Entre la espada y la pared

La semana pasada, los grises nubarrones siguieron dominando el firmamento del mercado bursátil y del sistema financiero en general. No sólo se confirmó el retiro, después de una serie de presiones del gobierno, de tres firmas más de la Bolsa de Bogotá, sino que la empresa Cofinza Ltda., de propiedad de Jorge Pombo Jiménez, entidad dedicada a captar ilegalmente dinero del público --en especial dólares-- se quebró estafando a cientos de ahorradores en más de mil millones de pesos.
El retiro de la bolsa de las firmas comisionistas Asdac Bursátil, de Pablo Salazar; Acobolsa S.A., de Mario Seade, y Octavio Gallo y Cía. no resultó sorprendente. Estas compañías, al igual que algunas más de la bolsa sospechosas de estar negociando con dólares, habían recibido una visita de inspección por parte de la Superintendencia de Control de Cambios a fines de julio. A las tres se les comprobó que estaban dedicadas a transar con divisas, lo que motivó la intervención del ministro de Desarrollo, Carlos Arturo Marulanda, quien se comunicó con el presidente de la bolsa, Carlos del Castillo, y le hizo saber que el gobierno deseaba ver por fuera de la entidad a las tres compañías. Es claro que ninguna de las tres se mantenía por cuenta de sus negocios bursátiles. A juzgar por lo que ganaron en comisiones en 1987 (Acobolsa, $49 millones; Asdac, $29 millones y Octavio Gallo, $3 millones) es evidente que tenían que estar dedicadas a algún negocio paralelo que justificara mejor que los asuntos bursátiles, lo que cuesta tener y mantener un puesto de bolsa.
Pero más allá de esta salida anunciada de las tres corredoras --que aumentaron a ocho el total de retiros de este año, sobre un total de 33 que había en 1987--, la semana pasada quedó planteado un enfrentamiento entre el gobierno y la Bolsa de Bogotá, relacionado con las políticas que se deben aplicar por parte de las autoridades para controlar los excesos y las irregularidades que se volvieron cotidianas en la actividad de bolsa. SEMANA consultó con distintas fuentes en los ministerios de Hacienda y Desarrollo, en las Superintendencias Bancaria y de Sociedades y en la Comisión Nacional de Valores, pudiendo establecer la estrategia del gobierno en este asunto. Según un alto funcionario, "lo que le hemos solicitado a la Bolsa de Bogotá es que, como primer paso, se purgue; como segundo paso, que se autorregule y, finalmente, que los comisionistas decidan a qué se van a dedicar: a ser intermediarios de valores o a ser intermediarios de dinero". O mejor dicho, que decidan si van a entregarse al mercado bursátil o si prefieren captar dinero del público.
Todo indica que las directivas de la Bolsa de Bogotá han pretendido justificar la búsqueda de actividades paralelas como la captación, por parte de algunos comisionistas, alegando que la intermediación de valores no reporta suficientes utilidades y por ello es necesario redondear los ingresos captando dinero. "El gobierno no acepta ese argumento", dijo a SEMANA otro vocero gubernamental. Pero la cosa no para ahí: en más de una oportunidad, funcionarios consultados la semana pasada para este artículo, mencionaron la posibilidad de intervenir frontalmente la Bolsa de Bogotá y hasta de nacionalizarla. Aunque todos aceptan que ésta sería una medida extrema en caso de que las gestiones actuales fracasen, lo cierto es que esa carta ya hace parte de la baraja con la que el gobierno está jugando esta partida.

Las medidas
Pero antes de jugarse esa carta, el gobierno está preparando un paquete de medidas de control bursátil, que deberán entrar en vigencia antes de un mes. Se trata básicamente de tres decisiones: crear un Depósito Centralizado de Títulos Valores, dictar un Código de Etica Profesional para los comisionistas y establecer un régimen de incompatibilidades. Sobre los dos primeros puntos, hay acuerdo entre la bolsa y el gobierno: el código de ética no produce resistencias y el depósito centralizado se considera una necesidad para evitar la manipulación de los títulos y para lograr un mayor nivel de confiabilidad en el mercado.
El tercer punto es la piedra de la discordia: el régimen de incompatibilidades se encamina a establecer que quien se dedique a la actividad de comisionista de bolsa, no podrá ser socio o propietario --inclusive por interpuesta persona o familiar-- de empresas que se dediquen a captar dinero. "Llegamos a esta conclusión --dijo a SEMANA una fuente gubernamental-- después de ver cómo, en la mayoría de los casos-problema en la bolsa, había detrás una empresa paralela a la del comisionista, dedicada a captar". El comisionista tendrá vedado ser titular de acciones en sociedades fiduciarias, compañías de financiamiento comercial, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, bancos, aseguradoras, capitalizadoras, administradoras de fondos de inversión, factoring, leasing, mesas de dinero y casas de cambio.
En el marco de este régimen de incompatibilidades, se está pensando en crear mecanismos para evitar que se realicen operaciones cruzadas, o sea aquellas en las que el comisionista tiene ambas partes del negocio: comprador y vendedor. Así mismo, se obligará al comisionista a entregar el título físico y no sólo una papeleta registrando la transacción al inversionista comprador, o sea, al hombre de la calle que compra un título a través de un comisionista. Además, se impondrá una norma que obligue a los comisionistas a constituir garantías de cumplimiento frente a los clientes, con el propósito de que el corredor cuente con la suficiente capacidad económica para responder por los montos transados a nombre de terceros. En este orden de ideas, se exigirá la capitalización de las firmas comisionistas, ya que los actuales montos del capital de esas empresas ($2 millones para sociedades colectivas y $10 millones para las anónimas) son demasiado pequeños y no se compadecen con los volúmenes de los negocios.
Parte importante de la nueva estrategia del gobierno es afinar la puntería de las Superintendencias Bancaria y de Sociedades en lo que tiene que ver con el control de las firmas comisionistas. Se trata de estrechar el cerco contra las actividades paralelas de los corredores. "Vamos a ser como perros guardianes --dijo un alto funcionario a SEMANA--, porque como decía el profesor Parkinson refiriéndose a la ley de Murphy, `lo que puede fallar, falla', o para aplicarlo a las finanzas, `lo que se pueden robar, se lo roban', y un nuevo escándalo la bolsa no lo resiste".
Pero todo esto, como es obvio, no le resulta del todo halagador a los corredores ni a la administración de la bolsa. Un exceso de intervencionismo estatal, un exceso de regulaciones, puede determinar límites demasiado estrechos para la actividad bursátil, con efectos contraproducentes como la sofisticación de las maniobras para burlar los controles. Además, aparte de regular, lo que muchos esperan es que el gobierno llegue más lejos en su política de reactivar la sociedad anónima y con ella, el mercado de acciones, que ha venido decayendo en forma sostenida a lo largo de la historia de la bolsa (ver cuadro). La pregunta es, ¿cuántos comisionistas podrán sobrevivir en el nuevo mundo bursátil que surja de las medidas que se están estudiando? Si es cierto que el que se gana menos de 50 millones de pesos en comisiones al año no está justificando su puesto de bolsa y, por ende, debe tener algún negocio paralelo de esos que el gobierno ahora va a prohibirles, entonces de los 24 comisionistas que han salido hasta ahora ilesos del terremoto de este año, es muy posible que haya unos 10 más que tendrán que escoger entre el retiro o una operación a pérdida en espera de mejores tiempos. La pelea por el régimen de incompatibilidades está cazada y el ganador debe conocerse en las próximas semanas.--