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| 12/25/1989 12:00:00 AM

LA LLEGADA DE LOS CONTRAS

Después de muchos ires y venires el proyecto de contrareforma urbana queda a punto de ser aprobado en el Congreso.

El tema ha sido centro de polémicas desde que el mundo es mundo. Por eso, cuando se habla de vivienda es difícil poner a toda la gente de acuerdo y en ese aspecto Colombia no es la excepción. Incluso a los más escépticos les habría bastado pasar la semana pasada por el Congreso para ver las pasiones que se exhibieron cuando en la Comisión Tercera del Senado se discutió el texto del proyecto de contrarreforma urbana.
Este, en un comienzo, era bastante inocente. Cuando el gobierno presentó la iniciativa, buscaba corregir los problemas que habían surgido al aplicar la ley 9a. de 1988, más conocida como la reforma urbana. Aunque para los especialistas la mayoría de los puntos de la reforma eran buenos, esta falló en varios aspectos claves, lo que ocasionó que el remedio acabara siendo peor que la enfermedad. Como consecuencia, se agravó una situación de crisis ya existente en el sector de la construcción. Las cifras oficiales indican que al cierre del primer semestre del año la actividad edificadora había caído en 11.6% con respecto al mismo período de 1988.
En particular, los especialistas culparon al artículo 44 de la reforma como el causante de los males. Este definía la llamada vivienda de interés social y decía que esta no podía ser financiada con préstamos en UPAC otorgados por las corporaciones de ahorro y vivienda. Independientemente de que ese alegato fuera justificado o no, lo cierto es que, ante la prohibición, las CAV dejaron de financiar este tipo de obras, sin que el faltante fuera asumido por nadie. Tal como anotó la revista Coyuntura Económica, estas medidas "en la práctica tuvieron como resultado que la vivienda de interés social -es decir, aquella con un valor aproximadamente inferior a 4.4 millones de pesos- quedara sin financiación durante los primeros meses del año. Ello explica en gran parte el receso en la actividad constructora de vivienda en ciudades más pequeñas que Bogotá, en donde incluso la vivienda de clase media y alta cae dentro de un rango de valor similar al anterior".
Por ello, el gobierno deseaba corregir ese error. Los cálculos iniciales hacían pensar que todo se iba a reducir a revisar la definición de vivienda de interés social, con lo cual el principal problema de la reforma quedaba solucionado. Sin embargo, esa impresión cambió radicalmente cuando como ponente del proyecto fue escogido el senador por el Nuevo Liberalismo, Ernesto Rojas Morales. Este, que al inicio de la administración Barco fue escogido como el zar de la pobreza absoluta, acabó presentando un documento que hizo estremecer a los especialistas dentro y fuera del gobierno. En su ponencia, Rojas Morales abogaba por una contrarreforma casi tan ambiciosa como la que se había aprobado hace un año. Según un editorial de la revista Banca y Finanzas, el ponente había "sugerido reorganizar el sistema de financiación de vivienda, introduciendo cambios de tipo institucional que afectarían, de una u otra forma, el funcionamiento del Instituto de Crédito Territorial, ICT, del Banco Central Hipotecario, BCH, y las corporaciones de ahorro y vivienda".
Todo lo anterior se había complementado con "un conjunto novedoso de instrumentos de ahorro y crédito (...) de enorme complejidad en sus detalles", en opinión de la Asociación Bancaria. La vastedad de las propuestas era tal, que conocedores consultados por SEMANA sostuvieron que estas habrían tenido efectos mucho más allá de la construcción de vivienda para las clases menos favorecidas.
Las ideas sobre la reorganización financiera del mercado de la vivienda se conjugaron, además, con elementos claramente políticos. No sólo en esta área ejercen presión las personas que no tienen casa, sino sobre todo aquellas que la han conseguido y no tienen con qué pagarla. Esto fue de mostrado por los adjudicatarios de obras del BCH en Bogotá y del ICT en Popayán, quienes se "colgaron" en sus obligaciones y acudieron al Congreso a pedir una solución.
La presencia de ese factor acabó generando el que, sin duda, es el artículo más discutido de la contrarreforma. Según la última versión de este, el BCH y el ICT "quedan facultados para reestructurar su cartera de vivienda. En desarrollo de esta facultad podrán extender plazos, refinanciar saldos de capital, capitalizar, renegociar o condonar intereses, financiar costas judiciales y seguros y novar contratos de mutuo con interés" Aunque en teoría todo se concentraba en hacerle la vida más fácil al BCH al ICT, que tienen problemas con la administración de su cartera morosa la idea de condonar deudas ocasionó un debate inmenso. Por una parte, no falto quien acusara a Rojas Morales de defender una iniciativa debido a sus implicaciones políticas. Por otra, varios senadores se quejaron de la adopción de un principio que puede ser pernicioso en el futuro. Tal como le dijo a SEMANA un congresista liberal, "en este país en donde nadie paga impuestos no se puede premiar a la gente que no paga sus deudas. Lo que estamos haciendo es decirle a los honestos que cumplieron con sus obligaciones que fueron unos estúpidos".
La polémica dejó en evidencia una profunda división dentro del liberalismo en torno a la condonación de deudas. Los ataques que se le hicieron a Rojas Morales fueron tan fuertes que, al final de la semana, más de un especialista sostenía que la propuesta se debería hundir en los próximos días. Ese pronóstico sintetizó lo ocurrido con la contrarreforma urbana. Esta comenzó tímidamente, fue transformada en algo ambicioso y acabó siendo un intermedio que en último término parecía satisfacer a la mayoría. Aunque el senador Rojas Morales se vió obligado a ceder a regañadientes, no le quedó más remedio. La oposición a la mayoría de sus propuestas fue absoluta,tanto por parte de liberales y conservadores, así como del gobierno, que entró a mediar en la discusión.
En último término se llegó a un texto cuyas implicaciones van a ser importantes. La más inmediata consiste en el levantamiento de la prohibición para que el sistema UPAC financie la vivienda de interés social. Así mismo, se redefinen las funciones del ICT y del BCH, dos entidades estatales que han hecho mucho por el sector, pero que en los últimos tiempos han estado de capa caída. En el caso del Inscredial, queda circunscrito a la vivienda de interés social. En el del BCH, queda encargado de administrar un Fondo de Descuento Hipotecario, el cual, como su nombre lo dice, descontará las hipotecas que reflejen préstamos hechos para financiar la consabida vivienda de interés social. El Fondo en cuestión se nutriría con aportes del presupuesto nacional, con la emisión de cédulas de ahorro por parte del BCH y con inversiones obligatorias de las corporaciones de ahorro y vivienda. Los observadores dicen que esta es la manera ideal de darle apoyo financiero a las entidades que presten con destino a la vivienda popular.
Lo anterior, que no soluciona en último término el faltante habitacional que existe en Colombia, se vería complementado con aportes directos del presupuesto nacional para la llamada "vivienda de interés social de atención prioritaria". Esta podría ser subsidiada directamente por el Estado, a través de planes administrados por el ICT.
Tales puntos constituyen la columna vertebral de la contrarreforma urbana, que debe ser aprobada por el Congreso a comienzos de diciembre. Sin que, como es evidente, esta vaya a solucionar todos los males que existen, por lo menos ayuda a aclarar el ya confuso panorama de la vivienda. Aunque la iniciativa final habrá sufrido múltiples cambios, el resultado ha sido calificado como satisfactorio. Los más extremos se están quejando pero en esta batalla donde triunfaron los moderados se insiste en que la situación de la vivienda no daba para que, en materia de reforma urbana, al Congreso le diera por tirar la casa por la ventana.
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