JUNTA, PERO NO REVUELTA

A LA UNA DE LA TARDE DEL VIERNES PASAdo el presidente Ernesto Samper recibió una llamada que había estado esperando durante toda la mañana. Era del ministro de Hacienda, Guillermo Perry, diciéndole que la Junta Directiva del Banco de la República había decidido intervenir las tasas de interés y colocarles un tope. El jefe del Estado no ocultó su alegría, pero en tono irónico dijo que le habría gustado que el límite impuesto por la Junta a las tasas hubiera sido más bajo. En cambio, no hizo mayores comentarios frente al compromiso del gobierno de reducir en 550.000 millones de pesos el presupuesto de gastos del Estado. En contraste, unas cuadras más allá, en la sede de Planeación Nacional, los técnicos empezaron a hacer cuentas para echarle el tijeretazo a varios de los programas prioritarios de la administración. Curiosamente, fue el estruendo hecho por esas medidas el que terminó con el ruido de los días anteriores, que había subido in crescendo como consecuencia de las diferencias cada vez más evidentes entre los seis miembros independientes de la Junta Directiva del Emisor y el Ministro de Hacienda, quien oficia como presidente de la misma, en torno al tema de la política económica.
El debate se había calentado por las quejas del sector privado que después de un primer trimestre muy bueno en términos de crecimiento, empezó a quejarse en voz alta sobre los estragos que estaba causando la política de tasas de interés. Según algunos análisis, la reticencia de la inflación para disminuir y el alto ritmo de crecimiento de los gastos del gobierno le estaban sirviendo a la Junta como argumento para quitarle liquidez a la economía, con lo cual el costo del dinero había subido en algunos casos a niveles cercanos al 50 por ciento anual, más de 25 puntos por encima de la inflación.
Ante ese diagnóstico el gobierno le había pedido a la Junta que levantara el pie del freno. Pero ésta se cerró a la banda y no dio pie atrás. Buena parte de la discusión se hizo en las páginas de los periódicos, con lo cual el ambiente se enrareció y ninguno de los bandos parecía estar dispuesto a ceder. Todo se quedó en polémica hasta que la encuesta empresarial de Fedesarrollo reveló que ya se estaba dando una desaceleración en las ventas del sector productivo por los altos costos del crédito. Asumir el riesgo de una recesión era muy grave, de manera que el presidente Samper invitó a los miembros de la Junta a un almuerzo en la Casa de Nariño y se acordó que el Gobierno haría un recorte y que el Emisor actuaría sobre las tasas. Así, el viernes 16 de junio, Perry llegó a la Junta con una propuesta similar a la que fue aprobada la semana pasada.
Lo que se hizo el viernes fue colocar un tope de 39,5 por ciento para los préstamos bancarios y de 41,5 por ciento para los demás establecimientos de crédito por un plazo de dos meses. El gobierno, además del recorte en el gasto, se comprometió a rediseñar su estrategia de colocación de títulos TES en el mercado financiero interno para el segundo semestre: de 650.000 millones pasará a un máximo de 90.000 millones, con lo cual le abrirá campo al endeudamiento privado.
Todas esas decisiones deberían servir para que se modere el costo del dinero y el sector productivo pueda tener más aire para respirar. Sin embargo, Javier Fernández Riva, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras -Anif-, le dijo a SEMANA que el problema es que "el recorte va a recaer sobre la inversión y eso puede resentir la economía".
En el centro de la decisión de la Junta está el planteamiento de que el gobierno estaba girando cheques con demasiada velocidad, tal como lo hizo la administración pasada. Pedro Nel Ospina , investigador de Fedesarrollo , dice que "en Colombia estamos creciendo a costa de lo que crece el gobierno, pero resulta que un punto de inversión del sector privado es más importante que uno de gasto del sector público, y lo primero no se está dando".
El argumento de que el gasto público está corriendo demasiado se apoya en las cifras. Según un estudio del senador Juan Camilo Restrepo, los gastos totales pasaron de representar el 11 por ciento del Producto Interno Bruto en 1990 al 22 por ciento en 1994. Y de acuerdo con el Plan de Desarrollo del actual gobierno, el gasto público total (del sector central y otros) pasaría a representar el 34 por ciento en 1998. Lo peor es que según el senador conservador "cada vez el gasto público está creciendo más rápido". Entre 1991 y 1994 el del gobierno central creció 13 puntos reales (por encima de la inflación), mientras que entre 1995 y 1998 estaba previsto un aumento de 17 puntos reales.
Según el gobierno, lo que ha sucedido es el resultado de tres factores: las obligaciones que impuso la nueva Constitución de darle más dinero a las regiones, que no han estado acompañadas por un traslado equivalente de responsabilidades; los costos asociados al nuevo sistema de seguridad social; y un rezago presupuestal muy fuerte que se ha tratado de disminuir.
Eso se conjuga con otra preocupación: lograr un superávit fiscal de al menos el 0,7 por ciento del PIB, lo cual no es fácil pues los precios del café y del petróleo han disminuido, la aprobación de la reforma tributaria se postergó y si la Corte Constitucional dice que hay que girar a los municipios la plata que entró por concepto de telefonía celular, el Estado perderá 400.000 millones. Todo eso podría dejarle un hueco grande a las finanzas, y como dice Pedro Nel Ospina, "antes de la crisis de México un déficit del 0.5 porciento del PlB no era grave, pero ahora ya todo el mundo sabe que puede tener consecuencias lamentables para la economía".
Pero sin ir tan lejos, es posible decir que las decisiones de la semana pasada dejaron varias cosas en claro. La primera es que por más peleas que haya, lo sucedido confirma la conveniencia de tener una autoridad monetaria independiente. Ese factor fue el que hizo posible que al tiempo que se le pusieron límites a las tasas, también se convenció al gobierno de que necesitaba apretarse el cinturón. En último término, tanto el Emisor como el Ejecutivo acabaron entendiendo que da más resultados la cooperación que la confrontación.
Fue tal el espíritu de arreglo el que movió a la administración a mostrar humildad para ceder en sus aspiraciones de gasto, así le implique sacrificar algunas de las metas del plan de desarrollo. Y aunque eso no le gusta a muchos, demuestra que el gobierno no es inmune a las quejas del sector privado, cuya buena salud es también clave para el comportamiento de la producción y el empleo. Ahora solo queda esperar que los resultados se vean rápidamente y que gobierno y Emisor entierren por un buen rato el hacha de guerra. Tal como dijo el viernes pasado, Guillermo Perry, al recordar una cita de Shakespeare "bien está lo que bien termina".