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| 1/27/2015 9:15:00 AM

Golpe a Carlos Collins por el Túnel de la Línea

El Invías anunció la caducidad del contrato de esta megaobra por incumplimiento del constructor. Se avecina un millonario pleito.

Definitivamente en Colombia las obras de infraestructura son el dolor de cabeza permanente de la administración pública. A miles de millones en pleitos por obras mal construidas e inconclusas se suma una nueva que habla muy mal de la capacidad de algunas empresas para acometer grandes obras.
 
Esta vez es el Túnel de La Línea. El director del Invías ha informado este martes la caducidad del megacontrato para la construcción por el incumplimiento por parte de la empresa que debió entregar la construcción en noviembre pasado.
 
¿Cómo es la historia?
 
Desde noviembre pasado la posibilidad de caducar el contrato encendió las alarmas y los temores de que pronto el país vea luz al final del túnel en esta importante obra.
 
El asunto es que la lista de problemas que enfrenta este proyecto es interminable. Desde demora en las obras -el Gobierno dice que se debieron culminar en el 2013- pasando por denuncias por la desviación de recursos para otros proyectos, fallas geológicas, problemas ambientales por contaminación de fuentes de agua, estudios que no previeron riesgos técnicos, cambio de diseños y hasta dudas sobre la gestión de la firma interventora.
 
El 30 de noviembre venció el contrato y antes de ese plazo las partes debieron llegar a un acuerdo. Pero la verdad es que sólo había dos caminos para solucionar este lío: darle más plazo al concesionario o declarar la caducidad del contrato. Los dos tendrán sus efectos.
 
Frente a la primera opción, hay que decir que se pudo volver una obra eterna. Hay ejemplos de cómo el Gobierno les ha dado largas a proyectos de infraestructura. Es el caso de la doble calzada Bogotá-Girardot, que se debería haber terminado en el 2010 pero que por diversos problemas sólo se entregó hace unos meses. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) le dio un ultimátum al consorcio de esta vía, pero con el correr de los meses el plazo se fue postergando. Otra carretera sobre la que se han lanzado advertencias es la doble calzada Bogotá-Tunja, que lleva cerca de 10 años en ejecución.
 
La segunda alternativa era la caducidad del contrato, que fue la que se acogió. Es una medida extrema que recuerda el pleito de casi una década entre el Estado y el consorcio colombo-español Commsa, al que se le adjudicó la construcción de la vía Tobía Grande-Puerto Salgar (Ruta del Sol). Con esto existe un alto riesgo de que el proyecto se demore varios años más porque hay que buscar un nuevo contratista que esté dispuesto a terminarla.
 
El director del Invías ha dicho que ya hay un plan de contingencia para continuar la obra. Mientras tanto, las demandas no se harán esperar. De hecho, actualmente hay varias disputas en tribunales de arbitramento -de Collins contra el Invías- que superan 500.000 millones de pesos. Según el constructor, estas partidas adicionales corresponden a que tuvo que invertir mayores recursos en viaductos y túneles anexos por efectos de la ola invernal del 2010. A esos recursos se sumaron los costos por el revestimiento del túnel y por las fallas geológicas que fueron apareciendo a medida que avanzaban las obras.
 
Es decir que tal como van las cosas, el túnel terminará costando más de un billón de pesos y no los 629.000 millones en los que se fijó el proyecto. Eso ha pasado casi siempre en Colombia cuando se adjudica la licitación al que ofrece más barato.
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