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| 1/8/1996 12:00:00 AM

GUERRA A LAS COLAS

El gobierno pretende acabar con un vicio tan arraigado en Colombia como la tramitomanía, y aunque han sido muchos los aplausos, no han faltado las críticas.

TAL VEZ EL UNICO INCENTIvo que tenían algunos funcionarios de la Presidencia de la República a las tres de la mañana del lunes pasado era que ese sería el último trámite engorroso que tendrían que adelantar relacionado con la administración pública. Esta vez no se trataba de hacer una larguísima cola o de rogarle a un funcionario que adelantara una gestión sin necesidad de pedir una 'mordida', sino de eliminar de un tajo cuanto trámite innecesario existía y de agilizar el resto.
La medida, aunque aplaudida por muchos, no dejó de ser controvertida. "Cada trámite le servía a un funcionario público, de manera que muchos han protestado y seguramente llegarán muchas demandas, pero estamos preparados para enfrentarlas", dijo a SEMANA la consejera para la administración pública, Nubia Stella Martínez. Y en eso fue que se pasaron la noche del lunes, revisando cada norma y dejando a un lado otras cuantas, para evitar que se las tumbaran. Uno de los principales requisitos era que no estuviera en contra de códigos, leyes estatutarias o leyes orgánicas.
Aunque el decreto salió el martes anterior e inmediatamente comenzó a regir, la verdad es que la eliminación de la tramitomanía tiene una larga historia en el país. Desde la administración Gaviria se comenzo a hablar de la necesidad de eliminar ciertos trámites, pero sólo el 5 julio de este año la idea tomó cuerpo, con la expedición de la ley 190 o Estatuto Anticorrupción, que le dio facultades extraordinarias al Presidente -que se vencían la semana pasada-, para meterse con el 'papeleo' ante la administración pública. Lo que hizo el gobierno desde julio fue crear un grupo de trabajo coordinado por el Ministro de Justicia, que se reunía todos los lunes, con la presencia de los consejeros para la administración pública y el desarrollo institucional y con funcionarios de la secretaría jurídica de la Presidencia. Por un lado el grupo trabajó con las regiones, por el otro con los gremios, las universidades, las instituciones, etcétera, y obviamente, buscó análisis provenientes de la misma administración pública.
Pero ¿qué fue lo que hizo el gobierno? En síntesis, le metió mano a 203 tipos de diligencias que adelantan los particulares ante la administración pública, sobre bases como la presunción de la buena fe; el encargo de la mayoría de los trámites que son necesarios a la entidad que los requiere y no a la persona a quien se los piden -como es el caso de los antecedentes judiciales en el DAS-, la ampliación de las vigencias de documentos como el pasaporte ordinario -que será de 10 años- o la licencia de conducción, y la abolición de papeles como el certificado de vigencia de documentos de identidad. En el caso de que alguien requiera un duplicado del documento de identidad, podrá solicitarlo por correo con la huella dactilar.
Otros cambios fueron la prohibición del uso de sellos, la imposibilidad de exigir documentos autenticados, la opción de pagar las obligaciones con el Estado a través de cualquier medio de pago -incluidas transferencias electrónicas, y la consignación en cuentas corrientes o de ahorro en caso de que sea el Estado el que tenga la obligación. Adicionalmente, el gobierno suprimió las licencias de funcionamiento, que son reconocidas como una fuente de corrupción; los registros de diploma y la obligación de revisar anualmente los vehículos. Por otro lado, los niños podrán viajar en compañía de sus padres sólo con el pasaporte, y las entidades públicas o privadas no podran exigir la presentación de la libreta militar. También optó por dejar una sola licencia ambiental, en lugar de varios permisos. Y en cuanto a las licencias de urbanismo, las expedirán curadores urbanos particulares y no las oficinas de Planeación Municipal.
Este es sin duda el golpe más bajo que se le haya dado a la tramitomanía, uno de los vicios más arraigados en Colombia, pero aún falta su puesta en marcha. Según Nubia Stella Martínez, "va a ser tenaz, pero no por eso podíamos dejar de hacerlo. Además, se establece que el funcionario que no cumpla con los nuevos deberes incurrirá en una causal de falta gravisíma, con la posibilidad de ser sancionado o desvinculado del cargo".
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