Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2007/04/21 00:00

¿En vías de desarrollo?

Colombia va a invertir 34.000 millones de dólares en obras públicas en los próximos cuatro años, la cifra más alta en toda la historia. ¿Esta listo el país para gastar bien todo ese dinero?

La ampliación de las concesiones portuarias vale 500 millones de dólares. Además deberán quedar listas obras tan importantes como la carretera Bogotá-la Costa, con una inversión por 2.500 millones de dólares

El país está a punto de aprobar en el Congreso de la República el presupuesto de inversión en infraestructura más grande de la historia de la construcción de obras civiles en Colombia: 34.000 millones de dólares, cerca de 75 billones de pesos, un dinero equivalente a la fortuna del cuarto hombre más rico del mundo. Estos dineros serán aplicados a los principales proyectos de infraestructura durante los cuatro años del segundo gobierno del presidente Álvaro Uribe, según lo define el Plan de Desarrollo que está apunto de iniciar su último debate en el Legislativo.

Las cifras son astronómicas. Sólo la famosa Ruta del Sol, que será la carretera entre Bogotá y la Costa Atlántica (el reemplazo del frustrado proyecto Commsa), necesita 2.500 millones de dólares. En el listado también están los puertos, más TransMilenios, hidrovías, la venta de acciones de Ecopetrol, concesiones aeroportuarias y, por supuesto, muchas carreteras (ver recuadro).

En esta tarea, el sector privado tendrá mucho que ver, pues será el responsable de poner casi la mitad de esos recursos, al menos 35 billones de pesos (unos 15.000 millones de dólares), a través de procesos de concesión. Por eso, en los últimos meses, representantes de un gran grupo de inversionistas internacionales han venido al país indagando sobre el tema.

Gente del grupo Benetton, reconocido por su marca de ropa y accesorios y que en Italia es el principal administrador de concesiones viales, vino a Colombia porque quiere incursionar en la construcción de carreteras. Próximamente vendrán representantes de la compañía Auto Strada, firma encargada de la inversión en obras de transporte de ese conglomerado. Por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), gremio que reúne los constructores nacionales, también han desfilado representantes de compañías tan importantes como Avertis, de España; Consorcio Cooperative Construzzioni de Italia; DE International, de Alemania, la banca de inversión Goldman Sachs, y hasta representantes del gremio industrial más grande de Francia, Medef. Hasta Standard & Poor's, la firma calificadora más importante del mundo, visitó el país y analizó de qué manera se debe incorporar la infraestructura al análisis de riesgo de Colombia. Y los fondos de pensiones anunciaron recientemente que quieren meter en su portafolio proyectos civiles.

Todo esto es una buena noticia, porque nadie pone en duda que el país sufre de un considerable atraso en infraestructura. Sin embargo, hay interrogantes sobre las condiciones en que se asignarán estos recursos y cuál será la prioridad de las inversiones, para evitar problemas, por ejemplo, de contratación o estructuración de los proyectos, que terminen llevando al fracaso las iniciativas.

Los retos

Para el presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo, es claro que el país pasa por su primer buen cuarto de hora de este siglo y ahora el reto es definir las prioridades. Por eso el panorama parece claro, aunque los interrogantes cambiaron. Hoy, el problema no es, como antes, la falta de plata. Por el contrario, el interés en Colombia es creciente y eso se expresa con mucho cariño: millones de dólares en inversión que llegan al país.

Pero en el caso de la infraestructura, entre el sector privado genera mucha desconfianza la enorme incertidumbre que hay en las instituciones encargadas de la inversión en obras, como el Instituto Colombiano de Concesiones (Inco), que ha tenido tres directores en los últimos meses, algo similar ocurrió en el Invías. Además, hay preocupación por la manera como se resuelven los procesos de contratación, pues la norma es que siempre haya ruido. Por ejemplo, sólo hace una semana, la audiencia de adjudicación para las obras de la red vial del área metropolitana de Cúcuta, un negocio que vale 180.000 millones de pesos, fue suspendida cuando el alcalde de la ciudad, Ramiro Suárez Corzo, denunció falta de transparencia en la adjudicación. Suárez se molestó cuando dos consorcios fueron descalificados por razones técnicas y económicas y aseguró que no permitirá la implantación de peajes en las vías de su ciudad. El zar Anticorrupción, Rodrigo Lara, pidió de inmediato a la Procuraduría que investigara si el Alcalde tiene algún conflicto de intereses en ese proceso licitatorio. Este es apenas un ingrediente.

Según el presidente de la CCI, existen otros elementos que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, "los organismos internacionales miran siempre que los proyectos estén bien estructurados". Una mala estructuración deriva en pleitos jurídicos y demoras en las obras, tal como ocurrió con Commsa, la vía al Llano y, en general, la primera generación de concesiones.

Para resolver el asunto, la CCI está proponiendo la creación de una comisión de regulación en infraestructura, que sería un órgano autónomo para blindar técnicamente las decisiones de esos sectores.

Es una muy buena noticia que el plan de infraestructura para los próximos cuatro años sea realmente agresivo y que en ello desmpeñe un papel fundamental el sector privado. Sin embargo, si no se toman medidas para evitar los problemas de siempre en la contratación, habrá muchos obstáculos en el camino para cumplir este enorme presupuesto. Este es un lujo que el país no se puede dar hoy, porque ya está al borde de la crisis por el atraso en infraestructura y el aumento en el comercio exterior. Realmente son urgentes buenas obras.

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