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| 3/22/1999 12:00:00 AM

FABRICA DE DESEMPLEO

Se estima que el contrabando en Colombia superó los 2.500 millones de dólares en 1998, <BR>suma cercana al 20 por ciento de las importaciones legales.

Uno de los grandes males crónicos de la economía colombiana es el contrabando.
Desde la década de los 30, cuando el país, como tantos otros alrededor del mundo, elevó aranceles a
los productos importados con la intención de proteger la industria nacional en medio de la depresión,
se creó un incentivo para traerbienes al país al margen de la ley. Por muchos años, sin embargo, este
fue un fenómeno relativamente limitado pues a pesar de que se estableció a San Andrés como puerto
libre en la década de los 50 _lo cual facilitó la labor de los contrabandistas_ la escasez de divisas
reinante en el país y la falta de infraestructura de comercio limitaban la competitividad de los
bienes de contrabando. Al mismo tiempo, por el estado de industrialización incipiente del país, estos
productos con frecuencia no competían con productos locales y por lo tanto el fenómeno no generaba
el mismo nivel de rechazo dentro de los sectores productivos. En las décadas de los 70 y los 80 la
incidencia del contrabando fluctuó con los vaivenes de la política económica _la apertura comercial de
Turbay y el cierre de fronteras de Betancur_ y las finanzas externas del país _primero la bonanza
cafetera y luego la crisis de la deuda_, aunque con el trasfondo de una floreciente actividad
marihuanera y cocalera que empezaba a generar grandes cantidades de dólares ilegales que los
traficantes buscaban ingresar al país. Cuando se dio inició a un ambicioso programa de apertura
económica, a fines del gobierno de Barco, muchos pensaron que el flagelo del contrabando
desaparecería o al menos se vería reducido a su mínima expresión. Después de todo, con el
derrumbe de los aranceles, la prima que se pagaba en el país por los productos del exterior se redujo
significativamente. Sin embargo lo que ocurrió fue todo lo contrario. En la década de los 90 el
contrabando ha crecido exponencialmente hasta representar, según datos de la Dian, cerca del 3 por
ciento del Producto Interno Bruto total y casi el 30 por ciento de la actividad del sector comercio. Sin
lugar a dudas la principal causa del aumento del contrabando en la década de los 90 ha sido la
proliferación del narcotráfico. Hay incluso quienes afirman que el contrabando es el paso siguiente al
tráfico de narcóticos. Más allá de contribuir a crear una subcultura de dinero fácil, mercados negros,
corrupción e impunidad, el narcotráfico ha generado un hecho económico contundente: una gran
abundancia de divisas. Cuando hay escasez de divisas y la moneda local está devaluada, como
ocurrió durante la mayoría de la década de los 80 en Colombia, un dólar tiene más poder adquisitivo
dentro del país que afuera y por lo tanto existe el incentivo para importar divisas y no bienes. Por el
contrario, cuando una moneda está sobrevaluada y hay abundancia de divisas _el caso de Colombia
durante la mayor parte de los 90_ un dólar tiene mayor poder adquisitivo en el exterior que a nivel
doméstico y entonces el incentivo para importar bienes crece. Hidra de 1.000 cabezasComo sostiene
el ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, el contrabando es "una hidra de mil cabezas" que se
constituye en el "peor cánce del sector productivo colombiano". Por una parte la industria y el
comercio organizados, que pagan impuestos y cumplen con todos los trámites de legalización de
mercancías, se ven en una situación competitiva desigual frente a los contrabandistas, que evaden
todos los tributos, tanto internos _IVA_ como externos _aranceles_. Esto significa que el Estado ve
disminuidos sus ingresos en una suma significativa, al mismo tiempo que los empresarios nacionales
se ven obligados a reducir sus operaciones o cerrarlas, teniendo como consecuencia la desaparición
de puestos de trabajo. A este respecto el director de la Aduana, Ricardo Ramírez Acuña, sostiene
que "aproximadamente por cada puesto de trabajo que 'genera' el contrabando se pierden cinco en
el sector real de la economía". Esto da una idea de la forma como el contrabando contribuye en uno de
los problemas más graves que enfrenta el país hoy en día con cifras récord de desocupación. Más aun,
el plan del gobierno de duplicar las exportaciones no tradicionales en un lapso de cuatro años para
estimular la generación de empleo encuentra en el contrabando una de sus mayores amenazas.
Cuantificar el fenómeno del contrabando en Colombia no es una tarea fácil. Existen estimativos que
sobrepasan los 8.000 millones de dólares, otros que sitúan la cifra en alrededor de los 6.000
millones de dólares. Sin embargo un estudio publicado por el Centro de Investigaciones para el
Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional estima que el contrabando se sitúa cerca de los 2.500
millones de dólares, cifra más coherente con la realidad del país. A la vez se calcula que el
contrabando es equivalente al 16,7 por ciento del total de las importaciones legales.Lo más
preocupante es que el fenómeno no es mayor porque "la demanda del país no puede absorber más de
lo que llega actualmente", como reitera el jefe de la cartera de Hacienda. Esto indica que lo que ha
determinado las dimensiones del contrabando ha sido una saturación en la demanda más que el
control ejercido por las autoridades aduaneras. Una parte muy significativa de la responsabilidad en
torno de este flagelo es atribuible a los proveedores de mercancías que ingresan al país en forma de
contrabando. Si los fabricantes extranjeros fueran más rigurosos en la selección de sus clientes se
daría un gran paso en la erradicación del problema. Pero esto no va a suceder en el corto plazo. Así lo
demuestra el aberrante caso de los cigarrillos que ingresan al país desde Aruba y Panamá. Se
calcula que si el volumen de cigarrillos que llega a estos dos países se destinara al consumo
interno la totalidad de sus habitantes _hombres, mujeres y niños_ tendrían que consumir 10 cajetillas
diarias. En una reunión realizada por la revista SEMANA con industriales de diferentes sectores una de
las conclusiones más dramáticas fue que ellos están en capacidad de competir con sus productos de
tú a tú en los mercados internacionales. Sin embargo, a la hora de vender la misma mercancía en
Colombia no pueden competir frente a los contrabandistas. Esta realidad es patética en sectores como
el del calzado. En ciudades como Bogotá, Cali y Medellín se pueden adquirir en puestos callejeros
zapatos a menos de 10.000 pesos cuando producirlos en una fabrica colombiana cuesta alrededor
de 12.000 pesos por par.Por otra parte, un estudio del sector de licores realizado por el gobierno
indica que en Colombia se venden aproximadamente 350.000 cajas de licor importado al año y que de
éstas solo 50.000 entran al país legalmente. El ex gerente de una empresa distribuidora, que no quiso
revelar su nombre, relata cómo las licoreras internacionales le entregaban a los importadores legales
grandes cantidades de dinero para publicidad. Estas sumas no eran consecuentes con las ventas
oficiales de la multinacional en el país. Además los extranjeros enfatizaban en la concentración de
la publicidad en la Costa Atlántica cuando en esta zona las ventas de las licoreras oficiales no
llegaban ni al 10 por ciento del mercado total. En otras palabras, la estrategia era hacerle publicidad
al licor de contrabando a través de conductos legales.

Islas en el mar
En Colombia se da un fenómeno único, representado por la existencia de grandes centros comerciales
a la vista de todo el mundo _los llamados sanandresitos_, en donde se venden mercancías de
contrabando prácticamente sin control. Esta escandalosa situación se explica en parte por la
permisividad de la sociedad colombiana en torno al fenómeno, que asigna mucho más valor al ahorro
que le puede generar comprar bienes de contrabando que al daño que esta actividad le causa al
país. Esto se da principalmente porque el 'costo' de infringir la ley _representado en el castigo_ para
los contrabandistas y todos los demás participantes del proceso (transportadores, comerciantes y
funcionarios corruptos de la Aduana) ha sido tradicionalmente muy inferior al beneficio
_fundamentalmente económico_ generado por la actividad. Los sanandresitos tuvieron su origen en la
década de los 50 cuando la isla de San Andrés se constituyó en puerto libre. En ese entonces los
turistas que visitaban el archipiélago tenían derecho a un cupo para introducir mercancías pero en
muchos casos una parte o la totalidad de éste era vendido a los comerciantes, quienes distribuían
los productos en el interior del país. Gradualmente los sanandresitos dejaron de depender
exclusivamente de los viajeros a San Andrés y empezaron a surtirse de mercancías provenientes de
lugares como Maicao. Durante las dos primeras décadas de existencia de estos emporios comerciales
el contrabando allí realizado no estaba ligado al lavado de dólares. Sin embargo, con el auge del
narcotráfico, la relación entre contrabando y lavado de divisas se afianzó. El contrabando abierto
_que representa el 50 por ciento del contrabando total_, la modalidad predominante en los
sanandresitos, es un instrumento óptimo de lavado. Según el citado estudio de la Universidad
Nacional, en los sanandresitos en 1996 se lavaron 878 millones de dólares, representados
principalmente por el costo de adquisición de las mercancías importadas, los costos de transporte y
los sobornos, pagados en dólares, descontando las importaciones legales que tuvieron lugar, las
cuales ascendieron a 42 millones de dólares. Esta cifra es dramática pues no representó siquiera el 5
por ciento del total de mercancías procedentes del exterior negociadas en los sanandresitos. La
multiplicación de estos negocios ha sido acelerada aunque en la actualidad parece estar llegando a un
punto de saturación. Este crecimiento se evidencia principalmente en el aumento del número y en la
participación de la actividad de los sanandresitos en el PIB del comercio. Mientras que en 1978 había
poco más de 2.400 locales en las principales ciudades hoy la cifra supera los 13.500. Además, la
legislación existente no impide el crecimiento de los sanandresitos. Así mismo, mientras que en
1985 sus ventas equivalían al 13,7 por ciento del PIB del comercio en 1996 la cifra superaba el 25 por
ciento. El crecimiento asume un comportamiento exponencial a partir del año 91.Sin embargo la
aparente saturación se evidencia en el incremento de los locales desocupados y en el reducido éxito de
los proyectos más recientes. Esta situación ha sido motivada, en parte, por la aparición de centros
comerciales y grandes superficies legalmente constituidas, en las cuales se ofrecen productos
semejantes a los que se encuentran en los sanandresitos a precios relativamente competitivos gracias
a la reducción de aranceles de la apertura. A esto se suman la crisis económica y la disminución en la
demanda. Es así como los comerciantes de los sanandresitos han desplazado gradualmente la
venta de productos importados, que hoy se sitúan en el 61 por ciento de las ventas, por productos
nacionales. Pero esto está lejos de ser positivo. La inmensa mayoría de los productos nacionales
son ofrecidos como importados, producto de la falsificación de marquillas. Como se puede ver, estos
productos que se venden en los sanandresitos tienen un efecto en la economía paralelo al del
contrabando ya que se evaden impuestos de la misma manera y se desplaza la mano de obra de la
industria legalmente constituida.Lucha decididaEl gobierno, consciente de la realidad del contrabando,
ha emprendido un plan de acción en cuatro frentes. El primero de éstos tiene que ver con la
penalización, en el cual se ha dado un paso revolucionario al reducir la base punible de 1.000 a 100
salarios mínimos. De esta manera, quien contrabandee una suma superior a los 23 millones de pesos
puede verse expuesto a penas de 5 a 8 años de cárcel y a castigos pecuniarios equivalentes al 200 por
ciento del valor de lo incautado. Pero aún más notable es el que los mismos castigos cobijen a los
funcionarios corruptos que faciliten el delito.Paralelamente se ha creado el cuerpo de Policía Fiscal y
Aduanera, a cargo del general Víctor Páez Guerra, con 600 hombres distribuidos en nueve ciudades y
que en noviembre de este año se extenderá a 14 con 400 efectivos más. Este cuerpo realiza cuatro
tipos de operativos encaminados a reprimir el contrabando abierto. Por una parte se establecen
retenes a la salida de los aeropuertos y puertos marítimos, así como puestos de control en las
rutas terrestres. Además se realizan operativos en los centros comerciales, en los cuales se exige
factura a los compradores por la
mercancía adquirida, la cual es susceptible de decomiso. Al mismo tiempo, el establecimiento que no
expida la factura o lo haga deficientemente puede ser sellado. Con el fin de combatir el lavado de
dólares se ha facultado a la Aduana para realizar investigaciones de tipo cambiario para indagar por
el origen y las formas de canalización de las divisas. En 1998 la Dian profirió sanciones por
infracciones cambiarias conexas al contrabando por 15.000 millones de pesos. Adicionalmente se
ha emprendido una ofensiva diplomática en busca de cooperación internacional en la lucha contra el
contrabando. Por una parte, se han hecho aproximaciones a las empresas multinacionales con el
objeto de que ejerzan un mayor control de sus canales de distribución. Así mismo se ha suscrito un
acuerdo de cooperación aduanera con Venezuela y se trabaja en los últimos detalles de acuerdos
semejantes con Panamá y Estados Unidos.A esto debe sumarse el proceso de modernización de la
Aduana, el cual busca convertir a la institución en un apoyo para el comercio exterior, cambiando su
imagen de entidad represiva y entrabadora. Este proceso incluye una simplificación legislativa,
eliminación de trámites engorrosos y una significativa sistematización _por más de seis millones
de dólares_ que permitirá realizar los trámites por vía electrónica, con notorias reducciones en tiempo y
costos, y un mayor control efectivo.Si bien el contrabando es una realidad agobiante para la economía
nacional las medidas que se están implementando apuntan a reducir significativamente su impacto
en los años venideros. Modelos aduaneros exitosos, como los de Chile, Perú y México, están
siendo imitados por el gobierno
nacional, pero esto no basta. Es necesario que todos los colombianos se concienticen de la gravedad
del problema y de que las sumas insignificantes que pueden ser ahorradas en el comercio ilegal le
cuestan al país millones de empleos y miles de millones de pesos en menos recaudos, menor
inversión y menor producción.
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