En jaque

El pasado viernes 15 de febrero, en un foro académico sobre el sector eléctrico, la viceministra del ramo, Eva María Uribe, hizo un anuncio que cayó como una bomba. Dijo, nada menos, que el gobierno planea subir las tarifas de la electricidad. Aunque la medida fue, sino bien recibida, por lo menos comprendida por muchos de los expertos y empresarios que asistieron al evento, otra muy distinta fue la reacción que generó el anuncio por fuera del recinto.

Los políticos declararon en coro su rechazo a la medida. El Contralor, el Procurador, el alcalde de Medellín, el candidato presidencial Horacio Serpa y desde el propio gobierno el ministro de Trabajo, Angelino Garzón, expresaron su desacuerdo con el aumento al considerar inconveniente recargar aún más el ya vaciado bolsillo de los usuarios.

Esta controversia se extendió a lo largo de la semana pasada y terminó por convertirse en un asunto eminentemente político. Algo que, por lo demás, es explicable en la actual época electoral. Pero el tema va mucho más allá del dilema de subir o no las tarifas. No hay que olvidar que al gobierno sólo le faltan cinco meses para terminar. Y si ha decidido jugársela por una medida tan impopular, consideran algunos, es porque la situación del sector eléctrico se ha tornado tan crítica que las soluciones sencillamente no dan espera.

El problema de fondo es financiero. La situación es particularmente grave para las distribuidoras de energía pues muchas de ellas están perdiendo plata a chorros. Ni siquiera las más eficientes están logrando rentabilidades que sean consideradas satisfactorias por los inversionistas del sector. Hoy en día quien compre un bono del gobierno colombiano en la bolsa obtiene una rentabilidad superior a la que conseguiría al invertir en una distribuidora de energía, pero corriendo un riesgo mucho menor.

En estas condiciones nadie se interesaría en comprar las 14 electrificadoras regionales que aún son públicas y antes, por el contrario, se corre el riesgo de que se vayan los inversionistas privados. Una primera señal de alarma se dio precisamente la semana pasada cuando la multinacional AES anunciara que quiere salir de uno de sus negocios en Colombia. Aunque no se trata de una empresa de distribución sino de generación, la noticia no es por ello menos preocupante.

El retiro de los inversionistas privados no sería grave si el Estado tuviera la plata para capitalizar y hacer las inversiones que las electrificadoras requieren, pero no la tiene. Por eso la propuesta del gobierno consiste en modificar el componente de la tarifa que se destina a remunerar el servicio de distribución de energía de forma que las empresas puedan obtener una rentabilidad acorde con las actuales condiciones del país y del mercado. Es algo que de todas maneras se habría tenido que hacer, por ley, el primero de enero de 2003. No obstante los técnicos del gobierno consideraron que para entonces podría ser demasiado tarde.

De aprobarse este reajuste habría incremento en la tarifa cercano al 8 por ciento, en promedio. Si fuera sólo eso, se vería moderado. El problema es que el aumento podría ser mayor si, como predicen ya los meteorólogos, llega el 'Fenómeno del Niño' entre este año y el próximo, pues en las sequías toca echar mano de la generación térmica, que es más cara. Si a esto se suman los sobrecostos por la voladura de torres de transmisión no queda duda de que el sector eléctrico está en una encrucijada muy compleja. Frente a ella no hay soluciones mágicas pues la plata tiene que salir de algún lado (así sea de los impuestos). Lo importante es que las decisiones se tomen con un criterio técnico y con mucho tino para no desbordar la capacidad de pago de los usuarios, pero tampoco dejar reventar financieramente las empresas del sector.