Lunes, 16 de enero de 2017

| 2007/11/03 00:00

¡Hagan fila!

El programa Familias en Acción llegó a las grandes capitales. El gobierno se la juega con esta política social asistencialista. Analistas dudan de su efectividad en las ciudades.

La entrega de subsidios en Ciudad Bolívar en Bogotá desbordó todas las expectativas y planes que se tenían.

La primera entrega masiva de subsidios del Programa Familias en Acción en las grandes ciudades desbordó todas las previsiones. Hace un par de semanas, los colombianos vieron cómo miles de personas en Bogotá y en algunas otras ciudades del país soportaron largas colas al sol y al agua para recibir este dinero en efectivo que les otorga el gobierno. El esquema que se tenía montado para efectuar el pago estuvo a punto de colapsar en la capital de la República donde 70.000 nuevas familias ingresaron como beneficiarias.

La romería de las últimas semanas es el resultado de la ampliación del programa que inicialmente estuvo circunscrito a zonas rurales apartadas, pero que el presidente Álvaro Uribe acaba de llevar a las grandes ciudades donde, por supuesto, también hay pobres.

Familias en Acción está hoy en 1.093 municipios del país, de los cuales 42 son grandes y medianas ciudades. La cobertura se amplió a un millón y medio de familias del nivel 1 del Sisbén (hogares en condición de extrema pobreza), para abarcar a siete millones de colombianos, lo que significa un crecimiento del 300 por ciento en el número de beneficiarios en sólo este año. Esta política quiere romper el círculo de la reproducción de la pobreza, mediante la transferencia de dinero en efectivo a los hogares con hijos menores de 18 años. El subsidio está condicionado a que los pequeños que están en edad escolar vayan a la escuela y que asistan a controles médicos. En promedio una familia vinculada al programa podría recibir entre 400.000 y dos millones pesos en un año, al combinar los subsidios de nutrición y educación.

El programa, heredado del presidente Andrés Pastrana, ha tenido resultados exitosos. Las primeras evaluaciones en las poblaciones rurales mostraron efectos positivos sobre la asistencia escolar, el consumo de proteínas y la lactancia materna. Un niño de Familias en Acción creció más de un centímetro en promedio, frente a otro fuera del programa. Y en retención escolar se encontró que los niños beneficiarios asistieron más a las aulas, tanto en primaria como en secundaria.

Este alto impacto que tuvo en su primera fase, cuando se atendieron cerca de 200.000 familias en ciudades apartadas, respaldó la decisión del gobierno de llevarlo a los centros urbanos. La ampliación, sin embargo, ha generado muchos interrogantes relacionados no sólo con la capacidad del Estado para financiarlo y hacerlo sostenible, sino con los beneficios sociales que busca.

La financiación parcial de la segunda fase del Programa Familias en Acción, entre 2008 y 2010, se hará con un crédito por 1.500 millones de dólares con el Banco Mundial y con recursos del presupuesto nacional. El presidente Álvaro Uribe quiere en 2009 llegar a dos millones de familias beneficiadas, y a tres millones cuando termine su mandato.

Muchos interrogantes

En general, los programas de asistencia social generan un gran debate en el mundo y por supuesto en Colombia. Para el mexicano Santiago Levy Algazi, actual economista jefe del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), "la política social debe incentivar a la gente a buscar ocupaciones más productivas".

"Acostumbrar a la gente a recibir plata del Estado es peligroso", señala el ex director de Planeación Nacional Juan Carlos Echeverry, quien conoce muy de cerca el Programa de Familias en Acción, toda vez que fue uno de sus gestores durante la administración Pastrana. "Me preocupa que terminemos regalando la plata".

No obstante, la gran mayoría de los analistas reconocen la efectividad del programa en las zonas rurales, mas no hay tanta confianza sobre su impacto en grandes capitales, como lo resalta el decano de economía de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria. "Según la experiencia internacional, los efectos sobre la asistencia escolar son mucho menores en las zonas urbanas -dijo a SEMANA-. Además, en las grandes ciudades, el programa puede tener efectos negativos sobre la participación y la formalización laboral, especialmente si se acompaña de otros programas asistenciales como los subsidios de vivienda y auxilios alimenticios. Los resultados en áreas urbanas no son extrapolables".

También ha generado polémica la oportunidad con que el gobierno decidió extender la cobertura, justamente en el período preelectoral que acaba de terminar. ¿Qué político no querría cobrar para sí réditos electorales de un programa social tan exitoso? La respuesta parece obvia. En época de campaña todo sirve para sumar votos.

Sin embargo, el alto consejero presidencial para la Acción Social, Luis Alfonso Hoyos, afirma que la única base para la escogencia de los beneficiarios es la clasificación que hace el Sisbén y asegura que hay controles para evitar que sea una selección a dedo.

Antes de llegar a las ciudades capitales se hicieron estudios para determinar cómo adaptar el programa a las condiciones de los grandes centros.

Por ejemplo, se detectó que en Bogotá, a diferencia de ciudades apartadas, la deserción escolar no se da en primaria, sino en los tres últimos años de secundaria. Por ello en la capital, Familias en Acción fue diseñado para apoyar a los jóvenes de octavo, noveno y décimo, de tal manera que terminen sus estudios de bachillerato.

Además el plan se está conectando con las acciones y los apoyos que entregan diversas instituciones del Estado, como el Icbf, el Sena, la banca de las oportunidades y el Icetex. Familias en Acción pasó a ser el eje de la red de protección social del Estado. El programa incluye además encuentros con madres, niños y jóvenes, con el propósito de trabajar en temas complicados como el embarazo de adolescentes y el alcoholismo.

Para corregir la romería que se presentó este año en el pago, en 2008 se tiene previsto vincular a los beneficiarios a entidades bancarias, lo que les permitiría recibir el dinero de una manera más cómoda. La medición del impacto del Programa en Bogotá se hará el próximo año de tal manera que se pueda certificar si la familia permanece o sale de la red y qué tan efectivo es en las ciudades.

La verdad es que en un país donde la pobreza cobija al 45 por ciento de la población, según las cifras oficiales, cualquier esfuerzo parece pequeño. El gobierno está convencido de que Familias en Acción puede ser la puerta de salida de la pobreza de millones de colombianos. Ojalá tenga razón.

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