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| 11/5/1990 12:00:00 AM

HASTA LOS RINES

En las Empresas Públicas de Barranquilla se baten todos los récords de saqueo.

Hace cinco años más de la mitad de los barranquilleros no tenían acueducto, alcantarillado, teléfono, ni quien recogiera sus basuras. Entonces, se logró un acuerdo con el Banco Mundial para ampliar la cobertura de estos servicios y mejorar la eficiencia operacional de las Empresas Públicas Municipales. Un programa a un costo de US$41.6 millones, unos 22 mil millones de pesos. Hoy, cuando el proyecto debería haberse ejecutado en su totalidad, la situación sigue igual o peor que antes. Un panorama similar afrontan el Instituto de Seguros Sociales, el Servicio Seccional de Salud y muchas otras entidades barranquilleras sometidas a la voracidad política, al desgreño administrativo, al saqueo irreverente y a la impunidad. Es pan de cada día hablar de irregularidades en cualquiera de estas entidades. Toda la magnitud del problema se refleja, por ejemplo, con sólo ojear la página dedicada a la capital del Atlántico por los periódicos costeños. En un solo día traían estas denuncias:

"Diez destituidos por robo en EPM"; "Hay que militarizar el Acueducto"; "Nueva lista de morosos del Impuesto Predial"; "Investigan pérdidas de jeringas en Servisalud"; "Juez investigará los robos en las EPM"; "También se robaron dos motores del Acueducto"; "Barranquilla necesita Consejería Presidencial para servicios públicos".. .

Y es que los excesos han llegado a extremos inusitados. Ocho grandes incendios ocurridos en una semana, no pudieron controlarse por falta de agua. En Baranquilla un seguro contra incendio vale un 20% más que en cualquier otra parte del país, si es que se otorga. En tres meses, el nuevo alcalde Miguel Bolívar, ha recibido diez sere natas de ollas vacías de las amas de casa en protesta por la falta del suministro de agua potable. Y entre chiste y chanza, los barranquilleros dicen que su ciudad es el campo de golf más grande del mundo cuando hacen referencia al estado de las vías.

La historia de estos desafueros no es nueva. Con cada cambio de administración se revuelve el avispero. Sin embargo, los nuevos gobernantes de Barranquilla aseguran que "ahora sí todo se solucionará". Pero a estas alturas todo el mundo cree que se está repitiendo la historia del pastorcito mentiroso. Esta es la segunda vez que la ciudad fracasa en un intento apoyado por el Banco Mundial para superar la crisis de sus servicios públicos. Entre 1973 y 1979, se ejecutaron contratos que dejaron como saldo 30 kilómetros de tuberias inutilizadas, un tanque elevado al que nunca llega agua y el 52% de total de agua que produce el acueducto perdido a través de las fugas que hay en las redes de distribución. Hoy, para arreglar estos daños, porque las pólizas de garantla ya se vencieron, se necesitan cien millones de pesos. En ese mismo barril sin fondo, acaban de perderse 14 mil millones de pesos que transfirió el gobierno nacional a las EPM para tratar de salvarlas.

La credibilidad está en ceros. Por eso cuando el hoy gerente de las Empresas Públicas Municipales, Alvaro Dugand Donado, asegura que necesita apenas 26 mil millones de pesos para sacar adelante esta entidad surge la misma pregunta de hace cinco años: ¿será que ahora sí?. Precisamente, en junio de 1985, 250 mil barranquilleros enviaron una carta al presidente Belisario Betancur, pidiendo la despolitización y el racionamiento de las EPM. Nada se cumplió. En 1990, los gerentes de las EPM, Alvaro Dugand Do nado; del Aseo, Rafael Uribe Barrios, y del Acueducto, Alfredo Menéndez, reconocen que son amigos personales del senador liberal José Name Terán, y que fue él quien los recomendó para ocupar sus posiciones. Y aunque Dugand Donado aclaró a SEMANA que "el doctor Name en nada influye en mis decisiones", no bien concluyó su frase cuando fue interrumpido por su secretaria quien le comunicó que el parlamentario lo solicitaba urgentemente al teléfono.

Las denuncias que han escandalizado a la opinión pública y que obligaron a la intervención del gobierno a través de Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, no son nada nuevas. Quien puso el dedo en la llaga fue la nueva auditora de las EPM, Yaneth Cecilia Suárez Caballero. Cuando asumió su cargo en febrero pasado no podía creer lo que vela: Otorgamiento de contratos no perfeccionados, adjudicación de compras a provedores no inscritos, sobre precios en las compras, adquisiciones que no son controladas por el almacén manejo de fondos rotatorios que perdieron su naturaleza de ser, evasión de impuestos, saqueos permanentes en las diferentes dependencias de la empresa, desorganización total en los kárdex, desatención a las prioridades, pagos por obras no realizadas, salida de equipos que nunca regresaron a la empresa, y un sinnúmero de irregularidades, todas ellas castigadas en el Código Penal.
Hay quienes aseguran que en medio de este caos, fácilmente pudieron de saparecer unos 30 mil millones de pesos en los últimos diez años. "Se escucha diariamente por todos los medios, que el problema de las EPM es financiero. Sin embargo, yo difiero de quienes así piensan; y difiero porque como le he manifestado en varias oportunidades, nada se hace con que se consigan recursos, si el desorden administrativo es cada vez mayor. Y es que no podemos tratar de organizar la empresa cometiendo errores. El problema de la asistencia médica de los trabajadores no se resuelve otorgando contratos no legalizados a entidades privadas, sino buscando soluciones a los pagos del Seguro Social.
La falta de equipos para prestar los servicios en la ciudad no se resuelve con tratando equipos con terceros sino arreglando los de la misma empresa que se deterioran día a día en los patios de las EPM", dijo a SEMANA, la auditora Yaneth Cecilia Suárez.
Esta funcionaria fue quien en verdad destapó la "olla podrida" de las EPM. Un mes después de posesionarse en su cargo ya habla llevado ante la justicia las primeras denuncias penales sobre lo que allí sucedía. Uno de los casos que de muestra hasta dónde llegó la corrupción, es el del anterior auditor Marco Tulio Gutiérrez, quien manejaba seis firmas proveedoras de las EPM. Entre ellas "Inversiones Saaher Ltda.", "Fragancias M.G. Ltda." y "Amet Ltda"., en suministros que de acuerdo con investigaciones preliminares ascienden a los mil millones de pesos. En la mayor parte de los contratos se detectaron sobrefacturaciones (artículos de $1.000 son cobrados a $2.500) y muchas de las "compras" nunca ingresaron a las bodegas del almacén de las EPM. Las adquisiciones aparecen siempre con su visto bueno.

Una de las claves de todo el lío de las EPM se encuentra en la contratación. En sólo 30 años de historia, la empresa de Acueducto de Barranquilla ha tenido tres gerencias que han funcionado en tres edificios diferentes construidos dentro de la misma sede. Dentro de este mismo mal de la "contratitis" se resaltan los acuerdos hechos con diferentes firmas de ingenierla y asesoría nacionales y extranjeras, para realizar diagnósticos y estudios sobre la situación de los servicios públicos o de las mismas EPM. Sólo en 1989 se gastaron 380 millones de pesos en esta clase de trabajos con compañías como Hidrosan, Integral, Enrique Alba, Asesores Financieros, Compañía General de Agua y con Mike Bolaños, del Banco Mundial. En este último caso, se pagaron al ingeniero guatemalteco 143 mil pesos diarios y seis pasajes aéreos de Orlando, Florida, a Barranquilla, ida y vuelta. En total se gastaron 39 millones de pesos en un estudio cuyas recomendaciones generales no serán acogidas por las EPM, según advirtió a SEMANA el nuevo gerente, Alvaro Dugand Donado.

Una de las plantas de tratamiento de agua, la número cinco, construida hace apenas cuatro años se encuentra paralizada por la falta de repuestos de uno de sus motores. Como solución, la nueva administración ha propuesto la construcción de una nueva planta de tratamiento cuyo costo será el doble de la que se encuentra fuera de servicio. Según la auditora Yaneth Suárez, este es otro de los ejemplos de lo absurdo. Ya se está pensando en nuevo contrato, en lugar de conseguir los respuestos para reparar el motor dañado. En un caso similar, una máquina extractora de sedimentos de cañerías, cuyo costo es de 60 millones de pesos, está inutilizada, desde hace dos años, por un repuesto (un motor de arranque) que valla en esa época $600.000 y hoy cuesta cuatro millones de pesos.

Pero si en el Acueducto llueve, en la empresa de Aseo no escampa. Durante una de las más debatidas administraciones de las EPM, dirigida por Marina San Miguel de Melo, fueron importadas varias compactadoras sobre las cuales se le reconocieron a la Administración de Impuestos mil millones de pesos por concepto de nacionalización, Después de haber desembolsado la millonaria suma, se descubrió que la importación estaba exenta de gravámenes. Y como si fuera poco, la gerencia pagó 180 millones de pesos a un abogado particular para recuperar los mil millones de pesos. En esos ires y venires, la compactadora terminó tirada en un taller de mantenimiento de las EPM por falta de repuestos.

Otra de las perlas en materia de contratación de las EPM tiene que ver con la privatización de la recolección de basuras. En Barranquilla se producen diarimente 1.200 toneladas de desechos. De esas, la empresa de Aseo se encarga de 700 toneladas, la firma venezolana Sabenpe C.A. 250 toneladas y queda un remanente sin recoger de más de 200 toneladas. A raíz de la deficiencia del servicio, en Barranquilla cuesta $14.800 cada tonelada de basura recuperada, cuando el promedio nacional de ciudades es de $5.200 por tonela da. Un programa de la Oficina Técnica de las EPM, llevó a un rediseño de rutas de recolección y aumento de la jornada laboral que redujo los costos por tonelada a $6.500. Con eso, según la entidad, se eliminaba la necesidad de contratar con particulares. Sin embargo, la pasada administración municipal subcontrató la prestación del servicio en el 40% de la ciudad con particulares a un costo de $9.730 por tonelada. Eso, según el Departamento Nacional de Planeación y el mismo Conpes, se traduce en un costo adicional de mil 200 millones de pesos al año para las EPM. Como caso curioso, este servicio se presta sólo para el norte de la ciudad donde están los hoteles y los barrios residenciales.

De acuerdo con un documento oficial, conocido por SEMANA, esta contratación "contraría explícitamente una de las cláusulas del convenio de préstamo con el Banco Mundial, según la cual las EPM deben obtener el consentimiento del banco para incurrir en gastos superiores a US$200.000 durante una vigencia fiscal". Pero no sólo el Banco Mundial. Planeación Nacional y el Conpes están en contra de este contrato. Hasta el mismo gerente de la empresa de Aseo reconoce que la privatización no era necesaria. "Todo el lío de las basuras se hubiera obviado corrigiendo las fallas de la empresa que la hacen inoperante. El 15% del equipo está en talleres, hay racionamiento de combustible y las convenciones colectivas tienen sobre protegidos a los trabajadores y los hacen intocables", aseguró Rafel Uribe Barrios, gerente de la empresa de Aseo. Sin embargo, no se declara abiertamente contrario al convenio con Sabenpe C.A. porque su jefe político, José Name Terán, lo avala, como él mismo lo reconoce.

En medio de todo este caos, ha surgido una gran controversia en Barranquilla sobre la verdadera solución para las EPM. Eso ha enfrentado a dos bandos. El primero, encabezado por la auditora Yaneth Cecilia Suárez quien afirma que la salida es corregir el desgreño administrativo y la falta de ética de quienes tienen a su cargo el manejo de las empresas. El segundo, está acaudillado por el gerente de las EPM, Alvaro Dugand Donado quien asegura que en un mes tiene corregido el problema administrativo y que lo único que falta es plata. La empresa, según él, requiere 26 mil millones de pesos para quedar al día y es tal su optimismo que advierte que en dos años se retira dejándola al día. Su propuesta está basada en dos fideicomisos con La Previsora (aseguradora nacional), uno de garantia y otro de administración y pago, contratos que según Dugand daran la suficiente liquidez y solvencia para recuperar la imagen de las EPM. A eso le suma la recuperación de cartera de Impuesto Predial por siete mil millones de pesos, la venta de 63 lotes por $7.200 millones y la cesión que la ciudad le hará a la empresa del Impuesto Predial durante diez años. Incluso, la nueva administración ya planea contratar obras de acueducto y alcantarillado por doce mil millones de pesos.

Pero la auditora señala que por ahí no es la cosa. El pasado 4 de agosto se vio obligada a conceder una rueda de prensa en la que entregó a la opinión pública los excesos y arbitrariedades de los administradores de las EPM. Demostró cómo los químicos para el tratamiento de agua eran llevados de noche a los almacenes para evitar su revisión de entrega, la cual fue exigida por su oficina. Exigió claridad sobre el negocio de la venta de agua a carros tanque particulares que cargan cada viaje por $300 en la boca toma del acueducto y que luego venden en los barrios populares a precios que fluctúan entre los doce mil y quince mil pesos. También pidió respuestas del porqué entre las cinco y las ocho de la mañana, los carrostanque reciben el líquido en forma gratuita. Igualmente, solicitó un inventario exhaustivo de los bienes manejados por el almacén de las EPM. Como hecho curioso, el almacenista Marcos Mercado desatendía por esos días la tercera orden de destitución en su contra firmada por la gerencia, y cuando por fin se retiró la semana pasada de su cargo se negó a firmar un inventario porque como lo dijo en una declaración él no había recibido ningún inventario cuando llegó. Hoy cursan varios procesos penales en su contra.

Una de las formas más curiosas de manejar dineros sin control en las EPM es la utilización indebida de los Fondos Rotatorios (mantenimiento, gerencia de las EPM, gerencia de Acueducto y Alcantarillado, gerencia de Aseo y servicios varios, jardín zoológico y casino). Entre todos manejan cerca de 25 millones de pesos que se liquidan en algunas ocasiones dos veces al mes. Para completar hay diez cajas menores, en gerencias y subgerencias, que salen de toda vigilancia. Es tos fondos se manejan acudiendo a la figura de la "urgencia". De esta forma toda compra que se hace en las EPM se volvió urgente. Por ejemplo, con los dineros del Fondo de la gerencia de las EPM, en la administración pasada, se compraron dijes para celebrar el día de las secretarias. Y con fondos del Jardín Zoológico fueron adquiridos se millas, grama y árboles que nunca se sembraron.

A este ritmo ningún mecanismo de control aguanta. Hasta ahora se habla, por primera vez, de denuncias penales. Ha sido tal el grado de impunidad, que en las EPM brotó casi que por generación espontánea la llamada sub cultura del latrocinio. El 4 de agosto pasado, mientras la auditora denunciaba los desafueros cometidos en la entidad, de una de las plantas del acueducto fueron robados dos motores trifásicos que servían para mover los compresores de tratamiento. Un día después, uno de los obreros encargados de esa área, denunció a sus jefes inmediatos, tres ingenieros, la desaparición de los motores. Estos a su vez comunicaron del robo al subgerente de operaciones Gustavo Gutiérrez Vargas quien archivó en su escritorio la queja. Sólo el 26 de septiembre pasado vino a denunciarse la situación. Diez empleados fueron destituidos por la acción y el subgerente desvinculado por la omisión.

Lo cierto es que hoy, después de dos programas respaldados por el Banco Mundial y varios miles de millones de pesos vaciados en una olla sin fondo, el 7% del agua se pierde en el mismo acueducto, el 20% en la ciudad por fugas, el 26% por fraudes, se factura sólo el 47% del servicio y se recauda apenas sobre el 30%. Hoy la tercera parte de los barrios de Barranquilla no tiene agua potable, el 40% no cuenta con alcantarillado, el 50% de la ciudad carece de la recolección de basuras, hay un déficit de 150 mil líneas telefónicas, los CAI no funcionan porque no tienen teléfono y la cobertura hospitalaria apenas cobija al 40% de la población.

En medio del optimismo de la nueva administración municipal, del pesimismo de la población en general y de un ultimátum proferido por el gobierno nacional, las EPM siguen debatiéndose en el mismo mar turbulento de hace cinco años cuando también se dijo que todo iba a cambiar.
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