ESPERANDO EL MILAGRO

El tiempo se está agotando. Si antes de terminar el año, el equipo económico del gobierno no logra convencer a los banqueros internacionales de otorgarle al país un paquete de créditos por 1.800 millones de dólares, habrá que darle entierro de tercera a la era de las refinanciaciones--que comenzó a principios de la decada, cuando estalló la crisis mundial de la deuda--y afrontar con estoicismo una nueva etapa: la de las restructuraciones, reprogramaciones o renegociaciones, según como se prefiera llamarlas.

A lo largo de este año, muchas voces se han alzado para pedirle al gobierno que no espere más y que suspenda los pagos para presionar una renegociación de la deuda pública con la banca comercial extranjera. Desde la oposición social conservadora, el ex presidente Misael Pastrana y ex ministros como Rodrigo Marín, han sostenido que esa renegociación es inevitable y que entre más tarde se plantee, peores condiciones se van a obtener.

Pero sólo en el segundo semestre de este año, cuando los miembros del equipo económico comenzaron a tener claro que se estaban tropezando con sólidos obstáculos al tratar de avanzar en la consecución de los nuevos préstamos, sus declaraciones empezaron a admitir la posibilidad de que la deuda se renegociara. Hoy, a sólo cinco semanas de concluir el año y teniendo en cuenta que a principios del próximo deberían iniciarse los desembolsos del nuevo paquete de créditos, buena parte de esos obstáculos permanecen inamovibles y las posibilidades de que haya que pedir una restructuración crecen minuto a minuto.

Sin embargo, el hecho de que resulte cada vez más probable el tener que escoger ese camino, no quiere decir que se trate de un lecho de rosas. Abandonar la practica de la refinanciación (consistente en obtener créditos como el Jumbo, el Concorde y el que ahora se estaba solicitando, en buena parte para poder pagar las cuotas de amortización de lo que ya se debía) deja de todos modos un mal sabor en la boca. Como dijera a SEMANA el presidente de la Asociación Bancaria, Carlos Caballero Argáez, "hemos hecho un esfuerzo demasiado grande como para echarlo ahora por el abismo". Hasta ahora, Colombia había podido refinanciar su deuda como un hecho excepcional en el contexto latinoamericano. El país se comportó siempre como el niño juicioso de la clase, que cumplía las tareas impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y de paso pagaba puntualmente las cuotas. A cambio de ello, estaba logrando esos nuevos préstamos. Para el periodo 1989-1990, esos dineros se volvieron mucho más necesarios. En esos dos años, se va a alcanzar el pico del perfil de las amortizaciones (ver cuadro) y si no hay dólares frescos, el país puede verse abocado a una crisis en su sector externo. Por eso es que para evitar esta situación, sería imperioso suspender los pagos y obligar a los acreedores a una renegociación, dentro de la cual habría que pactar un periodo de gracia durante el cual no hubiera que amortizar, y una prolongación de los plazos por unos cuantos años más.

Esto suena bastante bien: no habría que pagar en los años "pico" y aunque los intereses subirían, las cuotas serían más bajas por quedar distribuidas en un periodo más largo. A pesar de lo anterior, se trata de una melodía con muchos bemoles. Para empezar, Colombia no es un gran deudor y por lo tanto no es mucho lo que puede presionar. A diferencia de Brasil, que debe 100 mil millones de dólares y a cuyo caso se aplica bastante bien la frase atribuida a Keynes y según la cual "si debes cien mil dólares estás en manos del banco, pero si debes cien millones, el banco está en tus manos", Colombia con una deuda total de apenas 15 mil millones de dólares, no está en capacidad de asustar a los banqueros con la eventualidad de una moratoria. "Somos demasiado chiquitos para una buena renegociación", explicó a SEMANA un funcionario gubernamental. Esto implicaría negociar una restructuración en situación de desventaja, como ya le sucedió a Venezuela que, a diferencia de Brasil, no consiguió un periodo de gracia.

Aparte de estos problemas, renegociar conlleva otras desventajas. Si se logran dos, tres o cuatro años de gracia, efectivamente va a haber un alivio para aquellas entidades públicas que podrían aplazar el pago de sus amortizaciones. Esto no sería tan buen negocio para aquellas que están atravesando un buen momento y que podrían cumplir con su parte de las cuotas. También sería malo para la Nación, que cuando refinancia y consigue dineros frescos, puede distribuirlos preferencialmente hacia aquellas entidades que tienen dificultades, en vez de tener que aceptar, con la restructuración, que todas se beneficien por igual con el periodo de gracia y la prolongación de plazos, a pesar de no estar todas en la misma situación. En resumidas cuentas, renegociar reduce el margen de maniobra de la Nación para darle más oxígeno a las entidades que más lo necesitan, y menos a las que menos les hace falta. Pensando en esto, el mismo gobierno presentó un proyecto de facultades al Congreso, que le permite manipular más fácilmente los superávit de las entidades que atraviesen periodos de vacas gordas, y destinarlos, por ejemplo, a la tan afectada inversión social, la hermana siempre pobre del presupuesto.

En fin, todavía quedan algunas semanas antes de que se tenga que aceptar que ya no hay remedio. Los miembros del equipo económico le tendrán que prender algunas velitas a la Virgen para ver si les hace el milagrito de evitar que, por no haberse conseguido el nuevo paquete de créditos, haya que salir a buscar una renegociación. Para esa eventualidad, algunos funcionarios del Ministerio de Hacienda ya se han estado entrenando, visitando países como México y Venezuela, que ya vivieron--con resultados desiguales-- la experiencia de renegociar. Pase lo que pase, hay que estar preparados para lo peor.--