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| 6/15/1992 12:00:00 AM

HUESO DURO DE ROER

La reforma tributaria se convirtió en la primera prueba de fuerza entre el Ejecutivo y el Congreso después de la promulgación de la nueva Carta Política.

HUESO DURO DE ROER HUESO DURO DE ROER
AL FINAL SALDRA LA REFORMA QUE LOS colombianos puedan pagar, y no la que el Gobierno quiere". Con esas palabras resumió el ponente principal de la reforma tributaria en el Congreso de la República, el representante liberal Rodrigo Garavito, el contenido de las discusiones en torno del nuevo estatuto fiscal que han concentrado la atención de los colombianos en las últimas semanas.

Muy pocas veces un proyecto de reforma había sido tan debatido como el actual. No sólo por el hecho de que por primera vez por última quizás, se utilizó el sistema de ponente plural contemplado en la Ley 35 de 1990, que al final se materializó en la presentación de tres informes de ponencia, sino por el esfuerzo que hicieron los miembros de la subcomisión de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, nombrada para el efecto, por escuchar las opiniones respecto a la reforma de todos los sectores representativos del país.

El proyecto de reforma tributaria se ha convertido, además, en la primera prueba de fuerza entre Gobierno y Congreso bajo las nuevas reglas del juego introducidas por la Constitución de 1991. Y eso lo tienen muy presente todos los parlamentarios. Como le dijo uno de ellos a SEMANA, "este es sin lugar a dudas el proyecto de ley más importante para el Gobierno y de antemano se sabía que tendría que pagarlo caro ".

Lo cierto es que la discusión en torno del proyecto ha dejado de ser un problema puramente económico, en el que lo importante son las cifras sobre la magnitud del hueco a llenar con los nuevos recursos arbitrados por el Gobierno, para convertirse en un problema político, en el cual se está jugando la suerte de las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo.

Antes de la Constituyente, el Gobierno tenía muchos elementos de "convicción" para conquistar el apoyo parlamentario a sus iniciativas. El Ejecutivo controlaba la burocracia regional a través del nombramiento de gobernadores y alcaldes, y contaba con el poderoso instrumento de los auxilios parlamentarios. Con puestos y plata, los congresistas pedían hacer una política "efectivista" a nivel local, en la que jugaban muchísimo las individualidades.

Con la nueva Constitución las cosas cambiaron radicalmente. La eliminación de los auxilios y la autonomía del Ejecutivo para elaborar el programa social de inversión, les restó a los congresistas el elemento esencial en el quehacer de su política local. Y la elección popular de alcaldes y gobernadores cambió radicalmente el escenario de las decisiones en relación con el manejo de la burocracia.

Por eso no resulta sorprendente que la reforma tributaria haya encontrado tanta oposición entre grupos importantes de parlamentarios, incluidos algunos bloques del Partido Liberal. En palabras de un observador, "las posturas rebeldes buscan "posicionar" frente al Gobierno las conductas individuales de algunos congresistas que se sienten afectados por las nuevas reglas deljuego ".

Eso explicaría, también, la conducta que han asumido los diferentes partidos en el Congreso de la República. Ante un tema tan impopular como la fijación de nuevos impuestos, no es extraño que los grupos conservadores y el M-19 aparezcan bastante cohesionados, y que cada uno de ellos haya decidido presentar, aprovechando su presencia en la subcomisión encargada de elaborar la ponencia del proyecto, un informe separado. Ni que se hayan presentado divisiones al interior del Partido Liberal.

No es extraño, tampoco, que al ministro de Hacienda, Rudolf Hommes, y al propio presidente Gaviria, les haya tocado dedicar buena parte de sus energías a una intensa labor de "lobby" durante los últimos días. En palalas del ponente de la reforma, Rodrigo Garavito. "uno puede ser un Keynes, o un Samuelson, pero sin apoyo logístico aun un proyecto de tanta necesidad como el tributario podría naufragar". Y es ese apoyo logístico el que el Gobierno está tratando de encontrar para lograr la aprobación del proyecto.

Con muy pocas excepciones, ya casi todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de la reforma. No sólo por los desequilibrios estructurales de las finanzas del país, sino por los problemas de tipo coyuntural que han afectado renglones de tanto peso para la economía nacional como el Fondo Nacional del Café y el sector eléctrico.

Es más, hay un hecho que no ha sido suficientemente resaltado, pero que demuestra el estado de la discusión: los tres informes de ponencia presentados la semana pasada coinciden en las dos terceras partes del proyecto. Y son pocos ya los puntos sobre los cuales no se ha logrado consenso.

En opinión del Gobierno, la ponencia presentada por los representantes liberales Rodrigo Garavito, Armando Estrada y Arturo Sarabia Better, aun cambia considerablemente el proyecto inicial ver recuadro es una solución adecuada para el problema fiscal que ectá viviendo el país.
Por eso sus esfuerzos se han encaminado a buscar un consenso en torno de sus principales planteamientos.

En lo esencial, la ponencia liberal que dado el mensaje de urgencia presentado por el Gobierno está siendo estudiada conjuntamente por las comisiones terceras de Senado y Cámara se acoge a la filosofía del proyecto inicial presentado por el Gobierno, pero modifica la composición de los nuevos impuestos, dándole más importancia a los impuestos directos y conservando la estructura que tienen hoy en día los impuestos indirectos y en particular el Impuesto al Valor Agregado, IVA, para el cual el Gobierno proponía aumentar considerablemente la base y subir en seis púntos la tarifa.

Este último ha sido en realidad, el centro de toda la discusión, pues la imagen que la gente se ha formado sobre él es la de que se trata de un impuesto que afecta por igual a ricos y a pobres, lo que lo hace bastante regresivo. Y a pesar de la modificaciones de los ponentes que limitaron considerablemente la ampliación de la base del IVA y redujeron a sólo tres puntos el aumento de la tarifa hay congresistas que no parecen dispuestos, sin una adecuada contraprestación, a jugarse su suerte con una medida tan impopular. Tal es el caso de algunos parlamentarios liberales de Cámara y Senado, que han asumido una actitud bastante intransigente sobre el tema, de los parlamentarios del M-19 y de los grupos conservadores.

A finales de la semana pasada, sin embargo, se abrían paso dos fórmulas de acuerdo. Una, sugerida por el senador Víctor Renán Barco, era dejar el aumento en los tres puntos propuestos por los ponentes, pero hacerlo de manera gradual, aplicando un punto este año y los restantes el año entrante y permitiéndole al Gobierno emitir unos bonos utilizables para pagar impuestos en 1993 y que servirían para compensar el menor ingreso por concepto del IVA.

La otra, sugerida por los conservadores recibida positivamente por el Gobierno por cuanto significa un reconocimiento de la necesidad de los recursos por parte del Gobierno es la de incrementar al 25 por ciento la sobretasa del impuesto de renta, a cambio del aumento en el IVA.

Otro punto sobre el cual existe una gran discusión que fue uno de los que más reacciones generó cuando se presentó el proyecto originales el del estatuto antievasión. Al respecto, los ponentes introdujeron una serie de elementos que mejoran sustancialmente las garantías de los declarantes en cuanto a la debida defensa, en relación con el proyecto original. De acuerdo con el representante Rodrigo Garavito, "en el espíritu de la ponencia no está llenar las cárceles de defraudadores, sino llenar las arcas del Estado con la plata de los evasores". La ponencia mantiene, sin embargo, el concepto de "delito fiscal" para algunas acciones fraudulentas y eso sigue despertando resistencia entre algunos parlamentarios.

Hay, finalmente, un punto que fue introducido por los ponentes y que ha generado gran discusión: el impuesto al lujo. La idea es gravar con un IVA del 45 por ciento los vehículos de lujo y crear un impuesto, a cobrar por una sola vez, sobre la venta de apartamentos de más de 250 metros cuadrados y de casas de más de 300 que hayan sido construidos en los últimos cinco años. Y sobre este punto no se ha logrado consenso.

Pero, además, hay un problema técnico: el tiempo. Como van las cosas, el estudio conjunto en las comisiones terceras de Senado y Cámara puede tardar aún dos semanas; después habría que esperar una semana para pasar el proyecto a plenaria de la Cámara y allí se tardaría por lo menos una semana más; a partir de ese momento habría que esperar dos semanas para la consideración del proyecto en plenaria de Senado y otra semana para su aprobación.
En total, siete semanas. Lo que quiere decir que el Gobierno se vería obligado a convocar al Congreso por lo menos no a una semana de sesiones extraordinarias sino a dos.

Aún así el Gobierno y los ponentes se muestran optimistas. Porque a la larga todos son conscientes de la necesidad de los recursos que arbitrará la reforma. Y en el fondo todos saben también que lo que está en juego es una nueva forma de hacer política, y que difícilmente se podrán resolver todos los problemas en el primer "tete a tete".

¿EN QUE VA LA REFORMA?
(Los 10 puntos objeto de controversia)
FIJOS
1. Sobretasa al impuesto de renta del 17 por ciento durante cinco años.

2 Ampliación de la base gravable del IVA a servicios financieros y otros y exclusión de todos los bienes básicos de consumo.

3. Aumento de la contribución especial por la producción de petróleo, a razón de 600 pesos por barril.

4. Sustitución del aumento previsto en el impuesto a la gasolina por una participación en el aumento de precios

5. Mantenimiento de los impuestos de timbre y de remesas.

EN DISCUSION
6. Aumento del IVA: a 15 por ciento y de una vez en la ponencia; 15 por ciento y gradual, según propuesta de algunos senadores; menos del 15 por ciento, con opción de incrementar al 25 por ciento la sobretasa de renta, según propuesta conservadora.

7. Autorización al Gobierno para cobrar una retención hasta del 30 por ciento al ingreso de divisas procedentes de servicios en el exterior.

8. Impuesto al consumo suntuario: IVA del 45 por ciento para los vehículos de lujo; impuesto único de cinco por ciento por la venta de apartamentos de más de 250 metros y casas de más de 300, construidos en los últimos cinco años.

9. Introducción de un rígido estatuto antievasión incluida la cárcel para los infractores con amplias garantías en materia de defensa para los declarantes. Está en discusión la tipificación del delito.

IMPROBALES
10. Aplazamiento de algunas transferencias a los municipios, para poder financiar los gastos del Gobierno Central en el último trimestre de 1992.-

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