¿Esta vez sí?

A las 6 de la tarde del pasado jueves, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, hizo un anuncio que a más de uno tomó por sorpresa. Este año el gobierno va reducir el hueco fiscal en 10 por ciento. La noticia causó desconcierto en el mundo financiero y también en el empresarial. En los últimos meses, varios observadores habían dicho que el gasto público estaba disparado y que el gobierno no se estaba apretando el cinturón.

Carrasquilla anunció que la meta del gobierno nacional central para este año, prevista en 6,1 por ciento del PIB, bajará ahora a 5,5. La razón es simple. Con el precio del petróleo por las nubes y los recaudos tributarios creciendo al 14 por ciento, el gobierno va a tener este año unos ingresos extraordinarios que le van a permitir reducir el saldo en rojo sin tener que disminuir el tren de gastos. Con el anuncio, el gobierno les salió al paso a sus críticos. Recientemente, el profesor de la Universidad de Harvard Andrés Velasco, afirmó que el nivel de deuda pública es muy alto y que Colombia está en un estado de "fragilidad fiscal". Algo similar dijo el director de Anif, Sergio Clavijo, quien señaló que el gobierno no estaba aprovechando el momento de vacas gordas para bajar el déficit. El ex ministro Juan Camilo Restrepo agitó el avispero y dijo que las únicas que se están poniendo en cintura son las regiones, pero no el gobierno central. Y hasta el contralor general, Antonio Hernández Gamarra, criticó el presupuesto gubernamental y propuso ponerle un límite a la deuda pública, que creció 9 por ciento en 2004.

Pero, al parecer, las cosas no son tan desastrosas como los críticos habían dado a entender. El gobierno decidió bajar su meta de déficit fiscal para este año y dio su palabra de no hacer adiciones presupuestales de última hora. Si lo logra, sería la primera vez en ocho años que el Congreso no tramita un proyecto de este tipo.

Pero al gobierno no le va a quedar fácil cumplir su promesa. Este es un año preelectoral y hay presiones de todo tipo para aumentar el gasto y construir carreteras, hacer más obras sociales, inaugurar puentes y entregar subsidios a sectores con intereses particulares. Y aunque el gobierno está en su legítimo derecho de hacerlo, el problema es que hacia futuro compromete la salud fiscal de la Nación.

La única forma que tiene el gobierno de hacer nuevas inversiones es adquiriendo más deuda. Los ingresos que hoy recibe la Nación alcanzan apenas para cubrir los gastos del Estado. La mayoría de la plata se va en pagar pensiones, intereses de la deuda y hacer transferencias a las regiones. Lo que queda al final es muy poco para hacer inversión social y por eso pide prestada. En los últimos 10 años, la deuda pública pasó del 22 por ciento del Producto Interno Bruto al 60 por ciento en el que está hoy, el nivel más alto en la historia del país.

El problema con esa deuda es que crezca tanto, que en algún momento le dejen de prestar, como le pasó a la Argentina en el año 2001. Y en esos casos quienes pagan los platos rotos son todos los ciudadanos, a quienes les toca hacer un ajuste a la fuerza. Porque si al gobierno ya no le prestan plata, no hay con qué hacer inversión social, se cierran los espacios financieros para el sector privado, y la economía del país se va pique.

No va a ser una tarea fácil. Sobre todo en un año electoral en el que por primera vez está en juego la permanencia del Presidente en el poder por otros cuatro años. En el evento de que la Corte Constitucional diga que sí a la reelección, la administración actual se enfrenta a una encrucijada. Por un lado, va a tender a gastar más plata por la propia dinámica electoral, pero, por el otro, va a tener que estar muy medida en lo que desembolsa por si llega a ganar. En este caso, los compromisos adquiridos en tiempo preelectoral van a ser su responsabilidad.

Para garantizar la sostenibilidad fiscal no basta con medirse en el gasto. Se necesitan reformas económicas de fondo para no estar tapando huecos cada año. Hace falta una reforma tributaria estructural, un ajuste a las transferencias regionales, una reforma a la Ley 100 en salud y otra reforma pensional. De que se hagan estas reformas y se controle el gasto depende el futuro de la economía del país. Colombia está en el filo de la navaja.