Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2016/10/15 00:00

TGI: Un negocio polémico

La recompra de las acciones de esta compañía abrió un debate político y financiero sobre qué tan conveniente fue esta operación para la Empresa de Energía de Bogotá.

Gustavo Petro, Snadra Fonseca, Mónica de Greiff y Juan Carlos Granados. Foto: Daniel Reina Romero

Una negociación realizada en 2014 tiene en la mira de la Contraloría de Bogotá al exalcalde Gustavo Petro, quien presidía entonces la junta directiva de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB); a las expresidentas de la empresa Sandra Fonseca y Mónica de Greiff; al exgerente de la Empresa de Acueducto Alberto Merlano; al exgerente de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) Saúl Kattan; y a 15 miembros de la junta directiva de la EEB que estuvieron entre 2011 y 2014.

La causa: la entidad de control decidió abrir un juicio de responsabilidad fiscal por la recompra que hizo la EEB del 31,92 por ciento de las acciones de su filial Transportadora de Gas Internacional (TGI), y con ello desató una controversia que tiene divididos a dirigentes políticos y analistas financieros.

Para el contralor distrital, Juan Carlos Granados, en la operación pudo haber un detrimento patrimonial de 509 millones de dólares. Esta es la diferencia entre los 400 millones de dólares en los que la EEB vendió en 2011 el 31,92 por ciento de TGI y los 880 millones que pagó tres años después por recomprar ese mismo porcentaje. A esta cifra se le suman 29 millones de dólares por intereses, comisiones y pagos de abogados. Granados quiere saber cómo, en solo tres años, Citi Venture Capital International (CVCI), el fondo de inversiones del Citibank que compró inicialmente esa participación, se ganó 480 millones de dólares sin mover un dedo.

Por el contrario, tanto Petro como Sandra Fonseca, exmiembros de la junta directiva de la empresa y analistas financieros afirman que la recompra fue un gran negocio y una buena decisión porque EEB quedó con el control de una de las compañías más rentables del país, con gran expansión y con utilidades que aumentan año tras año. Aseguran que entre 2011 y 2014 el valor de la compañía aumentó 21,8 por ciento anualmente. Según Petro, en esta controversia hay un trasfondo político porque el contralor Granados es de Cambio Radical, el partido del vicepresidente Germán Vargas, y le quiere afectar su futuro en la contienda electoral.

¿Cómo fue la operación?

La historia de este polémico negocio se inicia en 2006 cuando la Empresa de Energía le compró a Ecopetrol el 100 por ciento de una compañía llamada Ecogas (hoy TGI), la transportadora de gas más grande del país. En ese momento, la empresa capitalina pagó 1.460 millones de dólares, es decir, 11,14 veces el ebitda (utilidad después de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones). Algunos criticaron a la EEB por el alto monto que canceló.
Pero al momento de adquirirla, la EEB asumió el compromiso de capitalizarla para reducir la deuda que traía la compañía y para financiar su plan de expansión. El proceso no fue fácil debido a la compleja situación de la economía mundial tras la crisis financiera de 2008.

Sin embargo, en 2011 la empresa bogotana vendió el 32,92 por ciento de TGI en 400 millones de dólares al fondo de inversión CVCI, uno de los dos proponentes que se presentaron al proceso. EEB invirtió esos recursos en TGI para ampliar su capacidad, pero al hacer la operación el nuevo inversionista impuso condiciones que limitaban el margen de maniobra de la EEB, que no le permitían ejercer plenamente el control. El valor total de TGI, después de la capitalización, fue tasado en 2.411 millones de dólares.
Entonces la venta comenzó a generar dudas. Si TGI era tan buen negocio y las proyecciones de ingresos eran tan altas ¿para qué se necesitaba buscar un socio?, y ¿por qué la EEB, que estaba en plena expansión, no asumió un crédito o refinanció la deuda? Expertos dicen que era una opción difícil debido al complicado panorama internacional.

En 2013 comenzó el otro gran capítulo de esta polémica. A finales de ese año, el nuevo socio anunció que saldría a vender su porcentaje en TGI. Varios fondos internacionales se interesaron pues el panorama económico mundial era muy distinto al de 2011. La liquidez abundaba en los mercados financieros y había un gran apetito por este tipo de empresas.

Sin embargo, la Empresa de Energía tenía la primera opción para la compra y la ejerció. La reunión de la junta directiva del 11 de diciembre de 2013, a la que asistió el entonces alcalde Petro, tomó la decisión.

Uno de los argumentos centrales para hacer el negocio era que permitiría retomar el control pleno de la empresa. Además la EEB se quedaría con una compañía de alta rentabilidad. Varios expertos financieros le pusieron el ojo al precio de este negocio. Como consta en el acta, en esa junta se presentó un avalúo hecho por la banca colombiana de inversión Sumatoria, gran conocedora de la compañía y del sector energético. Dicho informe indicaba que la participación de CVCI valdría 614 millones de dólares. Pero no era una valoración oficial y se había hecho para otros fines (un programa de bonificaciones y salarios).

Ante el número de inversionistas interesados en TGI, Sumatoria estableció que estos estarían dispuestos a pagar un valor en un rango amplio entre 650 y 910 millones de dólares. Es decir, si la Empresa de Energía no hacía una oferta interesante, se podría quedar por fuera del negocio. Semanas antes de que la EEB presentara su propuesta, en marzo de 2014, ocurrió un hecho que en cierta medida marcó el precio de recompra: la venta del 23,6 por ciento de la Transportadora de Gas del Perú (TGP), una empresa muy parecida a TGI en términos financieros y operativos. Por esa participación, los compradores pagaron 10,78 veces el ebitda, una cifra por debajo por las que se transaron otras empresas del mismo sector en el mundo.

Finalmente, en abril de ese año la EEB ofreció 880 millones de dólares. Según las actas, la entonces presidenta de la EEB, Sandra Fonseca, y el alcalde Gustavo Petro fijaron ese precio, aunque la junta no se manifestó al respecto. Para esta operación el valor total de TGI fue de 3.635 millones de dólares, por lo cual CVCI vendió a 10,07 veces el ebitda. A la banca de inversión Sumatoria la EEB le pagó 650.000 dólares como honorarios.

Para varios conocedores del tema este fue un negocio gana-gana. CVCI recibió más del doble de lo que había pagado inicialmente y la Empresa de Energía se quedó nuevamente con cerca del 100 por ciento de una compañía rentable y con grandes perspectivas hacia el futuro. Para esos conocedores TGI se convirtió en una máquina de hacer plata y en una de las mejores empresas que tiene la ciudad. Al fin y al cabo, esta transportadora de gas opera la red de gasoductos más extensa del país, con 3.957 kilómetros de tubería que llevan el gas desde La Guajira al interior y desde los Llanos Orientales a Huila y Tolima.

Mauricio Cabrera, exmiembro de la junta directiva de la EEB en el momento del negocio, argumenta además para respaldar la conveniencia del mismo, que en 2015 surgió el proyecto Hermes para vender cerca del 25 por ciento de TGI. En ese momento la EEB recibió cuatro ofertas superiores a 700 millones de dólares por esa porción, lo que significaba que la empresa valía en total más de 3.000 millones de dólares. “Esta es la prueba reina de que TGI es la joya de la corona de la EEB y que es una empresa con buenas perspectivas de valorización”, indicó. Avalúos internos de TGI muestran que a mayo pasado la empresa valía 4.464 millones de dólares, lo que al cambio de hoy supera los 12 billones de pesos.

La Contraloría, por su parte, insiste en que la rentabilidad no puede ser tan alta como se afirma si se tiene en cuenta que en 2011 el patrimonio neto de TGI fue de 2,3 billones de pesos, 2014 solo ascendió a 2,9 billones y hoy es de 2,3 billones de pesos. Y en esta diferencia está el núcleo de la controversia. n

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