LA LEY "BOJOTE"

Si la reforma urbána hubiera sido aprobada en el Congreso el año pasado por esta misma época, no habrían sido pocos los comentarios en el sentido de que los socialistas infiltrados en el Partido Liberal estaban haciendo la revolución por decreto.
La palabra expropiación, que había logrado asustar a los terratenientes con la reforma agraria, tenía completamente aterrorizados a los terratenientes y "casatenientes" urbanos.
Pero este año las cosas resultaron de otra forma. La reforma urbana pasó y prácticamente nadie se asustó. La pregunta que surgió inmediatamente fue: ¿o el país cambió en un año, o la reforma urbana que se aprobó es menos revolucionaria?
Aunque el hecho de que después de 28 años y cerca de 17 intentos se haya podido aprobar una reforma urbana es por sí solo revolucionario,.las discusiones y los peros que tuvo la propuesta presentada por los mismos ponentes del año pasado, Ernesto Samper y Aurelio Iragorri, se concentraron, no tanto en los conceptos como expropiación, extinción de dominio o legalización de tierras invadidas, sino en los de desupaquización de la vivienda popular, y el papel de la administración municipal. Pero sobre todo, el debate se centró en un punto: ¿cómo financiar la reforma urbana?
Y fue precisamente en el punto de cómo financiar la reforma urbana en donde se produjo una especie de revolución. Porque a pesar de que la mayoría de la bancada conservadora, los gremios de la construcción, Fedelonjas, Camacol, Anif, el Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda, y algunas otras entidades se opusieron a los nuevos impuestos que se crearon para financiar la vivienda de interés social, los liberales se salieron con la suya. Luego de 75 días de discusión en los que 52 congresistas entre senadores y representantes de las comisiones terceras se dedicaron de tiempo completo a digerir uno por uno los 128 artículos de que consta el proyecto, este pasó rápidamente por la plenaria del Senado y se detuvo un poco en la de la Cámara. Esta vez la razón fue la del impuesto al cemento. El proyecto volvió al Senado y éste insis tió ante la Cámara, la cual, finalmente, el 29 de noviembre lo aprobó.

No se puede establecer a ciencia cierta si el gol fue del presidente Barco, quien desde el año pasado estaba empeñado en que del 88 no pasaba su aprobación; o del ministro de Desarrollo, que desde el día siguiente a la instalación del Congreso, entregó el proyecto a los ponentes; o de Ernesto Samper, que no le perdió puntada al tejemaneje en las comisiones terceras; o de Víctor Renán Barco, quien se convirtió en el mejor defensor del proyecto; o si fue un autogol de la oposición reflexiva protagonizado por Daniel Mazuera, quien se puso como el mejor de los liberales a estudiar y a impulsar el debate por considerar que "la oposición no debe actuar como una mula muerta en la mitad del camino". En fin, no se sabe quién metió el balón, pero lo cierto fue que llegó al fondo de la red, como dirían los comentaristas deportivos.

Pero tampoco se sabe a quién se le metió el gol porque a juzgar por los resultados, es muy posible que no haya sido solamente a los socialconservadores o a los gremios de la construcción que se opusieron. La "cascada" tributaria con que se cargó a lo propietarios de vivienda que pertene cen a los estratos medio-alto y alto parece indicar que el gol fue para esos dos sectores. De acuerdo con la reforma que acaba de ser aprobada la vivienda llamada suntuaria quedaría por lo menos con nueve impuestos. Además del predial y el de la CAR, el propietario tendrá que corre con los impuestos de estratificación plusvalia, patrimonio, valorización renta presuntiva y ganancias ocasionales en el caso de que la propiedad sea vendida. "Lo que se acaba de aprobar es una reforma tributaria a la propiedad", afirmó Oscar Borrero, presidente de Fedelonjas, al referirse a la "cascada" de impuestos que impone la reforma urbana.

Teóricamente el gol se le metió a la industria de la construcción, la cual tendrá que correr con el IVA al cemento, impuesto que antes no tenía.
El propósito de esta medida es entregar los recursos obtenidos por concepto del cemento a los municipios para que se ocupen de la vivienda popular. Pero para algunos, esto puede convertirse en un bumerán que afectaría principalmente a los más desfavorecidos, ya que el impuesto al cemento encarecerá automáticamente el precio de la vivienda. Y si se tiene en cuenta que los costos de la vivienda popular están basados prácticamente en los del cemento y el ladrillo, y no en el de los acabados como ocurre en la vivienda suntuaria, el único perjudicado con el IVA al cemento será el sector popular.

Al margen de las discusiones en torno de los recursos con los que se financiará la reforma urbana, ha surgido otra serie de interrogantes. Uno de ellos es el de la refinanciación de una entidad como el ICT, cuando se afirma que ésta requiere una inyección económica y al mismo tiempo se habla de que posee cerca de 33 millones de metros cuadrados en tierra y unas cuentas por cobrar superiores a los 45 mil millones de pesos. "Ahí lo que hay que hacer es cambiar de gerente porque si uno no puede sacar adelante una empresa con esos activos debe declararse incapaz de estar al frente de esa entidad", afirma Gabriel Jaime Giraldo, presidente de Camacol .

Lo que si parece ser un hecho es que la reforma tiene tanto de largo como de ancho y a pesar de que en general ha sido considerada como un importante paso histórico, no ha dejado de tener sus reservas. Estas se encuentran principalmente en torno de la forma de pago en el proceso de expropiación, la cual se hará a largo plazo (entre 6 y 8 años) y los intereses serán inferiores a la inflación. También se cuestiona la famosa extinción de dominio, ya que mientras en el campo se prevé cuando una tierra dura más de 10 años sin cultivar o sin producir, en la ciudad tendrá que construirse en menos de dos años. Y aunque este plazo es prorrogable hasta en 6 años, todo el que tiene lotes considera que para construir lo que se requiere fundamentalmente es que haya mercado, ya que nadie se mete a la construcción si no se la van a comprar. "Si no lo puede hacer el Estado, cómo se le va a exigir al particular que construya", señala un propietario de lotes urbanos.

En materia de lotes de engorde y de indemnizaciones, todavía queda mucho por reglamentar y aunque lo que sí se ve es que la reforma urbana tiene un alto contenido de interés social, que se demuestra entre otras cosas en la desupaquización de la vivienda popular, todo parece indicar que la nueva sacrificada es la clase media.
Lo que queda demostrado con esta reforma es que, aunque es de avanzada, se queda corta. Y si los sectores populares necesitaron de la que se llama ahora la "Ley Samper", para que les quitaran la tortura del Upac, la clase media tendrá que empezar a decir: ¿ahora, quién podrá defendernos? -