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| 11/19/2016 12:00:00 AM

Electricaribe: El todo por el todo

A Electricaribe le quedan dos caminos el año entrante. Seguir adelante, pero con inversiones millonarias, o ser liquidada para buscar un nuevo operador. ¿Cuál tomará?

El futuro de Electricaribe, filial de la española Gas Natural Fenosa, quedará definido en dos meses, máximo cuatro. Tras la toma de posesión ordenada la semana pasada por la Superintendencia de Servicios Públicos, comenzaron a correr los términos para determinar si la empresa es viable, o si, por el contrario, será necesario liquidarla para darle paso a un nuevo operador.

La decisión está en manos del superintendente José Miguel Mendoza y del equipo que conformó para administrar la compañía en esta fase de transición. Como nuevo presidente de Electricaribe designó a Edgardo Sojo, cabeza del Comité Intergremial del Atlántico y gerente del Plan 5 Caribe, y como agente especial a Javier Lastra, exinterventor de Telecom, de Inravisión y recientemente de Termocandelaria. Además de elegir un nuevo consejo directivo, Mendoza contrató a la firma estadounidense Tetra Tech, especializada en organizar empresas públicas en varios países del mundo.

La idea es que, de ahora a enero, ya haya claridad sobre la mejor opción para Electricaribe, que garantice que los costeños no tengan más problemas a futuro en la prestación del servicio de energía eléctrica. Mientras se resuelve el futuro de la empresa, la prioridad del gobierno es prestar un buen servicio y que la compañía continúe funcionando en forma normal.

Cualquier camino a tomar requiere del esfuerzo y compromiso de todos. Para que la empresa siga operando, Gas Natural tiene que invertir 1,1 billones de pesos en los próximos cuatro años en infraestructura y redes. Pero deberá demostrar cómo va a ejecutar 339 proyectos previstos en el Plan 5 Caribe, que permiten mejorar el servicio en dicha región. Debe ser un compromiso real con recursos garantizados, porque en el pasado no ha cumplido lo dicho.

Fuentes del sector indicaron que Gas Natural estaría dispuesta a asumir este compromiso si el gobierno, a su turno, agiliza el pago de los 170.000 millones que le deben las entidades públicas regionales a Electricaribe y presenta una nueva metodología tarifaria. Cabe señalar que sobre el primer punto no habría problemas y que el gobierno buscaría la forma de ayudar a resolver este lío de cartera. En cuanto al segundo, ya se discute una nueva fórmula con la propia Gas Natural.

Aunque se sabe que a los costeños no les gusta la alternativa de que Electricaribe siga operando, sería la menos traumática y le bajaría presión a la demanda internacional que alista Gas Natural contra el Estado colombiano por 1.200 millones de euros (4 billones de pesos). Como dice el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, “no se han quemado las naves ni roto los puentes del diálogo”. Sin embargo, de no haber acuerdo con la multinacional española, al gobierno no le temblará la mano para adoptar la decisión más drástica, o sea liquidar la empresa.

En este caso procedería a vender activos para pagar obligaciones y comenzaría a buscar un nuevo operador. Fuentes del sector señalaron que varias firmas han expresado interés en este mercado. De hecho, el gobierno también ha comenzado a evaluar la posibilidad de dividir la región en varias zonas. En ese caso entrarían varias compañías energéticas, pues se trata de un mercado de siete departamentos, con 2,5 millones de clientes y cerca de 4 billones de pesos de facturación al año.

La alternativa de que entre un nuevo operador que ya tenga cuota en el mercado se dificultaría por el tope legal que impide que una empresa suministre más del 25 por ciento de la energía del país. Esto le cerraría las puertas a EPM, por ejemplo. En este sentido, algunos congresistas alistan un proyecto de ley para revisar los límites máximos de participación de empresas de servicios públicos en el sector energético.

Hay que señalar que durante el periodo en que la Superservicios administre a Electricaribe, los más afectados serán los bancos. La empresa tiene pendientes deudas con cuatro entidades por 1,7 billones de pesos que estarán congeladas mientras dure la medida. Lo mismo pasa con otras obligaciones, como los 165.000 millones de pesos que todavía le debe a los generadores.

De acá en adelante los recursos para comprar energía y hacer otros pagos saldrán del Fondo Empresarial, manejada por la Superservicios. Tiene alrededor de 180.000 millones de pesos que, según Mendoza, alcanzarán para cubrir las obligaciones en lo que resta del año. Para 2017 pagarán los gastos con la liquidez que le vaya entrando a Electricaribe.

Lo cierto es que la decisión del gobierno frente a Electricaribe no tiene precedentes en Colombia para una compañía de servicios públicos. Aunque Emcali estuvo bajo control de la Superintendencia por 13 años, esta vez se trata de una empresa que distribuye el 25 por ciento de la energía del país, con presencia en siete departamentos y además es una filial de una poderosa multinacional.

Pero el gobierno no tenía otra opción. Electricaribe incurrió en dos graves causales para una medida de ese alcance: entró en inminente cesación de pagos y dejó de tener condiciones para prestar el servicio.

El pasado 17 de noviembre se le vencían obligaciones por compra de energía por 165.000 millones y a partir de ese día XM comenzaría a aplicar cortes programados de luz de tres y cuatro horas diarias en los siete departamentos de la costa, un tema que podría provocar una explosión social.

Cabe anotar que Electricaribe responsabiliza de la falta de liquidez a los problemas de pago de los habitantes de la región, a las conexiones ilegales en los barrios subnormales y a las pérdidas de energía. Estos tres factores llevan a que deje de recaudar cerca del 30 por ciento de lo facturado. Según la empresa, en una década el hueco por estos conceptos asciende a 4 billones de pesos. De esos recursos 170.000 millones corresponden a deudas de entidades públicas como colegios, hospitales, acueductos, entre otros.

Para el gobierno y los dirigentes de la región estos argumentos no son del todo válidos. Un informe de la Superservicios reveló que el no pago en barrios subnormales y en zonas de difícil gestión no representa más del 9 por ciento del total de la facturación. Esto no justifica que preste un servicio tan deficiente, pues suspende la luz hasta 90 horas al año, tres veces por encima del promedio nacional (ver gráfica).

El país espera de aquí en adelante que la empresa cumpla el cronograma previsto y no suceda lo que pasó en Emcali, que permaneció intervenida por más de una década. En esta ocasión se trata de una renovada Superintendencia de Servicios Públicos que analizó muy bien financiera y técnicamente a Electricaribe antes de proceder con la toma de posesión.

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