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Impregilo es la empresa italiana que lidera el consorcio ganador. Las obras del tercer tramo deberán empezar en un año.

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Después de casi tres años por fin quedó adjudicada en su totalidad la Ruta del Sol, el proyecto de infraestructura vial más grande del país, que promete acortar el tiempo entre Bogotá y la costa. Sin embargo, el camino todavía no está despejado.

24 de julio de 2010

El presidente Álvaro Uribe no pudo inaugurar ninguna gran obra vial, pero sí será recordado como el que dejó adjudicado uno de los proyectos más ambiciosos del país: la Ruta del Sol.

El jueves pasado, luego de una maratónica sesión de 20 horas, un consorcio colombo italiano se hizo a la construcción del tercer sector de esta importante vía: 464 kilómetros de carretera para unir las localidades de San Roque, Ciénaga, Carmen de Bolívar y Valledupar, con una inversión de 1.200 millones de dólares. Es el último tramo de esta importante vía que va a comunicar el centro del país con la costa atlántica. (Lea "El proyecto completo"). 

Yuma fue el consorcio ganador y está compuesto por las empresas Impregilo, Fondo de Capital Privado RDS, Infracol, Technivial y Grodco. Se trata de compañías serias, que han adelantado grandes proyectos viales en el país y en el exterior. Impregilo ya realizó en Colombia los embalses de Betania y San Rafael y ahora mismo está desarrollando el proyecto de generación de energía Hidrosogamoso. La compañía italiana también opera vías en Brasil, Argentina, Chile, Reino Unido e Italia.

Obviamente, no podía faltar la polémica. A última hora, la Procuraduría se apartó del proceso y anunció que iniciaría una investigación disciplinaria. El procurador, Alejandro Ordóñez, aseguró que lo ocurrido en ese proceso "genera tristeza, desazón y estupefacción. Es un pésimo precedente". La reacción del ente de control se debe a que ni el ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, ni el director del Inco, Julio César Arango, acataron algunas observaciones del Ministerio Público. Se trataba de asuntos jurídicos como los requisitos que habilitaban a los proponentes y la cuantificación de los riesgos previsibles en la obra, entre otros.

El pronunciamiento de la Procu-raduría le puso un manto de duda a la adjudicación. Ese es ahora el problema. Si esa entidad toma alguna decisión contra los funcionarios que adjudicaron, se podría abrir la puerta a nuevos pleitos pues los otros consorcios tendrían excusas para reclamar al Estado. Así que no es un tema menor.

Por un lado está el Procurador, que deja en el aire -a priori y sin que se hayan iniciado oficialmente las averiguaciones disciplinarias- la idea de que esta adjudicación fue irregular; y por el otro lado está un gobierno que quiso adjudicar a pesar de las advertencias del ente de control, porque, como lo ha dicho el presidente Uribe, quiere gobernar hasta el último día.

Ojalá el Ministerio Público resuelva rápido el entuerto, para que este ambicioso proyecto, que el país lleva esperando por décadas, pueda continuar su marcha tranquila.