Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 1994/09/19 00:00

ENTRE SAMPER Y SAN ISIDRO

Con la esperanza de ponerle coto a la crisis del campo el gobierno lanza un ambicioso paquete de medidas.

ENTRE SAMPER Y SAN ISIDRO

El nuevo gobierno parece haber llegado con grandes ímpetus. En la primera semana de labores le presentó al país el llamado "salto social" y en la segunda lanzó el "Plan para la recuperación del campo" con el que se busca aliviar las cargas de uno de los sectores más seriamente afectados con el proceso de apertura del gobierno anterior. En su sesión de la semana pasada, el Conpes aprobó un paquete de medidas que comprende programas de generación de empleo rural, de adecuación de tierras, la creación de un Fondo Agropecuario de Garantías y un programa de acuerdo entre los industriales y los productores agrícolas para establecer mecanismos de compra de las cosechas a precios que garanticen unos niveles mínimos de rentabilidad.
Esta última es quizá la medida más importante del paquete. Consiste en establecer una mesa de negociaciones, coordinada por el Ministerio de Agricultura, donde los agricultores y los industriales tendrán que acordar los precios de compra de productos estratégicos como el trigo, el maíz, el sorgo, la soya, la cebada y el aceite de palma africana. El arroz fue el único caso en que se acordó un aumento de aranceles del 20 al 30 por ciento.
El plazo establecido para las negociaciones es de 15 días y durante ese período el gobierno controlará las importaciones de esos productos al someter la aprobación de licencias a la obtención de un visto bueno previo por parte del Ministerio de Agricultura.
En caso de que no se logren los acuerdos entre los productores agrícolas y los industriales dentro del término establecido, se tendrá que recurrir a un alza en los aranceles de esos seis productos. Ese es el punto crítico del programa. Aunque el alza no sería dc las dimensiones que se especuló la semana pasada, es de todas maneras importante. Y lo cierto es que si bien nadie duda que el agro sí necesita ser revitalizado, la herramienta que se piensa utilizar despierta algunos interrogantes. Un alza de aranceles agrícolas presenta problemas de tres órdenes: legal, inflacionario y de comercio exterior.
El problema legal consiste en que la ley marco de comercio exterior establece que los productos agropecuarios están sujetos a un sistema de franjas de precios, que se establece semestralmente. Bajo este sistema se fijan unas normas para determinar el precio piso y el precio techo de la franja. De igual manera la norma es clara en cuanto al procedimiento quincenal para establecer el precio oficial de referencia para cada uno de los productos incluidos en el sistema. La posición del precio oficial de referencia sobre la franja determina el nivel de protección arancelaria. Este sistema legalmente definido no le permite al gobierno ajustar a su arbitrio el nivel de protección, sobre todo cuando se está buscando firmar convenios regionales de estandarización de las franjas de precios.
El incremento de aranceles también es inflacionario en la medida en que los industriales tienen que adquirir el producto a cualquier precio puesto que es un insumo básico de su proceso productivo. Por ejemplo, los fabricantes de alimentos concentrados tendrán que adquirir la soya o el maíz al precio que resulte después de gravarlos con cualquier arancel. Ese mayor costo se lo trasladan a su cliente -el criador de pollos- quien a su vez hace lo mismo con los suyos. Así se genera una cadena de aumentos donde quien termina pagando indefectiblemente es el consumidor final.
Adicionalmente, un aumento de aranceles en el ejemplo arriba mencionado perjudicaría aun más a los productores de pollo y huevo, toda vez que al aumentarse sus costos de producción en relación con los de Venezuela y Ecuador, incrementaría las importaciones de esos productos al país.
Por último ese tipo de medidas también tendrían efectos en las relaciones comerciales internacionales. El marco de acción de la economía colombiana está cada vez más determinado por los acuerdos comerciales. De ahí que un alza arancelaria no esté exenta del riesgo de retaliación por parte de los países productores de esos bienes. Lo ocurrido hace un año, con las importaciones de maíz de Estados Unidos es un ejemplo ilustrativo. El gobierno, a través del ICA, prohibió la importación del grano por el riesgo de un hongo llamado mildeo belloso. El objeto de la medida, al igual que la de este año, era el de forzar la adquisición de la cosecha nacional de sorgo por parte de la industria de alimentos balanceados, o al menos así lo percibió el gremio importador. Un mes más tarde el gobierno de Estados Unidos le notificó extraoficialmente al colombiano que esa norma sanitaria podría desencadenar una batalla comercial, puesto que las flores colombianas presentaban tres o cuatro tipos de hongos que no se conocían en Estados Unidos. Naturalmente la restricción del mildeo belloso fue levantada.
La solución a la crisis agropecuaria en Colombia es, sin duda, la concertación. Pero tal vez por una avenida distinta a la planteada por el gobierno. Un buen ejemplo de concertación es el Convenio de Absorción de Trigo entre la Federación de Molineros de Colombia, Fedemol, y la Federación Nacional de Cerealistas, Fenalce, celebrado con el aval del Ministerio de Agricultura en 1992, al que adhirió la Asociación de Molineros de Colombia, Asmoltrigo. Mediante este convenio los molineros se comprometieron a adquirir la totalidad de la cosecha nacional de trigo que se produce en Boyacá y Nariño a un precio concertado y a hacer un aporte voluntario a un fondo de reconversión agrícola que anualmente percibe cerca de 960 millones de pesos. Dos entidades creadas para adquirir el grano, Trigonal y Contrigo, le certifican al Ministerio de Agricultura la absorción de la cosecha por parte de cada empresa molinera. El Ministerio, a su vez, impone el visto bueno a los registros de importación una vez recibe la certificación antes mencionada y el aporte voluntario al fondo de reconversión.
Lo que es claro es que la industria tendrá que poner su grano de arena en la solución de la difícil situación del agro antes de que el gobierno se vea obligado a tomar medidas -que aunque poco lógicas- los perjudicaría a ellos más que a nadie.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.