Interbolsa: Recogiendo los pedazos

Con la ordein inminente de la Superintendencia de Sociedades de liquidar el Grupo InterBolsa se le da sepultura definitiva a la que se había convertido en una de las historias empresariales más exitosas de los últimos años. Desde hace un mes y medio la columna vertebral de este grupo –la Sociedad Comisionista de Bolsa– está en liquidación, y el Fondo Premium de Curazao, importante vehículo financiero que sirvió para alimentar con millonarios recursos a este conglomerado, entró en proceso de desmonte.

Así las cosas, ahora solo queda recoger los pedazos que deja la mayor quiebra financiera de Colombia –después de la bancarrota del Grupo Grancolombiano en los años ochenta– para tratar de que las pérdidas sean lo menos posible para los inversionistas.

La verdad es que no es una tarea sencilla. Hay que desenredar la madeja que se armó y que dificulta el seguimiento de las inversiones. Los estrechos vínculos entre diversas compañías y muchos de los accionistas del Grupo confunden y dificultan la recuperación del dinero.

Será, sin duda, una navidad bastante triste para los clientes cuyos inversionistas están ahora en las manos de abogados que intentan por vías judiciales salvar lo que se pueda.

Y para los directamente responsables de esta debacle el final de año será aún más intranquilo pues las acciones judiciales que enfrentan son de gran calado. El abogado Jaime Granados formuló denuncia penal contra los accionistas de InterBolsa. Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y Víctor Maldonado por los presuntos delitos de estafa, operaciones no autorizadas con accionistas o asociados, manipulación fraudulenta de acciones y concierto para delinquir.

Sin embargo, no solo enfrentarán problemas con la Justicia. Los representantes legales y accionistas de este Grupo podrían sufrir una muerte comercial durante algunos años. Esto porque la Superintendencia de Sociedades abrió lo que se conoce como incidente de inhabilidad para ejercer el comercio contra Rodrigo Jaramillo, Jorge Arabia, Ruth Stella Upegui, Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y Víctor Maldonado. De aplicarse la sanción, no podrán gerenciar una empresa, ser parte de una junta directiva, tomar créditos mercantiles, constituir una sociedad, operar una cantera, contratar obras públicas con el Estado, realizar cotidianamente y de manera profesional compraventas de bienes, arrendamientos comerciales y construcciones. Esta misma sanción se aplicó recientemente a los representantes del Grupo Nule, por 10 años.

Más allá de si los responsables de la crisis de InterBolsa terminan en la cárcel, multados o inhabilitados, lo que realmente quieren los inversionistas afectados es recuperar la mayor parte de su dinero. SEMANA revisó cómo va este proceso y la conclusion es que no será ni fácil ni rápido.

Desenredar la telaraña financiera que se tejió alrededor del Grupo InterBolsa es una operación de delicada filigrana que impone un gran reto para los liquidadores.

El conglomerado tiene 23 empresas vinculadas, entre ellas la Sociedad Comisionistas de Bolsa que era el eje central del negocio; la Sociedad Administradora de Activos -SAI- donde se aglutinaban 11 carteras colectivas; la empresa de crédito hipotecario Acercasa y varias inversiones estratégicas en compañías como Easyfly, Coltejer y Fabricato, entre otras. Además, tenía una estrecha relación con el Fondo Premium de Curazao. El grupo, a través de sus distintas sociedades, operaba en Colombia, Estados Unidos, Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.

Deshaciendo la red

Dentro del proceso de reorganización que inició la Superintendencia de Sociedades para proteger los dineros de los inversionistas se han logrado vender tres filiales. Se trata de la firma Acercasa, InterBolsa Estados Unidos y la firma de Panamá. Esto ha representado recursos por cerca de 14 millones de dólares (unos 25.000 millones de pesos), una suma importante, pero frente al monto de los recursos comprometidos resulta insignificante. Cabe anotar que la filial de Brasil fue intervenida por el gobierno de ese país.

De la Sociedad Administradora de Inversiones (SAI) una de las filiales más importante del Grupo, varias de las 11 carteras colectivas pasaron a ser administradas por otras firmas del mercado, lo que asegura la protección de estos recursos. Otras carteras se han venido marchitando.

Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con InterBolsa Credit, un importante portafolio de inversión que se concentraba en títulos de contenido crediticio. Como se ha informado, en los últimos días de vida de la comisionista se hizo una triangulación en la que InterBolsa Credit prestó 78.000 millones de pesos a la Clínica Candelaria I.P.S. y esta a su vez le hizo un crédito al Grupo InterBolsa que usó para pagar una deuda con Bancolombia. Esta operación tiene enredado el futuro de esta cartera colectiva. Se sabe que hay garantías por 55.000 millones de pesos, representadas en acciones de Easyfly por 27.000 millones de pesos y de Coltejer por 18.000 millones.

En la venta de activos se ha encontrado más de un problema. Por ejemplo, la compañía InterBolsa Seguros no ha podido ser vendida porque tiene una contingencia relacionada con una cuenta por pagar a la Holding del Grupo por valor de 6.000 millones de pesos pagadero a 20 años. Aunque hay interesados en adquirir la aseguradora, primero hay que resolver esta deuda.

Otro enredo tiene que ver con unos títulos (llamados TEC) por valor de 50 millones de dólares (90.000 millones de pesos) con vencimiento en junio de 2016 que emitió la firma InterBolsa Holdco Company con domicilio en Luxemburgo. InterBolsa Panamá hizo la comercialización y mercadeo de dichos títulos, pero las obligaciones están en cabeza del Holding InterBolsa. El lío es que se desconoce el destino de esta suma.

Hay otros activos que oscilan entre 50.000 y 70.000 millones de pesos que corresponden a inversiones de capital en Easyfly, Fabricato, Coltejer, Odinsa, Bolsa Mercantil, que todavía no está claro si están bajo la sombrilla de la Holding o de la cartera Credit, y esto es clave porque los acreedores son diferentes en cada caso. Se sabe que antes del colapso hubo movimientos de activos de un lado para otro.

Lo cierto es que se espera una fuerte puja entre los acreedores por recuperar su dinero. Y en esta tarea, es probable que se llegue incluso hasta las acciones revocatorias, un asunto que pone a muchos con los pelos de punta. Esto significa que los liquidadores podrán devolver las operaciones que se realizaron en los últimos 18 meses, en aras de buscar la mayor justicia para todos los acreedores. En el caso de la quiebra del Grupo Nule también se activó este mecanismo.

Es importante señalar que hay un orden de prelación de acreedores encabezado por los trabajadores y la Dian. Los accionistas son los últimos en la fila. En este grupo, no solo está la cúpula de la organización, hay otros afectados que hoy ya están contando las pérdidas.

Es el caso de ING Colombia que tenía, dentro del portafolio de los fondos administrados, una participación accionaria cercana al 10 por ciento del Holding InterBolsa. Los fondos de ING hicieron esa inversión en 2011 antes de que se perfeccionara la compra de la AFP del Grupo Sura. En todo caso representa menos del 0,14 por ciento del total de los fondos administrados por ING Colombia. Además, ya anunciaron que esto será provisionado, pues tiene una alta probabilidad de perderse.

El pilar del grupo

En el caso de la Sociedad Comisionista InterBosa, por donde se inició la caída del Grupo, el proceso de liquidación lleva 45 días a cargo de Ignacio Argüello. Esta firma tenía cerca de 20.000 clientes activos, quienes habían depositado allí sus recursos.

En lo que tiene que ver con el balance fiduciario (es decir los dineros invertidos en títulos como acciones) se han presentado 13.700 clientes a reclamar. De estos, 4.500 han retirado sus dineros en efectivo por 57.000 millones de pesos y cerca de 6.000 trasladaron sus cuentas a otras firmas. La comisionista tenía en caja 70.000 millones de pesos.
Los inversionistas más afectados son aquellos que terminaron con ‘repos’ de Fabricato e InterBolsa. En estricto sentido, el rumbo que tome el precio de la acción de Fabricato cuando vuelva a cotizarse en el mercado será clave para saber de qué tamaño es el hueco que dejará el descalabro de InterBolsa. La acción volverá a negociarse en el mercado cuando se conozca una valoración confiable de la empresa que le de certeza a los inversionistas de cuánto valen realmente sus títulos.

Hay una gran preocupación entre los clientes que terminaron con acciones de InterBolsa pues esa acción vale cero. Estos inversionistas deberán esperar a que los dueños mayoritarios responsan con su patrimonio personal, tal y como lo dejaron firmado en la Superintendencia Financiera, el 5 de noviembre.

Ahora bien, como la firma InterBolsa hacía las veces de bisagra entre el Fondo Premium con todo el grupo empresarial, habrá muchos más afectados de la comisionista que tienen en entredicho sus dineros en esos otros vehículos de inversión.

Sigue la liquidación de la firma como empresa y a los primeros en la fila a los cuales se les pagará serán a los empleados y a la Dian. Luego vendrán los proveedores y bancos, entre otros. Se han presentado 600 reclamaciones que el liquidador deberá valorar. Fogafín estima que todo el proceso de liquidación de esta firma se tomará un año.
Entre los que hacen fila para recuperar sus dineros están los corredores de la firma, quienes tienen una gruesa suma de dinero correspondiente a sus comisiones y que también está embolatada. Se estima que unos 15.000 millones de pesos les quedaron debiendo al momento de la quiebra.

En el puro fondo

Precisamente, en el caso del Fondo Premium de Curazao, la incertidumbre es mayúscula entre los 1.260 inversionistas que pusieron allí sus dineros, asesorados por InterBolsa que actuaba como corresponsal en Colombia.

El equipo de abogados que comanda Jaime Granados –contratado por Eclipse para defender los intereses económicos de los clientes del Fondo– tiene un plan estratégico que busca que, en 18 meses se puedan devolver los dineros a los afectados. Sin embargo, esto dependerá del estado en que se encuentre la cartera y las obligaciones pendientes.

Se nombró como gerente de inversiones, con carácter temporal –por tres meses– a Nelson Amaya Correa, designación que despertó gran controversia por su parentesco con el superintendente Financiero, Gerardo Hernández, lo que podría generar inhabilidades.

Según un reporte a los inversionistas de Premium, se han adelantado negociaciones con algunos de los deudores del Fondo. Entre ellos, la compañía Manantial que tiene una deuda de 4,5 millones de dólares de un crédito vencido. Se están negociando la forma y condiciones del pago.

De acuerdo con este reporte, las diferentes compañías del grupo InterBolsa tienen una deuda total con el Fondo por 18 millones de dólares. A estas alturas no se sabe si esto es una buena noticia u otro gran enredo, pues el grupo InterBolsa también entra en liquidación y acá se van a cruzar los reclamantes de uno y otro lado.

Ahora bien, con el tema del Fondo Premium las cosas podrían ser aún más complejas, como lo advierte el abogado Sergio Rodríguez Azuero, quien lidera la estrategia jurídica para defender a los clientes de dicho Fondo. La semana pasada, por ejemplo, entabló denuncia penal contra Eric Andersen representante legal de Eclipse en Curazao, tras argumentar que es parte de los responsables de esta debacle. La denuncia incluye los delitos de administración desleal y abuso de confianza y se amplia al resto de la cúpula de InterBolsa.

Es decir, hay un choque entre los abogados Granados –que representa a Eclipse– y Rodríguez –que defiende a los clientes de Premium– lo que puede afectar las tareas de recuperación de los dineros. Según los Estados Financieros del Fondo con corte al 31 de octubre de 2012, el patrimonio del Fondo ascendía a 148,7 millones de dólares, frente a 173 millones que figuraban con corte a 30 de septiembre de 2012.

En cualquier caso es importante aclarar que los dineros que se recuperen en este Fondo se repartirán equitativamente, teniendo en cuenta la participación accionaria que tenían en el mismo. Cabe anotar que por estatutos cuando alguien invertía en Premium se constituía en accionista y no en un inversionista tradicional como operan en Colombia estos esquemas de inversión.

En síntesis, el capítulo de los afectados por la debacle del Grupo InterBolsa apenas comienza y promete ser una dura batalla de abogados tratando de rescatar hasta el último pedazo de esta quiebra.

Como si la recuperación del dinero no fuera suficiente viacrucis, esta crisis de InterBolsa está cogiendo un camino mucho más peligroso y que tiene en alerta a las autoridades. Se sabe de amenazas contra el liquidador de la firma comisionista y una de las asistentes de su equipo. Fuentes del sector revelaron que algunos corredores de bolsa también han sido amenazados, lo que hace concluir que este proceso puede pasar de castaño oscuro.

Las capturas se van a tardar

La dificultad para probar ciertos delitos y la complejidad técnica y financiera del entramado de InterBolsa llevan a que las autoridades se tomen su tiempo.

La gran pregunta que todos se hacen en el caso InterBolsa es cuándo se van a dar las primeras capturas. Y, aunque pocos dudan que se presenten, todo indica que se van a tardar. “En esto uno no puede hacer predicciones pero por las dificultades de la investigación puede pasar seis meses sin que se haya ordenado una captura”, le dijo a SEMANA una alta fuente de la Fiscalía.

¿Por qué? Son dos los problemas. El primero es que los tipos de delitos que se podrían configurar no son fáciles de probar. Como se recordará, el escándalo se desató por irregularidades en la compra de ‘repos’ de Fabricato, lo cual no necesariamente es ilegal. Hay un delito que la Fiscalía tendría que probar inicialmente, el de manipulación de acciones, que solo da una pena de 2 a 6 años, pero se necesita para saber si hubo estafa, que ya sería más grave. Para probar la manipulación de acciones, la Fiscalía tiene que revisar uno a uno los 25 discos duros que ya incautó así como los movimientos durante todo un año de las acciones, tanto de Fabricato como cuatro más, para ver si detecta algún manejo irregular o delictivo por parte de los comisionistas de InterBolsa.

Otros delitos que se están evaluando son el de uso de información privilegiada para hacer movimientos en la bolsa; el de falsedad en documento, porque hay clientes que así lo aseguran; y como consecuencia de este, también el delito de administración desleal. Y el de concierto para delinquir.

No va a ser fácil detectar delitos en esa maraña de datos e información. La Fiscalía lleva tres semanas con el caso y destinó un equipo de 10 fiscales y 30 investigadores del CTI, entre los cuales hay economistas.

Esa es la segunda dificultad. En la Fiscalía no hay mucha experiencia en el manejo de investigaciones financieras, que se caracterizan por su complejidad, sofisticación y carácter técnico y donde se pueden construir verdaderas torres de babel financieras llenas de artilugios para hacerle el quite a las autoridades. No hace mucho, los investigadores se veían en aprietos al tratar de descifrar el caso Bancolombia-Gilinski. Y este es aún más complejo. Si bien hay economistas en el equipo de investigadores, estos no han tenido mayor experiencia en pesquisas en el mercado de valores ni tampoco con el manejo de los tipos penales bursátiles. El miércoles, por ejemplo, varios de ellos hicieron una curiosa visita a la Bolsa de Valores para conocer en más detalle el funcionamiento de ese mercado.