Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2000/08/07 00:00

La casa en el aire

Más allá del próximo fallo de la Corte, el país enfrenta el reto de construir un sistema de financiación de vivienda sostenible en el largo plazo.

La casa en el aire

Entre enero y abril de 1998 las entidades financieras les prestaron a los colombianos 1,3 billones de pesos para que compraran o construyeran sus viviendas. En el mismo período, este año, apenas prestaron 300.000 millones. Es decir, menos de una cuarta parte de lo desembolsado hace dos años. Mientras que en 1997 se financiaron unas 102.000 viviendas y hace tres años más de 120.000, en 1999 sólo recibieron crédito 42.000 casas. Durante los últimos cuatro años el empleo en la construcción cayó 35 por ciento, lo que explica buena parte del aumento en la tasa de desempleo.

Estos datos bastan para revelar las dimensiones de la crisis de la vivienda en Colombia. Más aún, mientras el resto de la economía empezó a recuperarse a partir del segundo semestre del año pasado, la construcción todavía sigue cayendo.

Esta situación es el resultado de la crisis de fines de 1998, cuando miles de deudores se vieron colgados a la hora de pagar sus créditos ante el gigantesco incremento de las tasas de interés y el creciente desempleo. Las entidades financieras vieron entonces aumentar de manera alarmante su cartera morosa. Y a la crisis social de los deudores hipotecarios —de por sí dramática— se sumó la debilidad de las corporaciones de ahorro y vivienda. Estaba comprometida la estabilidad del sistema financiero.

Ante la presión social se cayó el Upac, que había imperado en Colombia por casi 30 años, y se reemplazó, por ley, con un nuevo sistema de financiación de vivienda. La nueva ley de vivienda no ha terminado de reglamentarse y además está demandada ante la Corte Constitucional. Y todos están a la espera de que se establezcan en forma clara y definitiva las condiciones bajo las cuales los colombianos podrán prestar —o pedir prestado— dinero para la compra de vivienda. Los expertos coinciden en que el estancamiento actual del crédito hipotecario se debe precisamente a esta incertidumbre en las reglas de juego que ya completa un año.



El debate

Con su decisión la Corte va a aclarar las condiciones en que finalmente quedarán las normas que regirán el crédito de vivienda en Colombia. Definirá si quedan en pie las fórmulas vigentes para reliquidar los créditos y si avala o no en su integridad los principios del nuevo sistema consagrado en la ley. En últimas, se trata de definir las reglas de juego para el pago de los 18 billones de pesos de cartera hipotecaria contraída en el pasado y para el desembolso de los nuevos créditos.

En la actualidad hay mucha tensión en torno al fallo de la Corte, no sólo por lo que ello implica en términos económicos sino por la forma como se ha adelantado hasta ahora el debate. De un lado están quienes argumentan que los tecnicismos financieros del sistema de vivienda no deben ser diseñados por juristas no especializados en la materia. Del otro están los que consideran que los magistrados no sólo tienen la obligación sino el deber de velar porque los derechos sociales de los ciudadanos sean respetados. Cada uno parece desestimar los argumentos del otro en un diálogo de sordos.

Ojalá la Corte tome distancia de esta discusión estéril y logre dictar un fallo lo suficientemente sólido, que sea respetado y aceptado como legítimo por todas las partes interesadas. Sólo así se empezaría por fin a desentrabar un sector clave de la economía que está virtualmente paralizado.



Más allá del fallo

En todo caso, más allá de cómo falle la Corte, el mayor desafío del país es construir un sistema de financiación sostenible en el largo plazo. Y en este sentido varios expertos coinciden en que, así la Corte deje intacta la ley de vivienda, el logro de este objetivo no será fácil.

La estabilidad del sistema exige que haya una correspondencia entre el plazo al que se capta el dinero de los ahorradores y el plazo al que se presta a los compradores de vivienda. Si se van a dar créditos a 15 años por lo menos un buen porcentaje debería poderse financiar con ahorro de largo plazo. Por otra parte, el éxito de la nueva política de vivienda también implica desarrollar mecanismos para compensar los efectos de grandes fluctuaciones en las tasas de interés.Así, salir de la profunda crisis en que ha caído la financiación de la construcción de vivienda en Colombia le exige al gobierno desarrollar en la práctica una serie de instrumentos que por ahora sólo existen en el papel.

El bienestar de millones de colombianos depende de que el sector de la construcción empiece nuevamente a funcionar. Tanto los que sueñan con adquirir o terminar de pagar una casa propia como aquellos que trabajan construyéndola.

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