La casa en venta

Si Colombia fuera vista como una empresa ya estaría en liquidación. Durante los últimos años el gobierno sólo ha tenido pérdidas y, peor aún, las ha cubierto aumentando su nivel de endeudamiento. Es decir, ha estado haciendo lo que financieramente se considera inaceptable: contraer nuevos créditos para tapar los saldos en rojo. El resultado no puede ser otro que una deuda pública por encima del 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y unos gastos de intereses y amortizaciones que se comen la tercera parte del presupuesto anual de la Nación.

El origen de este caos fue un gasto público explosivo y unos ingresos que no alcanzaron para financiarlo. Para tapar ese hueco -que en la jerga económica se conoce como déficit fiscal- el gobierno se endeudó hasta el cuello y por eso se quebró. Lo peor es que ese desequilibrio entre ingresos y egresos se hace cada vez más grande. La presión que existe para que aumente sus gastos en rubros como las pensiones, el gasto militar o las transferencias a las regiones, que están atadas a mandatos constitucionales, hace que este hueco crezca a una velocidad insospechada.

El faltante para 2004 será de 6,1 billones de pesos. Ese vacío hay que cubrirlo. Y de cómo se haga dependerán en buena medida los problemas fiscales del futuro, cuando haya que pagar los intereses de las deudas que el gobierno asuma hoy. Si el país sigue endeudándose como lo ha venido haciendo, los gastos de intereses crecería en el mediano plazo, lo que obligaría a la Nación a endeudarse todavía más -lo que sería catastrófico- o a recortar la inversión social, que ya está en niveles mínimos.

Para corregir el problema hay que buscar otras fuentes de recursos que no sean por la vía del endeudamiento. Una manera es vendiendo los activos del Estado. De esa forma el gobierno recibiría ingresos hoy que no le generen obligaciones en el futuro y con ello ayudaría a cerrar la brecha fiscal. Eso es justamente lo que está tratando de hacer la administración del presidente Álvaro Uribe con un plan que acaba de poner en marcha para subastar las participaciones de la Nación en diferentes empresas y ministerios, que en total suman 24 billones de pesos.

La estrategia quedó plasmada en el documento 3281 del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) del pasado 19 de abril. Detrás de tan largo nombre quedaron consignados las inversiones a subastar y los detalles de su procedimiento. La idea del gobierno es salir de todos los bienes que no le estén siendo rentables, bien sea porque demandan constantes capitalizaciones o porque sus rendimientos son bajos. También quiere salir de las entidades en las que está demostrado que no es un empresario eficiente, como el caso del sector financiero.

Se vende

Las mayores esperanzas están puestas en los activos del gobierno en el sector energético, valorados en 15,4 billones de pesos. Acá la empresa que más interés va a despertar es Interconexión Eléctrica Nacional, ISA, donde el gobierno tiene hoy el 59,2 por ciento. ISA es la joya de la corona en la lista de activos a subastar, pues tiene el monopolio del mercado de transmisión de energía y es una de las empresas con mayor proyección internacional. La utilidad operacional en el primer trimestre de 2004 creció 20 por ciento frente a la del mismo período del año pasado y la ganancia neta aumentó en 405 por ciento. Parte de esos resultados se asocian con los ingresos que le reportan filiales como Red de Energía del Perú e ISA Bolivia. Aunque el proceso de enajenación de ISA empezó hace algún tiempo a través de su exitoso programa de democratización de acciones, "ISA acciones para todos", la meta del gobierno es vender entre el 9 y el 19 por ciento de su participación en la compañía para quedar con más del 50 por ciento y seguir siendo su principal accionista.

La otra 'mina de oro' es Ecogas, que ya está en proceso de venta. El Ministerio de Minas adelanta la contratación de un asesor que le ayude a diseñar la mejor estrategia para vender sus acciones en esta compañía de transporte de gas para el interior del país. Otro gran pedazo de la torta está en las empresas de distribución eléctrica, como las distribuidoras de la Costa Atlántica. Además se incluyen las participaciones de Ecopetrol en empresas que no son estratégicas para la petrolera estatal. En ese grupo están, entre otras, las acciones de Ecopetrol en la petroquímica Monómeros Colombo-Venezolanos, la empresa de transmisión eléctrica Transelca, el holding de distribución de gas natural Invercolsa (Inversiones de Gases de Colombia) y la distribuidora eléctrica EEB.

Si por los lados de la energía las cifras son ambiciosas, en el sector financiero no lo son menos. Los activos del ejecutivo en este negocio suman cuatro billones de pesos. En curso están negociaciones como las de Bancafé, Fiduciaria FES, Interbanco y los activos de entidades financieras en liquidación o desmonte progresivo como el Instituto de Fomento Industrial (IFI), la Caja Agraria y Banestado. A ellos se sumarán, entre otros, Granahorrar, fondos ganaderos y activos recibidos del IFI por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Las comunicaciones, con activos por 2,3 billones de pesos, serán también otra fuente importante de recursos. Los negocios de logística, como las centrales de abasto, Adpostal y los centros de diagnóstico, están valorados en 2,2 billones de pesos. Finalmente están los 39.000 millones de pesos que tiene invertidos en empresas industriales, los 10.000 millones de pesos en compañías agropecuarias y los 6.000 millones en otras actividades.

En tus manos colocamos...

Aunque aún no se ha establecido un cronograma para la venta de estos activos, es obvio que los 24 billones de pesos no se pueden vender de un día para otro. La enajenación de un bien público es un proceso largo e incierto en el cual juegan muchas variables que pueden enredar la pita y alargar el martillo del gobierno más allá de lo previsto. En el caso de Bancafé, la pesada carga laboral fue el factor que a último momento desanimó a los inversionistas interesados.

El gobierno se fijó como meta conseguir entre este año y el otro recursos por esta vía por dos billones de pesos. El proceso comenzará con una primera fase, en la que se espera la consecución de un billón de pesos, de los cuales 500.000 millones se esperan obtener antes de que acabe este año. El gran afán del gobierno es cerrar el hueco fiscal para 2004, cuyo número no puede pasar del 2,5 por ciento del PIB, según lo pactado con el Fondo Monetario Internacional. Si hoy le compraran lo que está ofreciendo, aliviaría ese faltante en 1 por ciento del PIB.

Las cuentas del gobierno son alegres. Según sus cálculos, ese dinero se consigue con la venta de ISA, de inversiones del IFI por 120.000 millones de pesos y de fondos ganaderos. No obstante, existen una serie de obstáculos que aguan sus proyecciones. Uno de ellos es la cantidad de trámites para privatizar un bien público. La legislación colombiana es muy complicada en esta materia. La ley 226 de 1995, que regula las privatizaciones, hace obligatorio que para cada venta se contrate un banco de inversión y se obtenga el visto bueno de un consejo de ministros.

Esta ley además les da prioridad y facilidades económicas a los trabajadores y ex trabajadores de la empresa, los sindicatos, los fondos privados de pensiones y entidades del sector solidario, entre otros inversionistas, para que participen en la privatización; un proceso que por lo general puede tardar más de seis meses. En este orden de ideas la venta que más posibilidades tiene de concretarse entre este año y el otro es la de ISA, que por cotizar en bolsa no necesitaría pasar por todo el proceso de valoración, que es bastante demorado. El resto, en cambio, necesita mucho más tiempo, como mínimo unos 48 meses.

Pero sin importar cuánto demore la privatización de estos activos, es claro que el Estado está quebrado y que necesita salir de estos bienes que no sólo no le generan ningún valor, sino que además le demandan cuantiosos gastos de cuidado y mantenimiento. Esta estrategia tiene implicaciones positivas en el mediano plazo, por cuanto disminuye el tamaño del Estado y con él las necesidades de gasto y financiamiento.

Se vislumbran en el horizonte factores que amenazan la estabilidad de las finanzas públicas en los próximos años, como es el caso del agotamiento de las reservas del ISS y los menores ingresos de la explotación petrolera, lo que hace más relevante el diseño de políticas de recorte de gasto cuyo impacto vaya más allá del presente año. Reformar el Estado, reducir su tamaño, sacarlo de donde no debe estar y abrirle campo al sector privado es, entonces, crucial para la solución de los problemas fiscales.