Viernes, 20 de enero de 2017

| 2007/09/22 00:00

Junta ‘penalizada’

Por primera vez se cuestiona judicialmente una decisión del Banco de la República. La Fiscalía llama a indagatoria a miembros de la Junta de la autoridad monetaria de 1998.

Los miembros de la junta directiva del Emisor en 1998, llamados a indagatoria por la Fiscalía, son de (izquierda a derecha) Roberto Junguito, Leonardo Villar, Salomón Kalmanovitz, Miguel Urrutia y Antonio Hernández Gamarra . Luis Bernardo Flórez no fue citado

La semana pasada, la tensión se apoderó del Banco de la República y no precisamente por la reunión de Junta Directiva del viernes en la que se tomarían decisiones importantes en materia de tasas de interés. El nerviosismo tampoco tenía que ver con el desplome del dólar ocurrido en los últimos días.

Las preocupaciones habituales del Emisor cedieron ante un hecho sin precedentes para la institución: un fiscal llamó a indagatoria a varios miembros de la Junta Directiva de hace 10 años para que dé explicaciones sobre una decisión tomada a finales de los 90 y que aún está vigente.

El hecho alteró la tranquilidad de este cuerpo colegiado acostumbrado a que sus decisiones sean cuestionadas desde el punto de vista económico pero no desde el penal.

Ante la situación inusual, el martes pasado fueron citados a una reunión extraordinaria, en la sede del Banco, Miguel Urrutia Montoya, Antonio Hernández Gamarra, Roberto Junguito Bonnet, Leonardo Villar, Salomón Kalmanovitz, y Gerardo Hernández (secretario general), miembros de la Junta Directiva de 1998. A la cita no asistieron los ex codirectores Luis Bernardo Flórez y Antonio Urdinola porque ninguno de dos fue llamado a indagatoria.

Que un fiscal llame a la Junta del Emisor a dar explicaciones no sólo es algo extraordinario, sino que ha sido interpretado como una pésima señal para la autonomía del Banco de la República.

La llamada a indagatoria de la fiscal delegada 218 de la Unidad Primera de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia de Bogotá cayó como un baldado de agua fría entre los codirectores involucrados, de los cuales Leonardo Villar continúa hoy como miembro de la Junta y Gerardo Hernández como secretario de la misma.

La citación constituye un capítulo adicional en la ya larga historia procesal y de investigaciones derivadas de la compra del Banco de Colombia por parte del Banco Industrial Colombiano (BIC).

Pero, ¿qué tiene que ver la máxima autoridad monetaria en una disputa privada que sostienen desde hace 10 años compradores y vendedores del Bancolombia: la familia Gilinski y los directivos de Grupo Empresarial Antioqueño, respectivamente?

Pues el lío está relacionado con una norma que expidió la Junta Directiva del Emisor en abril de 1998 mediante la cual se ampliaron los plazos para que los bancos en proceso de fusión se ajustaran a un requerimiento legal, denominado posición propia, una medida que busca evitar que los bancos que administran recursos del público tomen desproporcionados riesgos cambiarios.

La medida la adoptó la Junta del 98 por mayoría, con voto negativo de Luis Bernardo Flórez, y permitió que tras la fusión entre Bancolombia y el BIC, la nueva entidad tuviera 90 días para realizar los ajustes correspondientes sobre posición propia, porque de no hacerlo, había quedado incumpliendo la norma.

De no disponer de este plazo, Bancolombia habría tenido que salir al mercado de divisas a comprar 318 millones de dólares para recomponer al equilibrio ordenado por la norma bancaria.

En las circunstancias por las que atravesaba la economía en ese momento - había una fuerte presión hacia la devaluación que obligó al Banco de la República a mover el techo de la banda cambiaria-, una operación en el mercado del dólar de esa magnitud habría generado grandes traumatismos.

El ex codirector del Emisor y abogado experto en el tema Néstor Humberto Martínez Neira cree que en este caso no hubo irregularidad de la Junta Directiva del Banco porque como autoridad cambiaria a ella le corresponde actuar con criterios de oportunidad y de conveniencia.

Según el actual secretario de la Junta Directiva, quien ejercía el mismo cargo hace 10 años, Gerardo Hernández, las decisiones se toman para darles solución a casos de la vida real. Y que en ningún momento se buscó favorecer a una entidad en particular. En un comunicado, los directivos llamados a indagatoria afirmaron que el acto administrativo en cuestión fue de carácter general, nunca fue demandado y su contenido se encuentra vigente.

Después de esta vinculación penal a miembros de la Junta Directiva del Emisor, muchos temen que en el futuro otras decisiones técnicas del Emisor se vean expuestas a actos similares, con los graves riesgos que esto implicaría para el país.
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