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LA CORTINA DE ACERO

El anuncio colombiano de colocarle barreras a la entrada del acero venezolano pone en peligro las buenas relaciones entre ambos países e incluso el futuro de la integración.

11 de septiembre de 1995

LA NOCHE DEL JUEVES PASADO EL PALACIO de San Carlos se vistió de gala cuando los vetustos salones de Estado se abrieron para recibir a un huésped de honor. Se trataba de la comida que el canciller Rodrigo Pardo ofreció en honor de su colega venezolano, Miguel Angel Burelli, quien vino de visita oficial a Colombia por un par de días.
Como es lo usual en estos casos, nadie se extranó de que sobraran las sonrisas y los saludos cordiales. Al fin de cuentas, el jefe de la diplomacia de la nación vecina es un viejo amigo del país que se mueve con facilidad en Bogotá.
Pero detrás de tanto protocolo hubo tiempo de sobra para las cuestiones sustantivas, porque en su agenda el canciller Burelli tenía claramente enunciados los puntos que a veces irritan las relaciones entre dos Estados que a veces son más vecinos que amigos.
Aparte de las quejas por el escándalo alrededor de los vehículos robados, del asunto de las incursiones de la guerrilla y del tema de los deportados, había un capítulo económico. En sus muchas conversaciones Burelli dejó en claro su inconformidad y su preocupación por el riesgo de que Colombia aplique dentro de pocos días una cláusula de salvaguardia comercial que afecte las exportaciones de barras de acero venezolanas.
Sus reclamos fueron la respuesta predecible a las afirmaciones que hizo el presidente Ernesto Samper durante la asamblea de Fedemetal el viernes 4 de agosto al sostener que "los datos preliminares de la investigación que adelanta el Incomex nos muestran que es conveniente la adopción de dicha cláusula".
Esa frase les confirmó a los venezolanos un temor que tenían desde el 2 de junio, cuando el Incomex emitió una resolución mediante la cual iniciaba una investigación administrativa interna para determinar si era procedente aplicar la famosa cláusula, que le impondría un arancel a las barras de acero producidas en Venezuela.
El inconformismo inusitado se desató también por cuanto los empresarios del vecino país consideraron que Samper no debía pronunciarse antes de que la investigación terminara. Es decir, antes de que el Incomex culminara la revisión técnica, la pasara al Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, y luego éste la pusiera a consideración del Consejo Superior de Comercio Exterior.
El presidente del Instituto Venezolano de Siderurgia -Ives-, Carlos Vargas, le dijo a SEMANA que "recibimos con extrañeza el hecho de que Samper manifestara pública y abiertamente que sería conveniente aplicar la cláusula, pues ese juicio induce a pensar que hay una decisión tomada, cuando el estudio aún no ha terminado su curso".
A las declaraciones en contra del discurso le siguió una carta del presidente de la Siderúrgica de Venezuela -Sivensa- Henrique Machado, dirigida al ministro de Comercio Exterior, Daniel Mazuera, en la que le expresó su preocupación y le dijo además que ha notado ciertas irregularidades alrededor del proceso, las cuales deberían ser investigadas. Así mismo le presenta los argumentos por los cuales, en su opinión, no debería aplicarse la cláusula.
Pero no sólo la misiva sirvió para expresar los sentimientos venezolanos. El jueves pasado había una reunión programada entre los empresarios del sector siderúrgico del vecino país, el presidente de Fedemetal, Gustavo Tobón; el ministro de Desarrollo, Rodrigo Marín, y el ministro de Fomento de Venezuela, Werner Corrales. A última hora la reunión se canceló, pues los venezolanos prefirieron esperar hasta tanto Burelli llegara con noticias sobre cuál es el ambiente en Colombia alrededor de la decisión.
Y aparte de las manifestaciones de los venezolanos, Sabas Pretelt de la Vega, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes -Fenalco- le envió una carta a Ernesto Samper, en la cual manifiesta su preocupación por la posibilidad de que se apliquen cláusulas de salvaguardia por cuanto eso "perjudicaría al sector ferretero nacional y a la industria de la construcción".
Los argumentos, como ocurre normalmente en estos casos, parecen darle la razón a ambos lados. Quienes combaten cualquier intento de restricción al comercio binacional dicen que no se ha registrado una disminución considerable en la producción y ventas de las empresas colombianas, -ver cuadro- con excepción de Paz del Río y Simesa, que han tenido problemas laborales en sus plantas. En su concepto, lo que ha habido es una desaceleración, que se debe a factores como la revaluación del peso, que son independientes al hecho de que las importaciones hayan aumentado.
AL ATAQUE
Pero así como unos dicen tener argumentos para pedir que no se aplique la cláusula de salvaguardia, el gobierno colombiano y Fedemetal tienen razones para pensar que es probable que sí haya méritos para hacerlo. El viceministro de Comercio Exterior, Mauricio Reina, dice que "el solo hecho de que se haya abierto la investigación significa que es probable que haya razones para aplicar la salvaguardia, pues las importaciones de barras de acero aumentaron de 4.390 toneladas en 1992 a 31.344 toneladas en 1993 y a 65.022 toneladas el año pasado, que son inerementos bastante considerables".
A su vez, el presidente de Fedemetal, Gustavo Tobón, dijo en diálogo con SEMANA que "hay una evidente penetración de barras de acero que afecta a todo el sector. El aumento en las importaciones se debe en gran parte a la depresión interna en Venezuela, pues lo que no pueden vender allá lo traen para acá y eso está creando serios desequilibrios".
No obstante, la discusión va más allá. Detrás de las razones de unos y otros, lo cierto es que tantas manifestaciones de inconformismo llevan a pensar que uno de los procesos de integración más exitosos del continente podría verse afectado por la aplicación de la cláusula de salvaguardia. Carlos Vargas del Ives plantea desde Caracas que "no vamos a propiciar retaliaciones, pero será difícil detener el detonante de otros sectores que también tienen comercio con Colombia y se podrían sentir molestos por la medida. Así mismo, se abriría la posibilidad de que otros sectores en Colombia se pregunten ¿por qué a ellos si y a nosotros no?".
En respuesta, el presidente de Fedemetal responde que "la aplicación de una ley no se puede interpretar como una agresión a un país amigo ni como un elemento que amenaza la integración". En concepto del gremio, no hay motivos para desatar un debate como el que se ha armado, pues las importaciones de barras de acero -que sería el producto sobre el cual se aplicaría la salvaguardia- no representan más del 10 por ciento del total de ventas del sector siderúrgico venezolano a nuestro país.
Sin embargo, tal como están las cosas el lío amenaza con empezar a verse afectado por la situación política de los dos países. Por el lado de Venezuela, el gobierno de Caldera ha sufrido un acelerado desgaste que tan solo es compensado por la reconocida honestidad del Presidente de los venezolanos.
Pero el palo no está para cucharas. Una medida que adopte Colombia y sea percibida como hostil puede llevar a que comiencen las zancadillas de lado y lado, con lo cual quedaría en serio peligro un proceso que en escasos cuatro años ha logrado llevar el intercambio entre las dos naciones de 500 a unos 2.000 millones de dólares. En Caracas la opinión está sensible y es mejor tenerlo en cuenta.
A su vez, el gobierno de Samper necesita visión de largo plazo y cabeza fría para enfrentar el problema. Quizás sería más efectivo preocuparse por el tema del contrabando de acero -que no paga impuestos y se realiza a la tasa de cambio del mercado negro- que por el comercio legal que se registra en las estadísticas.
Sin embargo el gobierno está dando la impresión de que es más fácil caer en la trampa populista contra la apertura, a cambio de arriesgar la estabilidad del segundo mercado en importancia para el comercio exterior colombiano. Así lo confirman tanto el discurso de Ernesto Samper en la asamblea de Fedemetal, como las palabras del Presidente la semana pasada en el acto de presentación de un libro sobre el primer año de la administración en materia económica.
Todo lo anterior lleva a pensar que más allá de la cordialidad que existió entre los cancilleres de Colombia y Venezuela la semana pasada, los nubarrones en el horizonte son cada vez más oscuros. Sólo queda esperar que en ambos países prime la razón y los encargados de las decisiones entiendan que por ganar un poco a costa del vecino no vale la pena perderlo todo.-