Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 1994/07/11 00:00

LA DESPEDIDA DEL 'REVOLCON'

Al final del gobierno de Gaviria el Congreso expide una serie de leyes cruciales para la estuctura económica del paìs.

LA DESPEDIDA DEL 'REVOLCON'

EL FINAL DE UN GOBIERNO Y LA VISPERA DE unas elecciones presidenciales no son el momento más propicio para sacar leyes de envergadura del Congreso. Sin embargo, al rematar la presente legislatura, tanto el gobierno como el Congreso se anotan un 'hit' al salir aprobadas toda una serie de leyes que tendrán un gran impacto en la estructura económica futura del país, como las orgánicas de planeación y presupuesto, y las leyes eléctrica y de servicios públicos.

La Constitución Política de 1991 estableció la obligación para el Congreso de expedir leyes orgánicas para determinar la actividad legislativa en cuatro casos concretos: el reglamento del Congreso, las normas de presupuesto, el plan general de desarrollo y la asignación de competencias a las entidades territoriales. La ley orgánica del reglamento del Congreso ya salió hace un par de legislaturas. Con la aprobación de las leyes orgánicas de planeación y presupuesto queda prácticamente cumplido ese mandato, pues el tema territorial ya está parcialmente reglamentado y sólo falta una ley orgánica con aspectos generales.

En materia de planeación la Constitución consagró todo un nuevo sistema de planeación para reemplazar el esquema planteado por la reforma constitucional de 1968, que nunca pudo funcionar. Si bien la Carta Fundamental establece de manera clara un marco determinado que no daba mucha amplitud legislativa la ley orgánica tiene una serie de aportes bien concretos.

Como primera medida consagra el principio de la autonomía en materia de planificación. La Nación y las entidades territoriales son autónomas en función de sus respectivas competencias y capacidad de generación de recursos. La consecuencia de ello es que los planes tienen que ser concretos para la región.

De otra parte, introduce un sistema de evaluación de la gestión de los agentes nacionales y territoriales que va a permitir que los planes de desarrollo no se queden en el papel. También establece la instancia del Consejo Nacional de Planeación y de los consejos territoriales en la elaboración de los planes de desarrollo, con lo cual se busca generar participación de los diferentes estamentos del país.

La nueva ley orgánica de presupuesto se limitó a introducir ajustes a la que ya existía y que es reconocida como una buena norma. Lo primero que tenía que hacer era acomodar la ley existente al nuevo esquema constitucional de los planes de desarrollo.

Eso requería flexibilizar los programas de inversión, pues había quienes pretendían ligar los presupuestos de inversión de cuatro años a lo establecido en el plan de desarrollo. La flexibilidad permite ir ajustando el presupuesto anual a los ingresos y a las necesidades de gasto reales de acuerdo con el cambio de rumbo de las circunstancias. Se ocupó también de definir el concepto de gasto social, puesto que la Constitución establece que la relación de este frente al gasto total no puede disminuir porcentualmente con respecto al año anterior.

Quizá el elemento más novedoso y original de la nueva ley orgánica de presupuesto es la introducción de un mecanismo para manejar el impacto macroeconómico generado por el ingreso de grandes recursos, como es el caso de la bonanza de Cusiana. La norma consagra, además de los principios tradicionales como el de la universalidad o la unidad de caja, uno del cual los colombianos nunca habían oído hablar hasta ahora: el de la homeóstasis. Según el diccionario, la homeóstasis es la autorregulación de la constancia de las propiedades de otros sistemas influidos por agentes exteriores. Pero en materia presupuestal quiere decir, según la nueva ley, que "el crecimiento real del presupuesto de rentas, incluida la totalidad de los créditos adicionales de cualquier naturaleza, deberán guardar congruencia con el crecimiento de la economía, de tal manera que no genere desequilibrio macroeconómico".

Ese esotérico principio se traducirá en la creación de un fondo de recursos de superávit de la Nación que no formará parte del presupuesto de ingresos y que se invertirá en activos externos para evitar que afecten la base monetaria. Con el tiempo, el gobierno podrá ir transfiriendo los recursos del fondo de estabilización al presupuesto, de manera que el fondo se agote al ritmo de absorción de la economía. Eso lo que permite es evitar que el ingreso masivo y repentino de recursos a la economía genere procesos inflacionarios desbocados.

Otro de los nuevos elementos de la ley es la modificación de los miembros del Consejo Nacional de Política Fiscal y la exclusión de la figura de los asesores que había venido funcionando hasta la fecha. En materia de trámites presupuestales también introduce toda una serie de elementos para agilizar los procesos. De otro lado, establece que la primera parte del debate presupuestal en el Congreso se deberá dedicar a definir el monto total del gasto, y sólo una vez definido éste se fijará qué se gasta en cada rubro. Este mecanismo evita la propensión a aprobar presupuestos deficitarios. Y en el trámite de ejecución también introduce reformas relacionadas con las reservas acumuladas de un año a otro, lo que hace más fácil la ejecución para las entidades públicas.

Pero tal vez la mayor ventaja de las dos leyes orgánicas aprobadas por el Congreso es la de darle claridad legal e institucional a la inversión y al gasto público y, así, evitar debates como los suscitados con la Veeduría en los últimos años.

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