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| 9/4/2010 12:00:00 AM

El primer paso

El proyecto de ley de formalización y primer empleo que el gobierno presentó al Congreso es un avance, pero podría quedarse corto frente al grave problema laboral que tiene el país.

El Dane acaba de informar que en julio el mercado laboral siguió en franco deterioro. La tasa de desempleo sigue anclada en 12,6 por ciento, el subempleo se elevó al 34,2 por ciento y en el país ya hay 2.748.000 desempleados.

Con estas cifras arranca la administración Santos y a partir de ellas se medirá la promesa, hecha durante la campaña, de llevar la tasa de desocupación a menos del 9 por ciento al final del cuatrienio, de crear dos millones y medio de nuevos puestos de trabajo y de formalizar 500.000 empleos.

Después de conocer estas cifras, a nadie le queda duda de que Juan Manuel Santos acertó en fijar el empleo como el eje de su campaña a la Presidencia y que la política económica que llamó "de las locomotoras" busque generar nuevos puestos de trabajo.

Pues bien, ante la urgencia de resolver el problema el gobierno radicó en el Congreso el proyecto que llamó de formalización laboral y de primer empleo. En esta iniciativa se unen la propuesta de la campaña de Santos y la del Partido Liberal para estimular el empleo de los jóvenes.

En el primer caso, el proyecto ofrece unos incentivos por cuatro años para que se formalicen las micro (uno a diez empleados) y las pequeñas empresas (11 a 50 empleados). En los dos primeros años estos pequeños negocios no pagarían los parafiscales (Sena, Icbf y Cajas de Compensación Familiar) ni impuesto de renta, en el tercer año cancelarían el 50 por ciento y en el cuarto año el 100 por ciento. Se entiende que a partir de allí las micro toman fuerza y los riesgos de quebrarse son menores. A pesar de que no pagarían los parafiscales, los trabajadores sí gozarían de todos los beneficios y servicios derivados de los aportes mencionados desde el inicio de su relación laboral. Se busca que al entrar a la formalidad estas pequeñas empresas vinculen también a sus trabajadores con todas las de la ley.

Y en cuanto a la propuesta sobre primer empleo se contempla que los empleadores que vinculen laboralmente a menores de 25 años podrán tomar los aportes parafiscales, así como el aporte en salud a la subcuenta de solidaridad del Fosyga y el aporte al Fondo de Garantía de Pensión Mínima correspondientes a los nuevos empleos, como descuento tributario para efectos de determinar el impuesto sobre la renta y complementarios. Este beneficio también sería temporal por cuatro años.

Sin duda, el proyecto tiene muy buenas intenciones, pero expertos en materia laboral creen que se quedará corto para resolver el problema.

En el tema de la formalización empresarial, el ex ministro de Hacienda y economista de Fedesarrollo Guillermo Perry dice que la propuesta es demasiado compleja para lograr sus objetivos. Para Hugo López, gerente seccional en Medellín del Banco de la República, es muy difícil formalizar las empresas más chicas con reducciones transitorias de parafiscales, tal como propone el gobierno. En este mismo sentido, Javier Hoyos, economista y especialista en análisis legislativo, considera que las medidas para empresas pequeñas pueden ser una ayuda, pero no es claro que estimulen la formalización de aquellas que hoy son informales, por cuanto tendrían que hacer otras erogaciones, como pensiones, salud y ajustar salarios al mínimo, a cambio de no pagar una parafiscalidad que tampoco cancelan hoy.

En la discusión sobre los parafiscales, hay expertos que creen que la fórmula de perdonarlos de manera progresiva no garantiza ni formalizar empleos existentes ni generar nuevos. La experiencia lo demuestra. La Ley 789 de 2002 por cuatro años perdonó los parafiscales a las empresas que crearan nuevos puestos y, sin embargo, el impacto en generación no fue muy grande.

Un estudio reciente de los economistas Hugo López y Jesús Botero señala que si se eliminaran los parafiscales totalmente, apenas se generarían alrededor de 250.000 empleos. El proyecto propone su eliminación solo para las micro y pequeñas empresas.

López cree que el verdadero impacto de esta reforma dependerá mucho de lo que se haga con el salario mínimo. Sus cuentas indican que si una empresa aumenta 10 por ciento su planta de trabajadores con ese nivel de ingreso, el ahorro que tendrá con la reducción de los parafiscales es tan poco que se perderá cuando suban el mínimo.

En cuanto a las medidas para contratar jóvenes, una idea muy loable ya que en esa población la tasa de desempleo supera el 20 por ciento, la principal crítica es que el proyecto plantea estrategias de corto alcance, pues sus beneficios serían temporales hasta 2014. ¿Y después qué?

Por otro lado, hay quienes temen que las empresas hagan trampa al contratar jóvenes y sustituir empleados antiguos más costosos. El viceministro de Protección Social, Javier Gamboa, afirma que la ley iría blindada con normas que impiden reemplazar trabajadores y con la exigencia de aumentar el número de empleos y el valor de la cotización. Pero siempre habrá escépticos sobre su aplicación y la capacidad del gobierno para controlarla.

El costo fiscal que tendría este proyecto es muy bajo. La eliminación temporal de los parafiscales para las micro y pequeñas empresas que se formalicen no recae directamente sobre las finanzas del gobierno. En relación con los estímulos del primer empleo, el impacto es contra el presupuesto nacional, ya que sí hay que pagar los parafiscales, pero estos se descontarán del impuesto de renta. Javier Hoyos calcula que si se crearan 500.000 empleos de jóvenes de dos salarios mínimos, las medidas de estímulo tendrían un impacto fiscal neto de 373.000 millones en un año.

Así las cosas, con esta reforma el fisco saldrá ganando. En esta iniciativa también se se eliminó la deducción del 30 por ciento por inversión en activos fijos, que durante varios años benefició a los empresarios. Ellos le sugirieron al gobierno su desmonte a cambio de que utilice estos recursos, que se estima ascienden a cuatro billones de pesos al año, en estimular el empleo. Es decir, si se compara el impacto de las medidas que se entregarán con el proyecto de formalización y primer empleo versus los ingresos que obtendrá el gobierno por eliminar la deducción del 30 por ciento, en el balance sale ganando el fisco.

Como quien dice, le queda al gobierno un margen para hacer una política más agresiva, o para echarles combustible a las cinco locomotoras definidas por el gobierno (agro, minería, vivienda, infraestructura e innovación, ciencia y tecnología) para que despeguen pronto y comiencen a generar más trabajo.

No hay que olvidar que durante la campaña Santos se comprometió a crear dos millones y medio de nuevos empleos. Una apuesta muy ambiciosa. Según Hugo López, para cumplir esta meta de aquí al año 2014 se requerirá que cada año se creen 625.000 nuevos puestos de trabajo, algo que supera lo que se logró a nivel nacional entre 2002 y 2007. En ese periodo, cuando el país logró tasas de crecimiento económico superiores al 5 por ciento anual, se generaron 288.000 empleos por año.

El asunto es que con una de las tasas de desempleo más altas de América Latina, y con una informalidad laboral que ronda el 60 por ciento, el gobierno tendrá que ser más ingenioso y recursivo. Definitivamente, esta es una corrida con muchos toros en la plaza, y como dice Hugo López, hay que torear de a uno, y en este caso, el comienzo debe ser propiciar las condiciones para un mayor crecimiento económico.
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