Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2008/03/01 00:00

Fórmula peligrosa

Los estímulos ofrecidos por el gobierno para atraer la inversión, como las zonas francas y los contratos de estabilidad jurídica, estarían cavando un hueco fiscal aún no dimensionado.

Fórmula peligrosa

El gobierno del presidente Álvaro Uribe ha hecho tres reformas tributarias en cinco años y prometió que no habrá ni una más. La razón es que el gobierno ha contado con holgura fiscal, atribuida, en parte, al manejo adecuado dado a las finanzas públicas, pero especialmente gracias a las gigantescas utilidades obtenidas por Ecopetrol y transferidas a la Nación; a los ingresos por privatizaciones que han ido a parar al presupuesto, en algunos casos, y a los mayores recaudos por concepto de impuestos.

Obviamente, es una muy buena noticia que no haya más reformas tributarias dirigidas a subir impuestos. Pero cualquier conocedor de la realidad colombiana sabe que esa promesa no puede ser indefinida, por las enormes necesidades de todo tipo que tiene este país.

¿Qué tal que quien llegue a la Casa de Nariño dentro de dos años y medio necesite aumentar los ingresos fiscales, o simplemente decida hacer una reforma de corte estructural, como vienen recomendando desde hace tiempo el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial? Sencillamente no le quedará fácil. Encontrará varios obstáculos para acometer un cambio tributario, ya que este gobierno deja un campo de acción limitado para introducir modificaciones en el régimen impositivo.

Por obra y gracia de una serie de medidas que ha tomado la administración Uribe para estimular la inversión, como las zonas francas y los contratos de estabilidad jurídica (concentrados en el tema de impuestos), un grupo de empresas tendrá 'congeladas' las normas tributarias hasta por los próximos 20 y 30 años.

Los contratos de estabilidad jurídica, por ejemplo, permiten a las empresas garantizar durante dos décadas que su carga tributaria no sufra cambios en cuanto a las normas relativas a los impuestos directos como los de renta, complementarios, patrimonio, y en general lo relacionado con tarifas, deducciones, descuentos y exenciones. Las modificaciones legales que adopte el Congreso durante la vigencia del contrato y que le sean desfavorables a las empresas (como un aumento de tarifas, eliminación de exenciones, etcétera.) no serán aplicables a dichas compañías.

Durante los dos últimos años se han presentado 44 solicitudes de contratos de estabilidad jurídica entre el Estado e inversionistas, de las cuales se han aprobado 20. Empresas como Bavaria, Alpina, Proficol Andina, Divco, Almacenes Éxito, Sofasa y Comertex han firmado acuerdos. Para 2008, se tiene previsto aprobar 20 solicitudes y suscribir 14 contratos.

En contraprestación por la seguridad que dan los contratos, las empresas se comprometen con un mínimo de nuevas inversiones y con la generación de empleo. Alpina fue la primera que firmó un contrato de estabilidad jurídica. Esa empresa se comprometió con inversiones por 60.000 millones de pesos en cinco años, desarrollar 12 proyectos productivos que generarán 950 empleos entre directos e indirectos y adelantar una tarea de protección al medio ambiente. Según Alpina, ya se efectuó el 70 por ciento de las inversiones previstas.

Según el ministro de Comercio, Luis Guillermo Plata, esta política ha generado inversiones aproximadas por siete billones de pesos, y 40.000 empleos. "Estos contratos tienen como finalidad promover inversiones y ampliar las existentes. Esto apunta a generar empleo de calidad".

Pero no todo el mundo comparte el entusiasmo del gobierno. Varios analistas se preguntan si no es una política demasiado generosa con los grandes contribuyentes, que podría ocasionar un hueco fiscal que hoy, por estar en el ciclo de las vacas gordas, no se ha dimensionado.

Para el ex director de Impuestos Horacio Ayala, el asunto es extremadamente riesgoso. "Cualquier intento futuro de los gobiernos o de los legisladores para modificar seriamente la estructura tributaria del país, se va a tropezar con derechos adquiridos por grupos importantes de empresas, que si bien pueden no ser muy numerosas, pesan mucho dentro del conjunto de los contribuyentes".

¿Se podría estimar el tamaño del hueco que se estaría cavando? Es difícil hacer una proyección a futuro. Pero basta observar el costo que ha tenido el beneficio tributario de la deducción del 30 por ciento por inversión en la compra de activos fijos (para este año subió al 40 por ciento). Lo que el gobierno ha dejado de recaudar al conceder el estímulo fue estimado en 1,7 billones de pesos para 2006. En total, el sacrificio fiscal de los principales beneficios tributarios ascendió a 3,8 billones de pesos en ese año. Una cifra demasiado grande como para agregarle más hacia el futuro.

Con la lluvia de estímulos que se están ofreciendo por todos lados a las empresas, se está creando además, una especie de estatuto tributario para cada sociedad, lo que complica el trabajo de la División de Impuestos (Dian). Los expertos en el tema saben que esto dificulta el control de la evasión.

Para otro ex director de Impuestos, Julio Roberto Piza, los contratos de estabilidad jurídica podrían generar un desequilibrio tributario. Es decir, empresas dentro de una misma actividad tendrían cargas impositivas diferentes, una más favorables que otras. Y esto no es lo ideal en una sociedad. En este momento una empresa que se acoja al beneficio de zona franca tiene derecho a una tarifa de renta del 15 por ciento, pero si además accede al 40 por ciento de deducción por invertir en activos fijos, puede terminar en 9 por ciento. Mientras tanto, un competidor que lleve años en el mercado y no haya tenido opción de beneficiarse de estos estímulos, seguirá pagando el 33 por ciento.

Según el ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, como están las cosas, en adelante la carga tributaria recaerá sobre las pequeñas empresas, sobre las personas naturales y los consumidores en general. Cuando el gobierno haga una reforma tributaria tendrá que 'recostarse' en el IVA, porque limitó el campo de acción en renta.

El problema es que en la teoría fiscal contemporánea no está probada la relación directa entre la reducción selectiva de impuestos y el aumento de la inversión. Restrepo dice que no está garantizado que el motor directo de la inversión sean los impuestos.

Pero según el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, "se les olvida a los críticos que estos estímulos tienen un gran impacto en el empleo, pero también se les olvida que ampliar la producción es más IVA para el país".

Por lo pronto, el tema está candente y concentra la atención de los académicos. El director de la Dian, Óscar Franco, prefiere abstenerse de entrar en el debate. Pero la semana pasada, durante las 'Jornadas de Derecho Tributario' en Cartagena, Franco no ocultó su preocupación por el sistema tributario colombiano cada vez más cargado de complejidades, beneficios y exenciones.

Por estos días, los asesores tributarios tienen copado su tiempo, atendiendo a las empresas que no quieren desaprovechar este 'papayazo' que les ha dado el gobierno. Ojalá que esta vez no resulte peor el remedio que la enfermedad, porque a este paso, unas medidas que deberían ser excepcionales se podrían volver regla general y aunque suene exagerado, el país podría terminar convertido en una gran zona franca.

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