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| 3/14/2017 3:15:00 PM

Españoles anuncian que demanda contra Colombia está en pie por Electricaribe

La compañía Gas Natural Fenosa dice que está dispuesta a mantener un diálogo abierto con el gobierno colombiano para buscar una solución diferente a la liquidación de la compañía.

La compañía Gas Natural Fenosa, dueña del 85 por ciento de Electricaribe, no aceptó la decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos de liquidar a su filial y anunció que seguirá adelante con la demanda contra el país ante los organismos internacionales.

“Dada esta situación de hechos consumados, a Gas Natural Fenosa no le queda otra alternativa que acudir a una institución internacional para que resuelva la situación creada en la forma prevista en el Acuerdo de bilateral de protección recíproca de inversiones entre España y Colombia, vía que ha estado demorando hasta el momento voluntariamente”, dijo a través de un comunicado la multinacional luego de conocer la decisión adoptada por Superservicios.

Consulte: Pensionados ¿la siguiente amenaza de Electricaribe?

La instancia a la que se refiere es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi) del Banco Mundial, al que acuden muchas compañías para resolver controversias con gobiernos frente a tratados de libre comercio. Aunque Gas Natural no mencionó una suma específica desde hace seis meses se mencionaba que la demanda superaría los 1.000 millones de euros, es decir, más de 3,2 billones de pesos.

La compañía española formuló un llamado al gobierno nacional para que deje sin efecto la medida de liquidación y busquen una solución satisfactoria para la prestación del servicio de suministro eléctrico en la zona.

“Gas Natural Fenosa ratifica su voluntad de seguir negociando con el Gobierno de Colombia para alcanzar un acuerdo que, dotando a la empresa colombiana de un marco regulatorio adecuado, establezca la necesaria regulación jurídica y económica que le permita continuar operando Electricaribe, y llevar a cabo las inversiones convenientes, insistió la compañía. Además, indicó que la liquidación de Electricaribe va en contra del proceso de diálogo que en los últimos meses se han realizado con el gobierno nacional.

En efecto, altos directivos de la compañía española viajaron a Colombia en varias ocasiones con el objeto de llegar a un acuerdo. Y recientemente la canciller María Ángela Holguín, en una reunión en Madrid dio a entender que se trabajaba en este tema para no afectar las inversiones.

Sin embargo, hay que señalar que la única manera de llegar a un arreglo era que Gas Natural se comprometiera a realizar inversiones que superan el billón de pesos para mejorar las redes y la infraestructura, recursos que hacían parte del plan 5 Caribe, que la empresa incumplió.

Precisamente esta es una de las razones de la liquidación, la falta de inversión que terminó por ocasionar la prestación de un mal servicio que estaba causando problemas a los más de 10 millones de habitantes de la costa Atlántica para los que la empresa se convirtió en un calvario.

De ahí que en la Costa se haya recibido con júbilo el anuncio de la liquidación de la compañía que está en el país desde el año 2000. Los principales dirigentes de la región aplaudieron la medida. El representante a la Cámara David Barguil dijo que hoy la región está de fiesta con esta noticia porque llevaban más de cuatro años denunciando los abusos de esta compañía y anunció que estarán vigilantes para que el proceso de búsqueda de un nuevo operador se realice de manera transparente.

Sin embargo, la compañía española sostiene que si bien es un hecho reconocido la necesidad de más inversiones en la zona, no se puede ignorar que el problema fundamental es que Electricaribe arrastra una deuda de sus clientes superior a los 1.300 millones de euros. Entre ellas están deudas de organismos públicos colombianos como alcaldías, gobernaciones, hospitales, que les adeudan más de 350 millones de euros, con el agravante de que no existe un marco regulatorio que proteja suficientemente los intereses de la compañía eléctrica, e impida que se vea obligada a suministrar energía sin poder cobrar.

Dice que el marco regulatorio actual no tiene en cuenta las especificidades de la zona del caribe y los problemas que presenta.

Con estos argumentos la compañía está dispuesta a dar la pelea pero el superintendente José Miguel Mendoza dice que tomó la decisión de manera técnica porque Electricaribe no solo no prestaba un buen servicios sino que estaba en quiebra y no tendría el flujo de caja necesario para cumplir con sus deudas que ascienden a 2,4 billones de pesos.

En torno a las versiones que han surgido en algunos medios de comunicación españoles sobre una posible expropiación de Electricaribe por parte del gobierno colombiano, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, señaló que esta figura no se ha aplicado en el país y que el gobierno no quiere quedarse con la compañía. Su intervención o toma de posesión es temporal, mientras se surte el proceso de conseguir un nuevo operador, se venden los activos y se pagan las obligaciones pendientes. En caso de que haya algún remanente se le entregará a la compañía. En el mismo sentido se pronunció Mendoza quien sostuvo que la decisión de liquidar la empresa se ciño a legislación colombiana y fue un proceso muy analizado y técnico.

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