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| 10/25/1982 12:00:00 AM

HERIDA DE MUERTE

La crisis financiera ha dejado en claro la necesidad de cambiar la legislación bancaria que no se ha modificado desde 1923.

Aunque todo el mundo está de acuerdo en modificar la legislación bancaria, la proliferación de proyectos y la forma de definirlos ha creado profundas discrepancias entre quienes supuestamente componen ese coro de unanimismo.
Tal fue la situación entre la bancada del Nuevo Liberalismo en el Congreso. Uno de sus más legítimos exponentes Rodrigo Lara Bonilla, en un debate con el ministro de Hacienda afirmó que presentaría al parlamento un proyecto de ley proponiendo la nacionalización de la banca. El anuncio, por su trascendencia y porque lo acontecido en México sirvió como campanazo de alerta en cuanto a los posibles alcances de la crisis financiera en Colombia, se difundió como llama que lleva el viento y motivó titulares en las primeras páginas de varios periódicos.
A los pocos días, el representante Hernando Agudelo Villa, miembro del mismo grupo político, dio a conocer un proyecto de ley con un título sorprendente: "Alternativa a la nacionalización del sector financiero".
El proyecto había sido elaborado por Agudelo y por Gabriel Rosas, y ampliamente difundido en "El Espectador", quedando así al descubierto un desacuerdo interno entre los miembros del Nuevo Liberalismo que, según algunos observadores, se trata de una profunda diferencia de criterios entre galanistas y lleristas. Fue necesario, entonces,que el jefe político de unos y otros, el ex-presidente Lleras Restrepo, dijera la última palabra en un editorial de"Nueva Frontera": "Soy enemigo de la mal llamada nacionalización "
El ex-presidente, considerado por sus seguidores como uno de los más progresistas ideólogos del partido, ha sido hasta el momento quien más enfáticamente ha desechado la posibilidad de nacionalizar la banca. Según afirma, una banca estatal, ante la eventualidad de caer en manos de un gobierno clientelista, sería deplorable y pondría en tela de juicio la libertad de los ciudadanos.
TRES PROYECTOS
Quedan entonces, por el momento, tres proyectos de ley para el estudio del Congreso: el de Agudelo y Rosas, el de Gerardo Molina y el del oficialismo liberal.
El principal objetivo del primero es agilizar los instrumentos de intervención del Estado en el sistema financiero para que pueda desarrollar en forma menos restringida la búsqueda de su objetivo principal: asegurar que los recursos del ahorro privado se destinen a actividades productivas.
En los últimos años y con la complicidad de los dos gobiernos anteriores, se ha permitido lo contrario y se ha retrocedido en la forma como interviene el Estado, según los autores del proyecto. En consecuencia, lo que busca este proyecto es contrarrestar tan inconvenientes tendencias de tal forma que se ponga fin a la compra de empresas con dineros captados del ahorro y para que se controle el inusitado crecimiento de los grupos financieros, que ha obstaculizado el fortalecimiento de la sociedad anónima.
Para alcanzar sus objetivos, el proyecto propone la creación de un Banco Nacional de Desarrollo, que se crearía a partir de la infraestructura -para créditos de fomento que en la actualidad tiene el Banco de la República. Este último funcionaría únicamente como Banco Central y de emisión.
Al mismo tiempo, se propone la creación de un "Bono Nacional de Desarrollo" que sería de absorción obligatoria por parte de los intermediarios financieros y unificaría la gran cantidad de ellos que existen en la actualidad.
Finalmente, el proyecto incluye el traslado de la Junta Monetaria al Ministerio de Hacienda, en razón de sus funciones como definidora de parte de la política económica.
DEFENSA DEL AHORRADOR
Un segundo proyecto será presentado por el senador Gerardo Molina.
Según se ha anunciado, éste incluirá radicalmente la propuesta de nacionalizar la banca privada para impedir que ejercicios de una libertad mal entendida se reflejen en situaciones como la que ha vivido el sistema financiero en los últimos meses. Finalmente, el liberalismo oficialista también tiene su proyecto. Fue elaborado en el Instituto de Estudios Liberales y aprobado en la Junta de Parlamentarios Turbo-Lopistas. Su objetivo central es establecer una protección efectiva al ahorrador. Con este fin, se define la actividad financiera como servicio público y se reemplaza el actual permiso de funcionamiento que otorga el Estado a las entidades, por una concesión. Esto permite un mayor control y vigilancia sobre los intermediarios financieros, mediante la aplicación de la figura de caducidad administrativa: el Estado puede, una vez dadas las circunstancias previstas por la ley, retirar la concesión.
El proyecto, además, define los grupos económicos introduciendo la figura de control: "la facultad o el poder de designar la mayoría de los miembros de la junta". Se separan luego los grupos financieros y los grupos mixtos, introduciendo desincentivos a los segundos con el fin de evitar la compra de empresas industriales mediante el capital financiero.
Finalmente, se fija la solidaridad y la responsabilidad ilimitada por parte de todas las personas que controlan el grupo, con respecto a sus pasivos para con el público.
Como se observa, entre los dos proyectos presentados por el Partido Liberal hay algunas coincidencias: el interés de modernizar la estructura legal del sector financiero, el acentuamiento de la intervención del Estado, el énfasis en el carácter de servicio público que tiene la actividad, y la necesidad de combatir la compra de empresas con dinero del ahorro.
El objetivo que busca cada cual, sin embargo, varía. Para el Nuevo Liberalismo lo más importante es la utilización de los recursos captados para asegurar que no se desvíen hacia especulación. Para el Liberalismo Oficial, en cambio, lo fundamental es vigilar la captación del ahorro para defender al ahorrador. De todas maneras, ambos propósitos no son, ni mucho menos, excluyentes.
Estos, y otros intentos de modificación de la legislación bancaria y del sistema financiero (como una del Nuevo Liberalismo en el sentido de prohibir las cuentas de ahorro en entidades privadas, que se está estudiando internamente) hacen prever que a la legislación existente desde 1923, no le quedan muchos días.
El propio Gobierno Nacional ha manifestado su voluntad de cambiarla. Creará una Comisión que estudie las reformas posibles, de la que harán parte representantes del gobierno, el Congreso y la banca privada. Por su parte, el ministro de Hacienda, Edgar Gutiérrez, dio a conocer los que en su concepto son los puntos sobre los cuales debe basarse la reforma: modernizar los instrumentos de control, y dotar a las corporaciones financieras de los mecanismos para constituirse en Bancos de Fomento.
Además, fomentar el aumento del ahorro y la garantía de que los recursos captados se destinen a inversión.
Ha llamado la atención el que en la misma reunión en que Minhacienda hizo los pronunciamientos, Rodrigo Lara haya vuelto a insistir en su idea de la nacionalización. El ministro, llerista de vieja data, defendió la idea de que mediante reformas se podría "poner a raya" el sector financiero. Pero, dijo, la tesis del senador Lara Bonilla deberá implementarse "sin demora si las normas de normalidad y disciplina no se llegaren a cumplir"
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