Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 1995/07/03 00:00

GAS NERVIOSO

En el escándalo del gas de La Guajira hay más debate político que defensa de la soberania nacional.

GAS NERVIOSO

A PRIMERA VISTA SE TRAtaba de un coctel con sabor a escándalo. Por esa razón cuando la semana pasada el contralor general de la República, David Turbay, acusó a Ecopetrol y al Ministerio de Minas de haber cedido a la presión ejercida por la Texas Petroleum Company para seguir explotando el gas de La Guajira, buena parte de la opinión se colocó de su lado. Para muchos se trataba de otro zarpazo más de las multinacionales en contra de los intereses de la Nación. "Si no hubo chantaje demuestra una pobre capacidad negociadora de Ecopetrol ", sostuvo el senador Hugo Serrano.
El caso parecía tan evidente que el propio Turbay le dijo al programa radial Viva FM que "nosotros vamos a proceder a adelantar, como corresponde, el proceso a plenitud y caiga quien caiga, del presidente hacia abajo".
Semejante advertencia estaba ligada a un negocio que todavía tiene mucha tela por cortar. Se trata de la construcción de una segunda plataforma marina para extraer el gas que se encuentra en el área de Chuchupa, enfrente de Riohacha. La puesta en marcha de este proyecto es, según el gobierno, indispensable para garantizar el adecuado suministro del combustible, debido a los planes de construcción de nuevas termoeléctricas y a los proyectos de masificación del consumo de gas natural en 1,5 millones de hogares.
Aunque desde hacía tiempo se sabía que era necesario ampliar la capacidad de producción en Chuchupa, la negociación no se había hecho, entre otras razones porque sólo a partir de 1997 habría demanda adicional para justificar la expansión.
Cuando Ecopetrol y la Texas se sentaron a la mesa, esta última dijo estar dispuesta a construir la nueva plataforma a cambio de que se prorrogara el actual contrato de asociación que vence en el año 2004. Parte de esa propuesta fue aceptada por la empresa colombiana, que firmó una carta de intención con la condición de que se recibiera la luz verde de la junta directiva. Esta última consideró, sin embargo, que prorrogar el contrato de asociación era un cambio radical de cara en la política petrolera. En consecuencia, se acabó diseñando un esquema según el cual una subsidiaria de la Texas construirá y operará la nueva plataforma hasta el año 2016, Y a cambio recibirá pagos del 13,6 por ciento anual en promedio sobre el valor de la inversión, estimado en 100 millones de dólares (en las carreteras y las obras eléctricas recientes esa rentabilidad ha estado entre el 15 y el 20 Por ciento). El Proceso contó con una visita de un alto ejecutivo de la Texas; quien se entrevistó con el presidente Samper en el mes de marzo.
Probablemente el episodio no habría pasado a mayores si éste no le hubiera dado la oportunidad al contralor Turbay de pasarle una cuenta de cobro vieja al gobierno, y en particular al ministro de Minas, Jorge Eduardo Cock. La relación entre ambos se agrió desde comienzos del año por el tema del racionamiento y no ha mejorado desde entonces.
De tal manera, lo que en otras circunstancias habría sido visto como un negocio discutido, acabó siendo denunciado como un chantaje por parte de una multinacional. Y aunque el negocio puede prestarse para debates, la discusión no dejó de tener excesos. Una cosa es creer que Ecopetrol va a pagar demasiado y otra pensar que el hecho de recibir a un ejecutivo de una compañía con intereses en el país es indebido. Si eso fuera así, el presidente Samper debería abstenerse de charlar con cualquier empresario nacional o extranjero porque podría comprometer la independencia decisoria de la nación.
Sin embargo, más allá de esa discusión bizantina está el tema importante. La expiración de los primeros contratos de asociación firmados entre Ecopetrol y diversas compañías ya empieza a verse en el horizonte. Ese hecho está dando origen a una gran cantidad de vacíos que no se previeron en 1974 cuando se le dio luz verde al mecanismo. En ese sentido, un ala del gobierno es partidaria de flexibilizar los términos de algunos contratos, un tema sensible en ciertos sectores. Esa discusión asegura que aunque el escándalo de la semana pasada fue el primero de esa magnitud en épocas recientes, ciertamente no será el último.

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