Miércoles, 18 de enero de 2017

| 1990/06/25 00:00

LA BELLA Y LA BESTIA

El Gobierno cambia la estrategia para ejecutar a deudores morosos.

LA BELLA Y LA BESTIA

Cómo más podría imaginarse a un chepito? Un hombre desgarbado, famélico, de gran bigote, aspecto sombrro, traje oscuro, sombrero de copa, saco de leva y su inseparable maletín. Un impertinente persecutor que hace guardia fuera de una casa u oficina hasta que, ante el asedio, el deudor moroso dice "me rindo". En fin de cuentas, un personaje detestado.

¿Y cómo imaginarse a un "chepito" del Estado? Igual o peor. Al fin y al cabo pertenece al aparato oficial. Pero no es así. Empezando porque el gran "chepito" del Estado no es "chepito" sino "chepita", con treinta años, hermoso tipo trigueño y un encanto arrollador.

Se trata de María Marcela López, abogada egresada de la Universidad Santo Tomás. Durante los últimos siete años y medio estuvo vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y desde hace siete meses es la jueza única de ejecuciones fiscales. En otras palabras, es la encargada de cobrar las sanciones o multas que imponen las entidades estatales, excepto la Administración de Impuestos, por gestiones que atentan contra el patrimonio público. Una labor ingrata y dispendiosa.

A su despacho llegan los castigos por caducidades administrativas, liquidaciones de contratos, sanciones de las superintendencias, juzgados, Registraduría, Dane, Procuraduría, Contraloría, capitanías de puertos, Incomex, aduanas, Banco de la República, Icel, liquidaciones fiscales de Corturismo, Fondo del Carbón e Inderena, y multas por incumplimiento de arren- damientos.

En la década pasada el juzgado recibió 28.097 expedientes de cobro, por unos $10.000 millones. La cantidad de trabajo para cuatro abogados y otros trece empleados fue asfixiante y enredada. Por eso, la Contraloría General de la República efectuó hace un año una visita fiscal que concluyó con serias glosas sobre el manejo que se estaba dando al estrado jurisdiccional.

Se halló desgreño, descuido en los libros radicadores, trámites irregulares, términos vencidos e ineficacia casi total. En la década analizada fueron archivados 12.130 procesos ejecutivos por $1.891 millones y actualmente quedan pendientes por cobrarse unos $8.000 millones. Y mientras el Estado pagó entre enero de 1988 y abril de 1989 sentencias por $750 millones, en ese mismo lapso apenas recuperó unos $200 millones entre sus deudores por multas o sanciones diferentes a las tributarias.

Las glosas enviadas a la Tesorería General de la República, de la cual depende el juzgado de ejecuciones, provocaron medidas urgentes desde junio de 1989. "Decidimos hacer la mejor adquisición del equipo económico del Gobierno", asegura entusiasmado el tesorero general de la República, Luis Fernando López. El gobierno cambió las reglas de juego usadas hasta ahora para escoger "chepitos" y "sustrajo" a María Marcela Pérez de la Oficina Juridica del ministro de Hacienda. Se trataba de enfrentar a la bella con la bestia. Y los resultados saltan a la vista: en sólo siete meses los recaudos se elevaron en un quinientos por ciento.

No es el "milagro" de una cara bonita, sino un giro ejecutivo en dirección y manejo de personal. Mientras en 1989 se recogieron $227 millones, entre enero y mayo de 1990 ya van $240 millones. Como ejemplo, la nueva jueza consiguió que Cine Colombia pagara a Focine la eterna y debatida deuda del impuesto para apoyar el cine nacional. Cineco se comprometió a cubrir $288 millones en 10 cuotas. Como complemento, el gobierno decidió crear otro juzgado de ejecuciones fiscales, que iniciará funciones en breve.

Pero aunque por ahora todo suene de maravilla, lo cierto es que el llamado "santanderismo" colombiano sigue siendo un gran obstáculo para el juzgado. Cada expediente puede reposar cinco años en el juzgado de ejecuciones, mientras se agotan las distintas instancias (recursos de reposición, apelaciones, recusaciones y excepciones). Para muchos son leguleyadas, pero los acusados advienen que hacen uso del legítimo derecho de defensa.

El caso más curioso que lleva el juzgado es el Vistino Garrido Luna, actual pagador del FER de Quibdó, quien debe $1.226 millones tras un juicio fiscal que le adelantó la Contraloria General de la República. Tiene acumulados cuarenta expedientes con graves inconsistencias durante más de tres años de gestión. El caso se encuentra en revisión y la multa se rebajará ostensiblemente.

Procesos complejos hay muchos. Uno de ellos, por ejemplo, lograr que Carlos Lehder pague millonarias reliquidaciones hechas por la aduana; o que la sancionada Losada y Compañía, de Barranquilla, en disolución y multada en $358 millones por violaciones cambiarias, pueda ser ejecutada. Otro inconveniente es el de las aseguradoras que en su gran mayoría desconocen los amparos. Por ahora, se estudian mecanismos para lograr que quienes deban, no puedan recibir en el futuro buen trato de parte del Estado. Mientras tanto, la bella sigue tratando de enredar en sus brazos a la bestia.-

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