La Costa iluminada

En agosto de 1998 el gobierno nacional tomó una decisión que provocó un gran malestar en la Costa Caribe colombiana: intervino las ocho electrificadoras que prestaban el servicio de energía. La decisión cayó mal entre los sindicalistas y los políticos, los únicos que se beneficiaban de unas empresas que prestaban un mal servicio y obedecían más a criterios políticos partidistas que de atención al público. También se incomodaron las personas de la región que tenían conexiones fraudulentas y los que estaban conectados de manera ilegal. El sistema era insostenible.

Al intervenir, el gobierno, principal accionista de las electrificadoras, inició un programa de saneamiento y liquidación de activos, con el fin de hacerlas atractivas para inversionistas internacionales que se hicieran cargo de distribuir y comercializar la energía. El sistema presentaba muchas fallas, pues la demanda era superior a la capacidad de generación de las termoeléctricas, la Costa no estaba interconectada en su totalidad con generadores del interior, los empleados disfrutaban de convenios extralegales insostenibles y las empresas eran ineficientes en su administración y suministro, pues no facturaban la totalidad de la energía que despachaban. Sólo recaudaban un poco más de 50 por ciento de lo facturado y amplios sectores de población tenían servicio algunas horas al día. Incluso algunas empresas como el sector petroquímico de Cartagena, ante la inestabilidad, construyeron sus propias generadoras y comercializadoras y el gobierno tenía que incluir partidas en el presupuesto para financiar las públicas.

El plan de choque que se necesitaba iba a doler, como en efecto dolió. Al momento de la intervención el gobierno nacional creó dos distritos que serían atendidos por dos empresas: Electricaribe S. A. se encargaría de comercializar energía en Atlántico, Magdalena, La Guajira y Cesar; y Electrocosta en Bolívar, Sucre, Córdoba y Magangué, municipio que tenía empresa propia. Las pérdidas eran incalculables. El procedimiento inicial consistió en hacer planes de retiro compensado y pensionar a quienes tuvieran tiempo y edad, para disminuir costos, vender activos improductivos y recuperar la voluminosa cartera. Contemplaba, también, ampliar la cobertura, mejorar la seguridad en el sistema y empezar a controlar las conexiones fraudulentas e ilegales.

Entre 1998 y 2000, el gobierno consiguió que un operador privado se hiciera cargo de la gestión, Caribe Energy Holding, de Venezuela, pero tiró la toalla y vendió su participación a Unión Fenosa, una multinacional española con mucha experiencia en el negocio en su país y en otros países europeos. Fenosa asumió la gestión en el año 2000 y al tiempo que realizó una masiva inversión en mejora de redes y postes, implementó un 'doloroso' sistema de gestión comercial para mejorar la facturación y recaudo. Este último incluía el cambio de contadores en las residencias y comercio, una de las fuentes principales de fraude.

Los primeros meses fueron de choque. En las calles de las capitales había protestas, quema de llantas y las oficinas de atención al cliente vivían abarrotadas de quejosos. Se cometieron muchos abusos, pero también comenzó un proceso de educación en el que se buscaba desterrar lo que la empresa llamaba "la cultura del no pago". Fue tan grave la situación que en algunos municipios las oficinas de Electricaribe y Electrocosta fueron incendiadas y saqueadas.

Sin embargo, nueve años después de haber asumido Unión Fenosa el control accionario (85 por ciento), y a pesar de que subsisten algunos problemas de conexiones ilegales o de interrupciones en el servicio, la Costa Atlántica cuenta hoy con un servicio de energía mucho más seguro. Unión Fenosa fusionó las dos empresas bajo una sola razón social. Electricaribe, que pasó de tener pérdidas por 500.000 millones de pesos anuales, a tener utilidades en 2008 de 75.000 millones de pesos. Espera obtener el doble de utilidades en 2009 y tiene un plan de inversiones para los próximos cuatro años de 600.000 millones de pesos. La empresa por cada 100 pesos facturados recauda 94 y tiene hoy 1,9 millones de clientes que pagan al año 2,5 billones de pesos..

En diálogo con SEMANA, Víctor Cruz, presidente ejecutivo de Electricaribe, dice con mucha satisfacción y optimismo, que la empresa dio un gran salto: pasó de tener pérdidas a ser una empresa rentable. Y lo más importante es que después de tantas dificultades la empresa "da por superada la cultura del no pago".