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| 4/7/2017 8:25:00 AM

Víctimas de InterBolsa temen que se enrede devolución de dineros

En el desenlace de este escándalo financiero aparecen nuevas sorpresas. La devolución final de recursos invertidos en el Fondo Premium se podría complicar por mecanismo aprobado por la Supersociedades.

Contrario a lo que sucede con el proceso penal que se le sigue a InterBolsa y el Fondo Premium, que ha dejado inconformes a las víctimas del colapso, la labor de la Superintendencia de Sociedades, al frente de la recuperación y devolución de los dineros invertidos, les ha dado tranquilidad.

Este último proceso se ha considerado ejemplar, pues la actuación de esta superintendencia ha permitido conseguir recursos, en forma rápida, para resarcir a los más de mil inversionistas que confiaron en el Fondo Premium, vehículo de inversión que promocionaba en Colombia InterBolsa y que crearon Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo.

Sin embargo, la situación podría cambiar de la noche a la mañana. Al tiempo que las víctimas de este escándalo se declaraban indignadas con la condena de 5 años y 9 meses, impuesta a Juan Carlos Ortíz y Tomás Jaramillo, la Superintendencia de Sociedades tomó una decisión que tendría consecuencias negativas para los afectados, al punto que algunos consideran que significaría borrar con el codo lo hecho con la mano por esta entidad.

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La decisión podría enredar la etapa final de devolución de dineros por la captación ilegal de dinero que, según la Superintendencia, se configuró en el Fondo Premium. Esto afectaría a 300 personas que todavía tienen saldos pendientes por aproximadamente 210.000 millones de pesos.

Pero no solo se complicaría la entrega de recursos a las víctimas, sino también la devolución a otros acreedores como la Dian, los bancos y la seguridad social. Solo en impuestos se reclaman 50.000 millones de pesos.

Un auto de la Supersociedades ha sido interpretado por abogados de las víctimas como un retroceso en este caso. El abogado Sergio Rodríguez Azuero dice que puede generar un caos y una situación terrible para los afectados. “Un proceso que había sido ejemplar debería terminar bien”, dice.

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La razón es que la Superintendencia se fue por un camino diferente al planteado inicialmente y que consistía en que el agente liquidador del Fondo Premium constituyera un fideicomiso para transferir allí los bienes embargados a los implicados. La idea ha sido que mientras estos activos se venden, las víctimas reciban derechos fiduciarios como forma de pago. Este mecanismo se consideró el más expedito que contempla la ley para garantizar que los afectados reciban una mayor suma del dinero.

Pues bien, ahora la Superintendencia decidió que la tarea de constituir el fideicomiso la hagan directamente las víctimas. Las consecuencias, según los abogados, saltan a la vista, pues poner de acuerdo a 300 personas podría generar un caos. Y el problema será aún mayor si no logran un consenso, pues habría que proceder a adjudicar los bienes directamente y allí el drama sería enorme. Implicaría que se enfrenten las víctimas por los bienes, el precio, la administración, la venta, dijeron abogados preocupados.

Para algunas víctimas, lo aprobado por la Superintendencia es como abandonarlas a su suerte, después de 3 años en el que este proceso se ha llevado en orden, al punto que ya muchos afectados han recuperado la totalidad del dinero.

Además, según abogados este auto rompe el esquema de solidaridad que ordena la ley por tratarse de un caso en el que, según la Superintendencia, se configuró la captación ilegal. Otro punto que ha llamado la atención es que el auto no contempla la forma como se pagaría a otros acreedores que ha sido reconocido por la misma Superintendencia, como la Dian.

Ante el desconcierto que generó la decisión representantes de las víctimas se alistan para interponer recurso de reposición contra la medida, en espera que la Superintendencia rectifique y aclare los vacíos.

Mientras esto ocurre, en lo penal, tanto el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, como el Procurador Fernando Carillo se declararon indignados por la sentencia que fue aplicada a Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz.

Según el Procurador, la pena impuesta a los responsables de la defraudación del caso de InterBolsa no es proporcional a la gravedad de las conductas realizada y pidió aumentar la condena. El Ministerio Público quien solicitó que se revoque la pena impuesta a los socios gestores del Fondo Premium.

La Procuraduría no compartió, además, que se les haya dado el sustituto penal de casa por cárcel, pues no se tuvieron en cuenta todas las exigencias que demanda nuestro ordenamiento penal.

Por ahora, la última palabra la tiene el Tribunal Superior de Bogotá que, como dice el abogado de las víctimas, Francisco José Sintura y quien apeló la sentencia, tiene la oportunidad histórica de corregir la sentencia de un emblemático caso de cuello blanco.

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