudiado por los miembros del Consejo Nacional de Planeación, que a su vez se lo remitió a diversos consejos regionales. Ese nuevo proyecto se le entregó al Congreso, que acabó aprobándolo hace un mes largo, después de incorporarle algunos correctivos.
Aunque siempre se podrá debatir si ese camino es el indicado, lo que sí es indiscutible es que por primera vez una iniciativa de este tipo pasa por tantos cedazos. Como dijo el director de Planeación Nacional, José Antonio Ocampo, "nunca antes tanta gente, de tantos sectores diferentes, había participado en la elaboración del plan de desarrollo".
El documento final traza la hoja de ruta para el Estado colombiano en los próximos cuatro años. Buena parte del texto está dedicado a defender la filosofía que ha promulgado Ernesto Samper a lo largo de su vida pública y que se condensa en el ya publicitado modelo alternativo de desarrollo. Para decirlo en términos simples, éste busca conciliar las aparentes contradicciones que existen entre el capitalismo y el socialismo, recuperando elementos de ambos. Por ejemplo, se busca combatir la pobreza y al tiempo se estimula la iniciativa privada.
Sin embargo, más allá de la fundamentación ideológica de El Salto Social, su verdadera importancia práctica reside en que contiene el plan de inversiones del gobierno en el transcurso del cuatrienio. Este tiene un valor de 38 billones de pesos de 1994, una suma sin precedentes en la historia del país.
De ese total, un 55 por ciento se destinará al sector social, que se va a concentrar en las áreas de educación y salud, las cuales recibirán dos terceras partes de esa tajada. Se trata de que la inversión social como proporción del Producto Interno pase del 10 al 13,6 por ciento.
El otro gran rubro es el de infraestructura, al cual le corresponde un 32 por ciento de la suma global de inversiones. En este caso hay que tener en cuenta que se espera que una suma equivalente sea aportada por el sector privado mediante esquemas como el de las concesiones, las asociaciones y los proyectos de riesgo compartido (ver gráfico).
Según el gobierno, tres temas adicionales reciben particular atención: la inversión rural, la política de ciencia y tecnología y la estrategia de medio ambiente. Aunque en estos casos las inversiones planeadas tienen una cuantía menor, el incremento en las partidas es significativo.
Todo esto palidece, sin embargo, frente a la magnitud del esfuerzo que tiene ante sí la administración Samper. Por una parte, debe acabar de asegurar la financiación del plan, que todavía depende parcialmente del éxito de iniciativas como la reforma tributaria. Por otra, debe demostrar que es capaz de ejecutar los gastos y sacar adelante los propósitos más importantes de El Salto Social sin crear desequilibrios económicos. Y esas metas no son sencillas. En un país en el cual la mayoría de los planes se han quedado cortos a la hora de pasar de la realidad a la práctica, el propósito de cumplir lo prometido es en verdad un verdadero desafío.