Indignación costeña por encarecimiento del gas

Los costeños están furiosos. Ni la algarabía del Carnaval de Barranquilla ha logrado apaciguar los ánimos que desde hace varios días se sienten en la costa Atlántica. El motivo: en diciembre del año pasado, en la víspera de las velitas, se anunció un aumento en la tarifa del gas natural del 8 por ciento para los hogares y del 25 para las industrias.

Desde entonces la costa se puso en pie. Los líderes de la protesta se quejaron de que el alza atenta contra la competitividad de la región, causa incertidumbre y es una mala señal para los inversionistas. En medio de la queja, el ministro de Minas y Energía, Tomás González, anunció que el tema sería definido en las primeras semanas de marzo de 2015.

Pues bien, en los últimos días la polémica se volvió a encender ante la proximidad del final de ese plazo. Empresarios y ciudadanos están recolectando firmas para frenar las alzas y los ánimos se han caldeado tanto, que el bloque parlamentario costeño amenazó con no votar el Plan de Desarrollo.

La bancada, compuesta por 30 senadores, ha hecho sentir su voz. El presidente del Senado, José David Name, y el de la Cámara, Fabio Amín Saleme, anunciaron debates al gobierno. El senador Armando Benedetti pidió congelar las tarifas este año y el congresista Efraín Cepeda planteó suspender las exportaciones del combustible a Venezuela, a la que el país le vende 50 millones de pies cúbicos al año.

Para entender lo que está pasando hay que tener en cuenta, en primer lugar, que el país produce anualmente 1.000 millones de pies cúbicos, que eran hasta ahora suficientes para atender la demanda. Pero en los últimos meses esta ha crecido en forma sustancial, lo que terminó por incidir en los precios.

Según Eduardo Pizano, presidente de Naturgas, que agrupa a 26 empresas que se dedican a producir, transportar, distribuir y comercializar el gas natural, varios factores explican el incremento en la demanda de este combustible. Entre ellas, que han llegado nuevas empresas a la costa Atlántica; que han entrado en operación algunas fases de la refinería de Cartagena –se destinan 60.000 pies cúbicos al año– y que las termoeléctricas se sobreabastecieron del combustible ante el temor por la llegada del fenómeno de El Niño.

Pero hay otra razón de peso. Los campos de Chuchupa y Ballena, en La Guajira, los principales abastecedores del combustible, están en declive –la producción bajó de 750 millones a 490 millones de pies cúbicos anuales–. A ello se suma que la red de oleoductos es insuficiente para llevar el gas que se produce en el centro del país a la costa.

Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), advierte que si los campos siguen declinando, de aquí a 2018 la Nación tendrá un déficit de 190 millones de pies cúbicos de gas y se vería obligada a importar, lo que es más costoso.

“Si las tarifas se convierten en una decisión política y si el gobierno escucha al que grita más, no será rentable producir gas en el país”, afirma Lloreda, quien sostiene que actualmente hay 23 proyectos para producir gas que están en evaluación. El lío es que mientras para un pozo en tierra se necesitan entre 5 y 10 millones de dólares, para uno off shore (mar afuera), donde están los mayores yacimientos, se requieren entre 100 y 200 millones de dólares. Por eso si las tarifas no son competitivas no será rentable producir más.

En el otro lado están los consumidores. La industria se ha visto golpeada por los impuestos y el alza en las tarifas eléctricas. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, es partidario de revisar la fórmula de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) de 2013. Para algunos analistas la fórmula, que se aplica a rajatabla, es la causa del problema. Pero también cuestionan a las grandes petroleras como Chevron y Ecopetrol por no ceder en los precios.

Los costeños esperan que el gobierno los escuche. Es una difícil decisión, porque además del componente técnico, en este lío está el ingrediente político que a veces pesa más.