En vilo

La politica petrolera del gobierno Pastrana se puede describir como un gran acierto económico acompañado de un grave descuido jurídico. Los incentivos que se establecieron para estimular la búsqueda de crudo han mostrado ser muy efectivos pero están en riesgo de perder su validez legal mientras el Congreso se toma su tiempo para estudiar y aprobar por tercera vez la ley de regalías.

La historia empezó hace poco más de tres años, cuando el entonces ministro de Minas Luis Carlos Valenzuela propuso modificar el esquema de las regalías que pagan las empresas por extraer hidrocarburos. Colombia había dejado de ser atractiva para los inversionistas del sector y la actividad de exploración de petróleo estaba en franco declive. El cambio en las regalías buscaba hacer más rentable la actividad para así estimular la búsqueda de nuevos yacimientos.

Con el nuevo esquema los campos petroleros que se descubrieran en el país ya no tendrían que pagar al Estado una regalía de 20 por ciento sobre el valor de la producción, como los actuales, sino que tendrían una tasa variable según el tamaño del yacimiento. Los campos pequeños (de menos de 5.000 barriles diarios) pagarían una regalía de 5 por ciento. Esta tasa aumentaría gradualmente para campos progresivamente más grandes, hasta alcanzar el 25 por ciento para aquellos de más de 600.000 barriles diarios.

La lógica del nuevo esquema es sencilla: es mejor cobrar una tasa de regalía más baja sobre una base amplia que una tarifa muy alta sobre cero o sobre una producción muy baja. La regalía variable además estimula a las compañías a explotar los campos pequeños y medianos, que de otra forma no serían rentables. Esto último es muy importante dado que en el país abundan, precisamente, los prospectos petroleros de tamaño mediano.

Después de un largo debate el cambio en las regalías finalmente se introdujo en la ley del plan de desarrollo, el cual se aprobó el 29 de junio de 1999. El nuevo esquema, junto con otras medidas complementarias, implicaron una reforma de fondo en las reglas de juego de la industria petrolera que transformó el panorama del sector.

La reactivacion

La política de las regalías variables se tradujo en resultados concretos. Mientras que en 1999 sólo se firmó un contrato de exploración petrolera al año siguiente hubo una avalancha de inversionistas interesados en buscar crudo en Colombia. Así, en 2000, se firmaron 32 nuevos contratos de exploración y en 2001 otros 28. También se incrementó el número de pozos perforados con fines exploratorios, que es otro indicador importante de la actividad petrolera.

Con este auge en la búsqueda de crudo el sector empezó a recuperar parte del terreno perdido durante la década de los 90. La exploración alcanzó su máximo nivel en los años 80, época en que se hallaron grandes yacimientos, como Caño Limón y Cusiana, pero después la actividad empezó a frenarse.

Lo preocupante de todo esto es que Colombia lleva 10 años viendo disminuir sus reservas de crudo pues no ha habido hallazgos importantes recientemente. Por eso la reactivación de la actividad exploratoria de los últimos dos años es, sin duda, una buena noticia. Cuanta más gente haya buscando petróleo es más probable que se descubran nuevos yacimientos que le permitan al país incrementar sus reservas.

La buena noticia, sin embargo, no duró mucho. Las regalías variables, que probaron ser tan efectivas para incentivar la exploración, empezaron a sufrir toda suerte de tropiezos jurídicos. Para los empresarios de la industria petrolera la estabilidad de las nuevas reglas de juego ha sido toda una historia de suspenso por cuenta de la falta de rigor del gobierno Pastrana en materia de trámites legislativos.

El viacrucis

El 26 de mayo de 2000, casi un año después de haber sido promulgado el plan de desarrollo que contenía el esquema de regalías variables, la Corte Constitucional lo tumbó por vicios de forma. Ese mismo día el gobierno revivió el plan por medio de un decreto y de inmediato se dio a la tarea de tramitar en el Congreso una nueva ley (la 619) para restablecer las regalías variables por la vía legislativa.

El 20 de octubre siguiente la Corte declaró inconstitucional el decreto mediante el cual el gobierno había restablecido el plan de desarrollo. Pero justo ese día el Congreso terminó de tramitar la Ley 619, de manera que las regalías variables quedaron en pie. El asunto pareció entonces definitivamente resuelto, aunque no por mucho tiempo.

Meses después, el 11 de julio de 2001, la Corte Constitucional tumbó la Ley 619, que restablecía las regalías variables. Lo hizo nuevamente por vicios de forma, pues durante su trámite no se cumplieron debidamente todos los pasos que se requieren para aprobar las leyes en el Congreso. No obstante, para evitar que este limbo jurídico paralizara la industria petrolera, la Corte determinó que la Ley 619 seguiría vigente por un plazo limitado mientras se tramitaba en el Congreso una nueva ley para reemplazarla.

Este plazo se vence el próximo 20 de junio y el suspenso sigue. El Congreso tiene a su consideración por tercera vez las famosas regalías variables. El proyecto ya fue aprobado por las comisiones de Senado y Cámara y ahora faltan los debates en las plenarias. La urgencia del gobierno se debe a que este no es un tema que se pueda dejar para la próxima legislatura. Pasado el 20 de junio, si no se aprueba esta ley en el Congreso, se caerían unas reglas de juego que están vigentes hace tres años y quedarían en el limbo los 51 contratos de exploración que se han firmado desde entonces.

La demora en la aprobación del proyecto tiene preocupados no sólo a los empresarios sino también a los gobiernos saliente y entrante. La única forma de encontrar petróleo es buscándolo. Y como están las cosas, si no hay hallazgos importantes de crudo en los próximos años, Colombia no sólo vería caer sus exportaciones de crudo sino que se vería obligada a importarlo a mediados de la presente década. Para ilustrar las dramáticas consecuencias económicas que esto tendría para el país basta con tener en cuenta dos datos. En 2001 el petróleo le generó al país el 23 por ciento de los ingresos fiscales y el 28 por ciento de las exportaciones.