Martes, 6 de diciembre de 2016

| 2016/09/03 00:00

El inminente descalabro de Estraval

¿Cómo una inversión considerada de mínimo riesgo se convirtió en la nueva piedra del escándalo financiero que dejaría miles de víctimas?

El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, y el agente liquidador de Estraval, Luis Fernando Alvarado, anunciaron que en Estraval hubo captación ilegal.

Cada vez que se abre una gaveta en la investigación sobre Estraval, las autoridades se topan con una nueva sorpresa. La última es mayúscula. La Superintendencia de Sociedades descubrió que esta firma, especializada en la compraventa de libranzas, habría incurrido en captación ilegal de recursos del público, por lo que ya dio traslado a la Fiscalía para que determine las respectivas conductas penales.

El hallazgo dio pie para que la superintendencia ordenara, el pasado jueves, la liquidación judicial de Estraval, cinco sociedades vinculadas y 22 funcionarios entre directivos, contadores y revisores fiscales de dichas compañías.

Según la investigación, Estraval y las empresas en cuestión realizaban operaciones aparentemente legales de compra y venta de cartera. Sin embargo, al ahondar en el caso se pudo constatar que la compañía recibió recursos que no correspondían a una venta real de libranzas y además que no existía una justificación financiera razonable de la rentabilidad pagada y prometida al cliente. Todo lo cual, de acuerdo con el superintendente Francisco Reyes, “implica la configuración de hechos objetivos de captación de recursos del público”.

También ante la Fiscalía, un grupo de inversionistas afectados con la caída de Estraval presentó otra denuncia por captación masiva y habitual, no devolución, falsedad, concierto para delinquir y estafa. Se sabe también que ya funcionarios del CTI vienen investigando el caso.

Este escándalo financiero ha tomado sin duda mayores dimensiones por la posibilidad de que se configure un delito tan grave como la captación ilegal, por el monto de los recursos en riesgo y por el número de inversionistas afectados. Al último corte, las reclamaciones iban en 476.000 millones de pesos de 3.500 víctimas. Pero se presume que la cifra podría superar los 500.000 millones de pesos, y los reclamantes serían más de 4.000.

Lo grave es que la caída de Estraval parece no ser un caso aislado dentro del negocio de las libranzas extrabancarias. Las autoridades están preocupadas porque otras empresas también atravesarían dificultades para cumplirles a sus clientes. De hecho, la Superintendencia de Sociedades tiene bajo la mira a varias firmas del sector que podrían correr la misma suerte de Estraval (ver recuadro).

El gobierno está en máxima alerta porque, en los últimos años, el negocio de libranzas ha crecido aceleradamente. Según la Superintendencia Financiera, desde 2012 la cartera de este tipo de crédito, otorgado por las entidades vigiladas, ha crecido a una tasa anual promedio de 17,7 por ciento. Al cierre del primer trimestre del año la cartera en libranzas ascendía a 36,4 billones de pesos (más de tres veces la de microcrédito y cerca del 90 por ciento de la de vivienda). Pero en estricto sentido, el negocio en manos de los bancos no ha tenido problemas.

Lo realmente preocupante es la cartera de libranza en manos de entidades no vigiladas por la Superbancaria, que supera los 10 billones de pesos. Si se llegara a afectar un negocio de este tamaño las repercusiones serían enormes.

‘Modus operandi’

Resulta paradójico que sea la nueva piedra de escándalo financiero una inversión aparentemente segura como la venta de un pagaré-libranza, pues está respaldado por un crédito de fácil recaudo, ya que el deudor autoriza a que se le descuente cada mes de su nómina. La explicación parece estar no solo en la mala gestión de algunos intermediarios no financieros, sino que han abusado de la figura de libranza, al punto de cometer ilícitos.

SEMANA tuvo acceso al expediente de Estraval, respecto del cual tanto la liquidación como la auditoría contratada con Fiduagraria coinciden en el modo en que operaba esta firma con años en el mercado.

Aparecieron graves irregularidades e inconsistencias en una primera revisión practicada al archivo de Tecfinsa, empresa controlada por Estraval que se encargaba de hacer el estudio de créditos a los clientes y que operaba como outsourcing de las cooperativas originadoras de los préstamos.

Se pudo evidenciar que en la carpeta de cada uno de los deudores de las cooperativas aparecen dos, tres y cuatro pagarés originales con igual número, firmados por la misma persona. Es decir, varios títulos valores respaldan un solo crédito. Esto es insólito, porque un mismo deudor no puede firmar varios pagarés por el mismo préstamo que recibió.

Lo más grave es que, al cruzar información, se encontró que, en alrededor de 47.000 casos, los responsables vendían dos, tres y hasta cuatro veces el pagaré-libranza de un mismo deudor a diferentes compradores de cartera, en distintas fechas de operación y con flujos cuyos intervalos se cruzan, lo que permite colegir que utilizaron pagarés gemelos.

Otro ejemplo ilustra las actuaciones atípicas. En julio del año pasado, Estraval vendió al Deutsche Bank AG cerca de 23.000 pagarés por valor de 77.800 millones de pesos, operación cuyos flujos de cartera se vienen manejando por medio de un fideicomiso BBVA-DB. Pues bien, al revisar la información los investigadores encontraron que poco más de 14.000 de estos títulos valores aparecen vendidos a más de dos compradores así: 12.600 figuran negociados con dos inversionistas; 1.645 con tres y 55 fueron vendidos a cuatro clientes.

Hubo otra inconsistencia que encendió alarmas en la investigación de auditoría. Desde 2006, el Banco Sudameris venía comprando cartera a Estraval, con lo que acumuló a la fecha un portafolio de 5.200 pagarés de libranza. Después de cruzar información y bases de datos, se detectó que unos 3.400 pagarés fueron vendidos a más de dos compradores de cartera, incluido el Banco Sudameris. El valor de las libranzas negociadas con este banco asciende a 52.000 millones de pesos.

Se detectaron pagarés vendidos a varias personas en Cooppijao Conalrecaudo, Cooprosol, Coopsonal, Jemilios, todas entidades del sector solidario que trabajaban con Estraval.

Cabe anotar que en Tecfinsa se encuentra almacenada la información de más de 50.000 deudores de cartera de las cooperativas que tenían negocios con Estraval y la situación observada se presenta en la mayoría de los casos.

Al revisar este archivo, los expertos también comprobaron la existencia de una gran cantidad de documentos de clientes de varias cooperativas, almacenados en bolsas de color azul, como las usualmente empleadas por la empresa de custodia Thomas Greg-MTI para guardar libranzas. La auditoría practicada tomó una muestra de varios clientes y los pagarés tienen como característica especial la presencia del número nueve como prefijo de la numeración normal. Esto sería un distintivo para marcar los títulos maduros, es decir, los que ya estaban negociados a varios inversionistas.

El hallazgo que más inquietó a las autoridades y prendió las alertas sobre una eventual captación fueron los casos de reclamantes que no tenían crédito de respaldo, ni pagarés.

El eslabón perdido

Uno de los temas que más ha sorprendido del caso de Estraval es la relación que tenía esta firma con las cooperativas originadoras de los créditos. La empresa trabajaba básicamente con nuevas entidades solidarias: Coonalrecaudo, Coopcredifap (en liquidación), Coopsedol, Cooppijao, Cooprosol, Coopsanse, Coopesonal, Jemilios y Realcoop.

La investigación hace pensar que estas cooperativas eran de papel y que servían a los intereses de Estraval. De hecho, resultó insólito que habían entregado a terceros, en este caso a Tecfinsa, la tarea de evaluar y estudiar los créditos que otorgaban, lo que mostraría que eran prácticamente cooperativas de fachada.

El abogado José Luis Giraldo, apoderado de varias víctimas de Estraval, dice en la denuncia que interpuso ante la Fiscalía que varios funcionarios se cruzan entre las mismas cooperativas, “hecho que resulta indicativo de los lazos que unían a estas y, por ende, las relaciones que sostenían con la firma Estraval”. Según el abogado, llama aún más la atención que varias cooperativas funcionan en algunos casos en las mismas direcciones, y otras, como Jemilios, ni tienen ubicación. “En la práctica estamos ante cooperativas de garaje, cuya existencia, vinculadas como suministradoras de pagarés-libranzas, ponen en entredicho la legalidad de estas operaciones”, dice.

También es exótico que algunos funcionarios de Estraval hacían parte de los consejos directivos de algunas cooperativas, lo que muestra conflicto de interés y genera grandes dudas sobre el manejo del negocio.

En cuanto a estas cooperativas todavía hay mucha tela por cortar. Hace poco el ministro de Hacienda dijo que se usaban como fachada. “Se dedican a dar créditos que se exceden en los montos que una persona puede pagar, y cobran unas tarifas adicionales a los intereses que los hacen impagables”.

El tema es muy grave. La Su-perintendencia Financiera, en una evaluación in situ que practicó hace algún tiempo a Conalrecaudo (que trabajaba con Estraval), encontró que entre comisiones, estudio de crédito, cuota de manejo y otros gastos vinculados con el crédito mismo, el interés real pagado por el deudor termina siendo de usura. En el caso concreto de esta visita, a alguien que le desembolsaron 7 millones de pesos a 60 meses le terminaron cobrando, con todas los arandelas, una tasa efectiva de 33 por ciento, cuando la tasa de certificación de usura en la fecha del desembolsa era de 31 por ciento. Cabe anotar que la usura es un delito castigado con cárcel.

Lo cierto es que este escándalo de las libranzas en manos de muchas cooperativas también está develando un atropello contra algunos trabajadores, que acuden a esta modalidad porque no tienen acceso fácil al crédito. Un inversionista de Estraval, que hoy tiene embolatada una gruesa suma de dinero, le dijo a esta revista que revisando sus pagarés, tras la caída de la firma, comprendió con dolor que la buena rentabilidad provenía de la soga que ahorcaba al deudor que respaldaba su título.

Lo cierto es que todo lo anterior forma parte de una investigación inicial que se profundiza con el giro hacia lo penal que ha tomado el caso. Observadores del negocio dicen que es posible que cuando se termine de escrudiñar la empresa que crearon los expertos financistas César Mondragón y Juan Carlos Bastidas habrá más sorpresas.

Un mal que parece extenderse

El escándalo que estalló con Estraval tan solo hace tres meses podría ser la punta del iceberg de una situación más compleja en el negocio de la compraventa de libranzas. La Superintendencia de Sociedades tiene puestos los ojos sobre varias empresas que, a más tardar este viernes, tendrán que presentar sus estados financieros y certificación que especifique si la sociedad está al día en el pago de sus obligaciones con terceros.

Se sabe que dos de los más grandes, Elite y Vesting Group, hasta la semana pasada no habían podido superar las dificultades que les obligaron a reprogramar los pagos a los inversionistas. Estas dos compañías habían suspendido por 45 días los giros a sus clientes, esperando un respiro en su liquidez, pero el temor es que la situación no haya mejorado.

Vesting Group (que, se estima, maneja negocios por más de 150.000 millones de pesos) en un comunicado a sus clientes les notificó el 29 de agosto que continúa en proceso de ajuste, por lo que no ha podido realizar los pagos. “Hemos venido realizando mesas de trabajo con los operadores originadores para llegar a acuerdos de pago. Los operadores han presentado oferta de plan de pago, las cuales en este momento se encuentran en la fase final de evaluación”. Clientes que recibieron este mensaje quedaron con un mal sabor porque afirman que Vesting Group está demostrando que quiere pasarles el problema a las cooperativas y desentenderse de su obligación con los inversionistas. Pero, adicionalmente, temen que si en este caso, como en Estraval, existen lazos entre la firma y las cooperativas, el tema terminaría más enredado.

La Superintendencia de Sociedades está mirando la situación de esta firma, porque, de no cumplir con los pagos, podría correr la misma suerte de Estraval.

También crece la preocupación por Elite, una de las más grandes empresas del mercado de libranzas, pues se estima que maneja negocios por más de 500.000 millones de pesos. El plazo que esta compañía –que está bajo control de la Supersociedades– le dio a sus inversionistas ya se cumplió y la firma había programado una rueda de prensa el jueves de la semana pasada, pero la canceló, aparentemente por coincidir con la citación que había hecho la superintendencia para informar sobre la captación en Estraval. Los clientes están a la espera sobre qué nuevas decisiones toman las autoridades en este caso

En general, es fundamental que todos los intermediarios de libranzas hagan una auditoría que pueda realmente determinar el estado de las que les vendieron a sus clientes. Solo así se sabrá la real dimensión de este escándalo financiero que, después de lo sucedido con InterBolsa, el país no esperaba.

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