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| 12/15/1986 12:00:00 AM

LA HORA CERO

Con la presentación del informe del ponente, queda en manos del Congreso la suerte de la reforma tributaria.

Ahora sí, la cosa va en serio. Tres semanas después de la presentación por parte del gobierno al Congreso del proyecto de reforma tributaria en el cual se cambian radicalmente las normas sobre el impuesto a la renta en Colombia, la iniciativa se enfrenta a un período decisivo. La entrega esta semana del informe del ponente, el senador liberal Víctor Renán Barco, a sus colegas de la Comisión Tercera de la Cámara alta, debe abrir el debate en el Parlamento sobre la idea de la administración de simplificar la estructura tributaria existente y redistribuir las cargas entre los que pagan impuestos. Si todo resulta bien, el gobierno confía en que la iniciativa original salga adelante con algunas modificaciones y que para la tercera de diciembre, la reforma tributaria se convierta en ley.

La pulida
Esas modificaciones son probablemente las que acaben determinando si la propuesta fracasa o sobrevive. A pesar de que en términos generales el proyecto tuvo acogida entre la opinión cuando se conoció, algunos de sus puntos crearon escozor debido a que fueron considerados como discriminatorios. La posibilidad de gravar rentas hoy exentas, tales como las primas y las cesantías, así como la eliminación de algunas deducciones, generaron rechazo entre los sectores que se sintieron injustamente afectados.

La labor de limar esas aristas le correspondió, como era de esperarse, al senador Renán Barco, quien al presentar esta semana su ponencia recomienda una serie de modificaciones que, de aceptarse, dejarían sin piso a las críticas más fuertes. En los días en que estuvo trajinando con la reforma, el parlamentario caldense vio pasar por su oficina en el Capitolio a toda una romería de gremios y personas que de alguna manera se sintieron lesionados por la iniciativa del Ministerio de Hacienda y que, en algunos casos, probaron sus argumentos con exito. Adicionalmente, Barco tuvo que echarle lápiz continuamente a las cuentas del gobierno para ver si la afirmación de este--que sostiene que los recaudos permanecerán iguales-- es justificada.

El resultado de todo ese proceso queda contenido en la ponencia del congresista liberal. Varios de los puntos reflejan las opiniones de la Comisión Política Central del liberalismo, incluidas en un memorando dado a conocer el 11 de noviembre y en el cual el partido de gobierno le da su bendición a la idea, después de reiterar que necesita algunos ajustes. En forma esquemática, los cambios más importantes que se le proponen a la reforma son los siguientes:

--Rentas de trabajo: continúan exentas la prima y la cesantía para sueldos inferiores a $ 300 mil mensuales. El proyecto original hablaba de incluir estas dentro de la renta gravable.
--Deducción pagos de deudas de vivienda: esta deducción que se eliminaba en la iniciativa original, se conservaría, permitiéndole a los contribuyentes descontar no más de $ 60 mil al mes. Sin embargo, la suma no sería reajustable nunca, lo cual implica que a medida que pasen los años menos gente se va a ver beneficiada. Aparte de los deudores del sistema UPAC se incluirían en este renglón los que utilicen otras formas de financiación como es el caso del Fondo Nacional del Ahorro o las cajas de vivienda.

--Gastos de representación de los empleados públicos: estos se encuentran exentos hoy en día y se propone conservar la exención, pero sólo para los niveles más altos de las ramas legislativa, ejecutiva y judicial, tanto del orden nacional como departamental y municipal. No estarían exentos los funcionarios de los institutos descentralizados.

--Fuerzas Armadas y policías: se mantiene la legislación actual en el sentido de que estos continúan pagando impuestos sobre el salario básico que devenguen y no sobre los pagos adicionales .

--Sector agrario: se mantienen los estímulos tributarios que existen.

--Amnistía: se elimina la parte del artículo que proponía amnistiar los activos poseídos ilegalmente en el exterior, pero se mantienen las ventajas para quien quiera declarar bienes que tenga en Colombia, incluido el dinero en efectivo. Con este cambio se apacigua a los críticos que se quejaban de que los recursos del narcotráfico iban a ingresar al país, aunque lo cierto es que, para poner un ejemplo, una persona que tenga dólares en el extranjero puede traerlos, venderlos en el mercado negro y luego con los pesos acogerse a la amnistía. Por otra parte, se mantienen las normas sobre arreglo de los juicios que existan en materia tributaria.

--Tarifas de impuesto: el ponente propone una tabla de tarifas marginales para el impuesto a la renta, así: para ingresos inferiores a un millón de pesos, el 0%; para ingresos entre 1 y 1.5 millones, el 17%; para ingresos entre 1.5 y 4 millones, el 25%; y para ingresos superiores a 4 millones, el 30%. Todavía está por definir la tabla, pero estas serían las escalas básicas, con lo cual el tratamiento para los ingresos más altos seria más estricto que en la propuesta del gobierno.

--Facultades extraordinarias: más precisas que las solicitadas por el gobierno, pero cubren un terreno más amplio.

--Entidades sin ánimo de lucro: las universidades continúan exentas y en el caso de las fundaciones dedicadas a hacer intermediación financiera (FES, Caja Social de Ahorros y Finsocial) se prevé un trato preferencial.

--Aumento en el IVA: se elimina la parte del artículo que le daba al gobierno facultades para aumentar la tasa del Impuesto al Valor Agregado del 10% al 12%.

Como queda claro, buena parte de la filosofía original del proyecto queda intacta. Pilares de la iniciativa como la rebaja en tasas de impuesto para personas y sociedades, así como el desmonte de la doble tributación, se conservan.

Las cuentas
Con las modificaciones introducidas por el ponente, lo más probable es que buena parte de los ataques que en un comienzo se le hicieran a la reforma tributaria se acaben. Sin embargo, eso no quiere decir que la iniciativa tenga asegurado su tránsito exitoso por el Congreso. Todo lo contrario. Las conversaciones en los pasillos del Capitolio indican que lo duro está por comenzar.

Sin duda el mayor escollo en el terreno de la discusión económica tiene que ver con la revisión de las cifras del gobierno. Quien puso el dedo en la llaga la semana pasada fue el contralor Rodolfo González, al insistir que la reforma es innecesaria debido, entre otras cosas, a que el país goza de cierta tranquilidad en la parte fiscal, pues el déficit se ha venido reduciendo en forma acelerada. Lo que es peor, el contralor sostiene que al aprobarse la reforma, los recaudos bajarían en "unos 20 mil millones de pesos", contradiciendo de paso las afirmaciones del gobierno en el sentido de que el efecto es neutro.

La oscuridad que existe sobre la consecuencia de la reforma debería empezar a aclararse a partir de esta semana cuando, con la ponencia de Renán Barco, se encuentren los cuadros en los cuales el Ministerio de Hacienda prueba su afirmación. Sin embargo, esa luz no es suficiente para apaciguar a los críticos del proyecto que atacan al gobierno por improvisado y por no haberle presentado a la opinión pública los números sobre el efecto--en pesos--de la reforma. En una corta visita que hizo al país la semana pasada, el especialista de Harvard, Richard Musgrave, comentaba con asombro que una reforma de tanta magnitud se hubiera planteado sin la información numérica del caso y solamente con la afirmación del gobierno de que tenía sus cálculos. En contraste, el profesor norteamericano señaló cómo en la reforma que se implantó hace poco en los Estados Unidos nunca se presentó la discusión numérica, sencillamente porque las cifras, y muchas, estaban ahí para quien las quisiera ver.

Lo cierto es que buena parte de las críticas de Musgrave son verdad. Solamente cuando se comenzó a darle vueltas a la idea de la reforma se comenzó con la investigación sobre la estructura de los recaudos del impuesto a la renta, hasta llegar al detalle.
De hecho, aunque el gobierno en sus estimaciones iniciales tenía en sus datos que los recaudos no caían, la certeza no era plena. Aun el fin de semana pasado se estaban haciendo los muestreos del caso en la Administración de Impuestos, con el objetivo de sustentar todavía más las afirmaciones del gobierno. Buena parte de la revisión de esos números le correspondió al ponente del proyecto de reforma. A pesar de la premura del tiempo, el senador Barco sostuvo que, con base en los datos de la Administración de Impuestos, podía afirmar con tranquilidad que los recaudos no iban a caer y por ello recomendaba la supresión de la parte del artículo que faculta al gobierno para aumentar la tasa del IVA.

Aunque quedan sujetas a revisión las cuentas del gobierno afirman que como consecuencia de la reforma, se presentaría un menor recaudo de 115 mil millones de pesos, básicamente debido a la rebaja en las tarifas de las personas naturales (30 mil millones de pesos menos) y de las sociedades (23 mil millones de pesos menos). Esa caída sería compensada por la ampliación de la base tributaria y por la eliminación de descuentos y deducciones, con lo cual el gobierno insiste en que obtendría unos 130 mil millones de pesos adicionales. De tal manera, el efecto de la reforma durante el primer año, no sólo no daría saldo negativo sino que dejaría un remanente ubicado entre 15 mil y 17 mil millones de pesos. Este excedente sería compensado durante el segundo año de la reforma, de tal manera que al cabo del tiempo, el efecto sobre los recaudos acabaría siendo neutro.

En todo este escenario, el verdadero "as en la manga" que tiene la Administración se encuentra en un artículo del proyecto que, por su vaguedad, ha pasado casi inadvertido. Se trata del artículo 16 que, de aprobarse, le permitiría al Estado aumentar las retenciones sobre una serie de actividades de compra y venta de bienes hasta un tope del 3% sobre el valor de la negociación. Según las cifras del gobierno, un manejo adecuado de las retenciones le permitiría encontrar allí unos 38 mil millones de pesos, equivalentes al 27% del aumento en los recaudos. En comparación la eliminación de descuentos medida que ha sido mucho más publicitada, generaría 30 mil millones de pesos. Dentro de las retenciones, el fuerte, a su vez, se encuentra en el aumento del 1
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