El viacrucis de El Quimbo

Cuando Emgesa, dueña de la hidroeléctrica de El Quimbo, pensaba que ya había superado todos los obstáculos, para, por fin, comenzar a operar el proyecto, se encontró con uno más inesperado: tener que apagar las máquinas a solo un mes de haberlas encendido, por orden de la Corte Constitucional. Este episodio resultó ser el más dramático de la cadena de vicisitudes que ha tenido que pasar El Quimbo desde 2008, cuando el gobierno del presidente Álvaro Uribe dio vía libre a su construcción.

Nació como uno de los proyectos más grandes del sector eléctrico que aportaría el 5 por ciento de la energía que demanda el país. Dada la magnitud de la obra, desde ese momento se avizoraban problemas. La represa utilizaría las aguas de los ríos Suasa y Magdalena, cubriría una superficie de 8.500 hectáreas e impactaría los municipios de Gigante, Garzón, Tesalia, Huila, Altamira, Paicol y El Agrado. Además, demandaría inversiones cercanas a 1.200 millones de dólares.

Como la mayoría de las hidroeléctricas construidas en Colombia, las obras arrancaron con una gran oposición de los habitantes afectados. Los pobladores del sur del Huila afirmaban que no verían los beneficios económicos de la central y, por el contrario, que se iban a afectar al perder miles de hectáreas de tierras fértiles para cultivar arroz y otros productos y al tener que dejar sus viviendas. La oposición más férrea llegó por cuenta de los pescadores artesanales y de los piscicultores, que se dedican a una de las principales actividades de esta región.

Transcurrieron tres años durante los cuales Emgesa adelantó los trámites para obtener la licencia ambiental. Quejas fueron y vinieron de los habitantes que cuestionaron el proceso de otorgamiento de la licencia, que como resultado fue modificada en varias ocasiones.

Finalmente, y a pesar de las dificultades, los trabajos comenzaron en febrero de 2011 cuando se colocó la primera piedra de la represa, con presencia del presidente Juan Manuel Santos. El gobernador del Huila en ese momento, Luis Jorge Sánchez, dijo que “El Quimbo era un sueño hecho realidad, un megaproyecto que cambiará el panorama socioeconómico de la región”.

Pero con el inicio de los trabajos aparecieron nuevos tropiezos. Una nueva Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (Asoquimbo) se convirtió en la mayor piedra en el zapato para Emgesa. Tutelas, acciones populares, marchas y protestas se presentaron constantemente durante varios años.

Emgesa puso en marcha un plan ambiental, social y económico con el fin de mitigar el impacto de la obra y brindar alternativas productivas a los pobladores. El plan comprendía reasentar 140 familias y darles un capital semilla a más de 2.200 personas. Además, se comprometió a hacer distritos de riego y construir una vía perimetral, entre otras iniciativas.

A pesar de las protestas, la obra siguió adelante y hacia septiembre de 2015 ya estaba lista para comenzar a llenar el embalse. Pero le esperaba otro tropiezo. Un grupo de pescadores interpuso una acción popular para frenar este último paso. Pedían que Emgesa retirara del fondo del embalse todo el material vegetal, conocido como biomasa, para evitar que se afectaran las aguas.

El Tribunal Administrativo del Huila acogió la petición y dictó medidas cautelares para frenar las labores. Sin embargo, sorpresivamente, el gobierno aprovechó un decreto de emergencia económica, relacionado con la situación de la frontera con Venezuela, para darle vía libre a Emgesa para inundar la represa.

Con esta decisión, que en el Huila cayó muy mal, el gobierno buscaba asegurar urgentemente esa nueva fuente de energía ante la crisis del sector eléctrico. Así las cosas, el 16 de noviembre, con casi un año de retraso, El Quimbo comenzó a operar, y a apoyar con 400 megavatios adicionales la demanda de energía del país.

Pero el viacrucis para la obra no había terminado. Un mes después de encender sus máquinas, Emgesa se vio obligada a pararlas, esta vez por un fallo de la Corte Constitucional. El alto tribunal tumbó el decreto de la Presidencia con el argumento de que que no podía pasar por encima de las decisiones judiciales, y cuestionó la actitud del gobierno de usar la crisis fronteriza para apresurar la puesta en marcha de El Quimbo.

Emgesa pidió levantar temporalmente las medidas cautelares para reanudar la operación y presentó nuevos informes al Tribunal Administrativo del Huila, donde demuestra que ha cumplido las exigencias medioambientales y no ha afectado la piscicultura de la zona. Pero no tuvo otra salida que acatar el fallo y apagar las máquinas.

El gerente de Emgesa, Lucio Rubio, sostiene que no se ha afectado la piscicultura porque desde el 16 de noviembre el agua ha llegado al embalse de Betania y no se ha registrado mortandad de peces. Además, solicitó que se verifique la cantidad de biomasa retirada porque las cifras no concuerdan. Mientras la Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM) habla de que han sacado 175.000 metros cúbicos de biomasa, la multinacional asegura que van más de 500.000 metros cúbicos.

Según Rubio, haber apagado El Quimbo podría generar un problema ambiental mayor, porque el agua estancada del embalse no puede oxigenarse de manera adecuada, lo que terminará por afectar la pesca de la región.

La parálisis de esta hidroeléctrica le creó un dolor de cabeza al ministro de Minas y Energía, Tomás González, quien formuló un llamado al Tribunal del Huila para buscar una salida. “Con la parálisis de El Quimbo pierden todos. Pierde el país porque se pone en riesgo la confiabilidad del sector y pierden los piscicultores porque se afectará la calidad del agua y se afectará la navegabilidad del río Magdalena”, dijo el funcionario.

Aunque estos argumentos son valederos, no hubo tiempo para encontrar una solución, pues coincidió con la entrada a vacaciones de la Rama Judicial que se reintegra el 12 de enero. Ahora, lo importante es que se encuentre una solución que deje a todos tranquilos: comunidades y empresa. La realidad es que el país necesita de la energía de El Quimbo, sobre todo ahora cuando se avecinan los meses más duros del fenómeno de El Niño.

Un jugador menos

El fantasma de un racionamiento energético vuelve a aparecer.

Otras hidroeléctricas o térmicas deberán asumir la energía que deje de suministrar El Quimbo, equivalente al 5 por ciento de la demanda del país. Sin embargo, esto no es tan fácil porque el nivel de los embalses está en descenso (65 por ciento), y podría bajar aún más si se intensifica El Niño, como ha pronosticado el Ideam.

Además, las térmicas, que deben suplir la escasez de agua que afecta a las hidroeléctricas, afrontan problemas financieros. La semana pasada la Contraloría advirtió sobre la preocupante situación de Gecelca, Tebsa, Termoemcali y Termovalle. Cabe recordar, además, que Termocandelaria está paralizada.

El gobierno, los gremios del sector y los empresarios están muy preocupados con esta situación. En plenas fiestas de Navidad y fin de año les piden a los colombianos ahorrar energía para evitar un racionamiento. El gobierno, incluso, ha contemplado interponer una acción de tutela para que la hidroeléctrica vuelva a operar temporalmente mientras los jueces llegan de sus vacaciones.