La ‘legión extranjera’ de las obras públicas

El millonario plan de obras de infraestructura que adelanta Colombia ha despertado, como nunca, el interés de las firmas extranjeras por llegar al país, pero también una gran preocupación de la ingeniería local, que se está sintiendo desplazada con la competencia foránea.

El desfile de extranjeros por los diferentes despachos públicos con deseos de participar en estas obras es permanente. Hace pocas semanas la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció la apertura de precalificación para varios proyectos viales entre los que se encuentran las autopistas para la Prosperidad y las carreteras Girardot-Puerto Salgar y Mulaló-Loboguerrero, entre otros, que hacen parte del ambicioso programa de la cuarta generación de concesiones. 

Cerca del 80 por ciento de los interesados son contratistas extranjeros o que están asociados con inversionistas nacionales. La mayoría proviene de Brasil, Italia, España, Chile, México, Ecuador, Perú, Portugal, Francia y China, entre otros países.

Recientemente, el Fondo de Adaptación adjudicó contratos para el diseño y la construcción de puentes en 11 departamentos afectados por la pasada ola invernal. De los 34 que se van a construir, 25 correrán por cuenta de dos firmas extranjeras, un consorcio italiano y una compañía española. 

A primera vista, esta activa participación foránea refleja la mayor confianza en el país y el gran interés que han despertado tanto la cuarta generación de concesiones por 44 billones de pesos, como el plan de obras públicas del Invías. 

En los últimos meses el director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, viajó a varios continentes en busca de inversionistas. El funcionario sostiene que el interés de las más importantes empresas no solo de Colombia sino de América y Europa mejorará la infraestructura vial y permitirá transferir conocimiento y tecnología que fortalecerá al sector privado. 

Pero, desde el punto vista local, el tema está causando inquietud entre los ingenieros colombianos, que se sienten en desventaja frente a los extranjeros. Las firmas nacionales piden un tratamiento igualitario en el sentido en que no se les discrimine o estigmatice por las malas gestiones de unos pocos contratistas en el pasado, y que se establezcan mayores filtros para mirar qué clase de contratistas están llegando del exterior, si efectivamente están trayendo tecnología de punta y si cuentan con músculo financiero y alta experiencia. 

Aseguran que en esta ‘avalancha’ de empresarios hay de todo, desde empresas de primera línea que se destacan por las grandes obras que han realizado en el Viejo Continente, y otras que, a raíz de la crisis económica que se vive en algunos países como España, están llegando sin las credenciales necesarias y utilizando a Colombia como un ‘escampadero’. 

Precisamente, la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, envió una carta al embajador de España en Colombia, Nicolás Martín Cinto, en la que si bien destaca la participación de empresas españolas en estos contratos de infraestructura, también pone de manifiesto su descontento porque varias de ellas no han cumplido los compromisos adquiridos, con lo cual se están presentando retrasos en algunos proyectos, en especial los adjudicados por el Invías. 

“Con relación a la ejecución de los contratos en los que participan empresas españolas, este ministerio observa con preocupación que algunas de ellas no han presentado el desempeño requerido para lograr los objetivos propuestos en la contratación, traducido en atrasos en la ejecución de obra programada”, señala en la carta la funcionaria. 

 La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) viene insistiendo en que la competencia extranjera es bienvenida, pero en un esquema que garantice la igualdad de condiciones frente a las compañías nacionales. Argelino Durán, presidente de la junta directiva de la CCI, dice que están llegando empresarios extranjeros pero no inversión foránea, que ha sido poca en el sector de infraestructura. El año pasado, por ejemplo, ingresaron al sector 244 millones de dólares, que corresponde al 1,5 por ciento del total de la inversión extranjera que llegó al país.

Pero no solo los contratistas están sintiendo pasos de animal grande. La preocupación se extiende también a las firmas de consultoría. En los últimos tres años, cerca de diez de las grandes han pasado a manos de extranjeros, como  Hidroestudios, Mejía y Villegas, Estudios Técnicos, Gómez Cajiao, Itansuca, Geoingeniería e Ingecon, entre otras. 

La preocupación es mayor si se tiene en cuenta que el 85 por ciento de las empresas del sector son pymes y que han llegado cerca de 70 firmas españolas.   Henry Sánchez, presidente de Consultoría Colombiana (Concol), una firma que lleva más de 40 años en el mercado, señala que a las pymes extranjeras se les da prioridad en los pliegos porque en los tratados de libre comercio y en los acuerdos firmados por Colombia con otros países se incluyeron cláusulas que señalan que en la realización de negocios se les dará un trato de nacionales. 

“Este es el único país que conozco que a los extranjeros le dan el mismo trato que a los nacionales sin exigir ninguna clase de reciprocidad. Los colombianos no podemos ir a trabajar en igualdad de condiciones a España, Brasil o Argentina”, asegura Sánchez. 

Para Guillermo Balcázar, gerente de Inare, en muchos casos las exigencias de experiencia sobrepasan las necesidades reales de los proyectos. Por ejemplo, si en el país se va a construir una carretera de doble calzada de 80 o 100 kilómetros, a las firmas se les exige una experiencia en la que demuestren que han construido el doble. 

Ese requisito es complicado de cumplir para pequeñas y medianas firmas locales, porque aquí no se han hecho carreteras del tamaño de las que se hacen en otras naciones, que superan los 500 kilómetros. “Aquí se piden requisitos tan gigantescos que se obliga a que las firmas colombianas tengan que buscar un socio extranjero, lo que las pone en desventaja”. 

La presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), Diana Espinosa, expresó su inquietud por el gran número de permisos otorgados para ejercer temporalmente la ingeniería en el país. En el último año, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería otorgó 1.555 permisos temporales, de los cuales el 26 por ciento corresponde a ingenieros venezolanos y el 13 por ciento a españoles. 

Por lo pronto, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Transporte, los ingenieros y la CCI estudian fórmulas para facilitar la mayor competencia entre las empresas nacionales y extranjeras. Los ingenieros proponen que los contratos hasta un monto determinado sean otorgados a los nacionales, como ocurre en México, que en caso de un empate en una licitación se le de prioridad a los nacionales. Diana Espinosa, de la SCI, plantea otra opción: que se exija al menos en un 50 por ciento la participación de la ingeniería nacional como socia de la extranjera.

Pero mientras se logra un consenso sobre el tema, en el país sigue la controversia por la lentitud de las obras viales y de los procesos licitatorios para la cuarta generación de concesiones. Un artículo de la revista británica The Economist, bajo el título ‘Tomando el camino lento’, señala que a pesar de que la infraestructura es una de las cinco locomotoras del crecimiento económico en la administración Santos, todavía hay muchos obstáculos por superar y que por lo visto hasta el momento hay más anuncios que acciones. 

Queda un año para poner a andar a toda velocidad esta locomotora. El tiempo apremia y la entrada de extranjeros es uno de los cuestionamientos que penden hoy sobre el sector.