“Esta es una discusión entre empresarios”

SEMANA: ¿Cuáles son las consecuencias de otorgar licencia obligatoria para el medicamento de Novartis?

GUSTAVO MORALES: Teniendo en cuenta que el ministerio basa su inminente decisión solo en consideraciones de precio, todas las patentes existentes entrarían en estado de incertidumbre. Será muy difícil que los productos innovadores, de mayor impacto en la salud, lleguen a Colombia, pues las empresas farmacéuticas no se sentirán adecuadamente protegidas.

SEMANA: ¿Por qué dicen que es una señal inoportuna?

G.M.: En momentos en que Colombia aspira a entrar a la Ocde, y quiere presentarse al mundo como un país respetuoso de los tratados internacionales, conceder una ‘licencia’ obligatoria, esto es, romper una patente, sin una emergencia de salud pública que lo justifique, destruye de un plumazo todos los esfuerzos que ha hecho el país para fortalecer su sistema de propiedad intelectual y ponerse serio en materia de respeto a las reglas de juego.

SEMANA: No se puede desconocer que en temas de la salud, el argumento del interés público es irrefutable…

G.M.: Aquí no hay ningún argumento de salud pública. El producto está en el POS, luego todos los pacientes que lo necesiten tienen acceso a él. Aquí lo que hay es el interés comercial de unas empresas que quieren entrar a un mercado llevándose de calle el régimen de patentes, y los derechos reconocidos de quien hizo el esfuerzo de descubrir y probar la molécula. Esto no es una discusión de salud pública. Es una discusión entre empresarios, y sería bueno que el gobierno lo reconociera de entrada.

SEMANA: Para algunos fue extraño e inusual la decisión del Consejo de Estado de devolver la patente a Novartis…

G.M.: En su momento, el Estado negó la patente a través de un acto administrativo; la empresa afectada demandó, y el Consejo de Estado, juez competente, consideró que esa negativa original era ilegal. No hay nada inusual ni extraño en someter a control judicial los actos administrativos del Estado. Sucede todos los días. Hay toda una jurisdicción para eso. Lo inusual es querer poner en duda la validez de la patente, con argumentos basados exclusivamente en precio, argumentos que, de ser ciertos, pondrían en duda no esta, sino todas las patentes existentes.

SEMANA: El mecanismo de control de precios existe en Colombia. Uno podría ser la licencia obligatoria, ¿no le parece?

G.M.: Existe una política de control de precios de medicamentos que ha permitido reducir el precio de los controlados en un 42 por ciento. Esa política funciona a través de unas fórmulas, unos criterios, unos tiempos y unos términos de referencia. Las licencias obligatorias, que son excepciones al régimen de propiedad intelectual, no están concebidas para controlar precios. Y mezclar los dos conceptos es un error, pues no solo no se reducen costos de manera inmediata, sino que se le hace un daño tremendo a la confianza del empresariado en las reglas del Estado.