EN BUSCA DE LA EFICIENCIA

LOS SERVICIOS PUBLICOS son hoy en día un gran dolor de cabeza para los colombianos. Para unos porque no los tienen. Y para otros porque su calidad no se compadece con lo que pagan por ellos. Con honrosas excepciones, las empresas de servicios se han convertido en unos entes burocratizados, ineficientes y costosos para los contribuyentes. Por eso se está formando en el país un creciente consenso sobre la necesidad de reformarlas.

En esa perspectiva, y acogiéndose a lo dispuesto en la nueva Constitución sobre las atribuciones de los concejos municipales, la Administración Caicedo Ferrer acaba de presentar al Concejo de Bogotá un proyecto de acuerdo para transformar las empresas de servicios de la capital -energía, acueducto, teléfonos y aseo- en empresas industriales y comerciales del Estado, con el fin de aumentar su eficiencia y productividad.

Con la transformación propuesta se lograría, en primer lugar, dar autonomía presupuestaria a las empresas, con el fin de agilizar toda su gestión. En la actualidad, el presupuesto de las empresas tiene que recibir una aprobación de Planeación Distrital y otra del Concejo de Bogotá. La propuesta establece que sean las juntas directivas de las empresas las que aprueben el presupuesto anual y autoricen los traslados y adiciones a que haya lugar. Con ello se ganaría no sólo en agilidad, sino en independencia.

El proyecto establece, además, que sea la junta directiva la que apruebe los estados financieros presentados por el gerente, con lo cual se daría otro gran paso: introducir en las empresas el criterio de rentabilidad como elemento esencial de la gestión. En adelante, el desempeño de las empresas estaría basado en la autofinanciación, y no en la subvención, como ha ocurrido hasta ahora. Siempre bajo la vigilancia del Estado, para que los mayores ingresos no provengan de abusos en tarifas sino de reducción en costos.

Otro aspecto fundamental es el laboral. El proyecto establece que las relaciones entre la empresa y sus trabajadores se regirán por las leyes aplicables a los trabajadores oficiales. Este enfoque les daría a las empresas una mayor estabilidad laboral y permitiría su progresiva despolitización. El artículo tercero establece, además, que las empresas