Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 1994/10/10 00:00

EN LA MIRA

Por cuenta de tensiones sin asidero real, el gobierno y el Banco de la República le suben la temperatura a un debate por ahora innecesario.

EN LA MIRA

PARECIA EL SEGUNDO asalto de un combate, en teoría, inexistente. Mientras los supuestos contendores se apresuraban a negar cualquier tipo de conflicto, sus seguidores se encargaban de dar la pelea por ellos. En una esquina se ubicaron los defensores del Banco de la República, tal como fue concebido en la Constitución de 1991 (ver sección Documento), y en la otra los amigos del gobierno, partidarios de un mayor margen de maniobra por parte del ejecutivo.

La escaramuza fue la continuación de un debate que se había iniciado en la Comisión Tercera del Senado, cuando quedaron en evidencia ciertas diferencias conceptuales entre el ministro de Hacienda, Guillermo Perry, y algunos de sus colegas en el Banco de la República, sobre el manejo de la economía. Estas respondían a la supuesta inconsistencia entre las promesas electorales del gobierno, que implicarían mayores niveles de gasto, y la meta de lograr una menor inflación, acorde con lo expresado en el artículo 373 de la Constitución que obliga al banco a defender el poder adquisitivo de la moneda.

El primer jab del encuentro siguiente lo había lanzado el ex ministro Roberto Junguito, uno de los siete miembros de la Junta Directiva del Banco Emisor, durante una exposición en la Cámara de Comercio de Bogotá, en la cual, hablando sobre los riesgos potenciales que podría traer la política económica de la nueva administración, sostuvo que es posible "que buscando compatibilizar su política económica con el banco, proceda a estimular una reforma constitucional, ya sea para reducir la autonomía del banco o para ampliarse mandato". La riposta provino del columnista D'Artagnan, cuando en su columna del miércoles 7 afirmó que "otro de los grandes yerros de la Constituyente es el de haber acabado con la Junta Monetaria, sustituyéndose por un cuerpo con autonomía administrativa, patrimonial y técnica propios y, en cierta forma, como una rueda suelta del gobierno central". Para el articulista de El Tiempo, ha llegado el momento de levantar esa especie de talanquera, mediante una reforma de la estructura y las funciones de la Junta del Banco de la República. "Y embarcarse en una reforma de semejante envergadura implicaría hacerlo ya y no más tarde", agregó el columnista.

Lo irónico de todo esto es que ocurre en momentos en que las relaciones entre los miembros de la Junta y su presidente el Ministro de Hacienda pasan por una etapa de gran cordialidad. A diferencia de lo que normalmente sucede en los países que tienen un sistema similar, en Colombia se está llegando a un extremo en el cual las contradicciones se ventilan en público y las coincidencias en privado. Tal como le dijo a SEMANA uno de los directores del banco, María Mercedes de Martínez, "están creando un lío que no existe". Por su parte, el gerente de la entidad, Miguel Urrutia, sostuvo que "no hay diferencias" con el ministro Perry debido a que "el gobierno está cumpliendo las metas acordadas". Otros miembros de la Junta se pronunciaron en términos similares.

Si esa es la realidad, ¿a qué se debe todo el escándalo? Por una parte a temores que por el momento son totalmente hipotéticos. La administración porque cree que el banco no le va a dejar espacio para aumentar el presupuesto y cumplir con su programa de gobierno. El Emisor porque teme que frente a tantos compromisos, Perry sea incapaz de aguantar las presiones y prefiera aumentar el gasto público por encima de los niveles recomendados.

Fue quizás esa preocupación la que llevó a Roberto Junguito a pronunciarse con algo de imprudencia sobre una posibilidad que, por ahora, no tiene ningún asidero real. Al hablar de esa manera, Junguito acabó rompiendo una especie de código no escrito que dice que los directores de los bancos centrales hablan poco, si es que hablan. Y si lo hacen no se refieren al futuro, sino al presente o al pasado.

Además, la evidencia disponible hasta ahora no constituye motivo de alarma. El Ministerio de Hacienda se ha comprometido con las metas fiscales fijadas entre la administración pasada y el banco para 1994. Así quedó demostrado la semana pasada cuando los mayores recursos que se le otorgaron a la red de solidaridad y demás compromisos, salieron de recortes en otras áreas.

De manera que al final de la semana la calma estaba retornando. No obstante, el gobierno ha sido claro en que, aunque no piensa reformar la Constitución, deja abierta la puerta de una nueva ley que precise con más claridad los límites de la Junta del banco y los del gobierno en el manejo de la política económica y particularmente en el tema cambiario.

Esa eventualidad equivale a mostrar el garrote, por parte de una administración que, al parecer, quiere hacer las cosas a las buenas. Tal como le dijo a SEMANA el presidente de la República, Ernesto Samper: "el gobierno no considera conveniente una modificación del régimen constitucional del Banco de la República. La autonomía de la Junta del banco como autoridad monetaria, constituyó un gran paso adelante en la modernización institucional del país. La Constitución de 1991 acertó también al disponer que el banco debe ejercer sus funciones 'en coordinación con la política económica'. El gobierno aspira a que esa coordinación pueda lograrse sin acudir a modificaciones legales".
Y ojalá así sea. Al fin de cuentas, no parecería lógico cambiar un mecanismo que lleve apenas tres años de existencia, cuyos resultados son alentadores y que se conformó bajo aquel principio que dice que siete cabezas piensan más que una.

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