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Los pequeños y medianos empresarios de confecciones y calzado son los más afectados por el contrabando y el ingreso masivo de productos importados que entran con precios muy bajos. | Foto: Juan Carlos Sierra

COMERCIO

La lucha de las prendas tras una decisión de Mincomercio

Un decreto para proteger a las confecciones y el calzado nacional de la ‘invasión china’ causa polémica.

8 de junio de 2013

Una medida que entró a regir el primero de marzo para salvar la industria de textiles, confecciones y calzado, sigue levantando ampolla. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo generó la polémica al fijar con el decreto 074 un arancel ad valórem del 10 por ciento más otro adicional de cinco dólares por cada kilo de confecciones y cada par de zapatos que ingresan al país. Estos gravámenes no se cobrarán cuando las mercancías provengan de naciones con las cuales Colombia tiene tratados de libre comercio. 

Las reacciones a favor y en contra de la medida no se hicieron esperar. Los confeccionistas nacionales aplaudieron la medida porque daría un respiro a un sector ‘con el agua al cuello’ por el contrabando, la revaluación del peso y el incremento en las importaciones. 

Al imponer un mayor arancel se debería frenar el ingreso de mercancías a precios muy bajos, se atacaría el contrabando técnico –se estima que el 70 por ciento de las importaciones del sector textil-confección están subfacturadas– y se incentivaría la producción local, la gran generadora de empleo con cerca de 650.000 puestos de trabajo directos, el 20 por ciento de la mano de obra de la industria. 

Las cifras refrendan la preocupación del sector productor: en los últimos cinco años las importaciones de prendas de vestir crecieron un 227 por ciento. El año pasado por primera vez en la historia la balanza comercial de confecciones fue negativa para Colombia. Mientras las exportaciones, incluidos textiles y confecciones, llegaron el año pasado a 1.148 millones de dólares, las importaciones fueron del doble y la mitad provinieron de China, que tiene múltiples subsidios.

Además, si se comparan los registros de los principales importadores las diferencias son abismales. Mientras grandes cadenas de almacenes y tiendas por departamento importan el kilo de confecciones entre 17 y 40 dólares, en promedio, otras, muchas de ellas comercializadoras, lo traen a tres y cinco dólares. Incluso hay una firma que ingresa mercancía a 1,6 dólares el kilo. Como dice un representante del sector “eso no vale ni la fibra de algodón en la mata”. 

Los productores de calzado también se han manifestado. Un grupo de Bogotá realizó la semana pasada manifestaciones pacíficas para pedir que no se desmonte el decreto y que se tomen otras medidas para frenar la ‘invasión china’. Advierten que a Colombia ingresan pares de zapatos a menos de dos dólares, monto con el cual ningún productor legal puede competir.

Pero en el otro lado de la balanza los comerciantes e importadores están furiosos. Aseguran que estos impuestos fomentarán el contrabando y la informalidad, no tendrán mayor impacto en el empleo y no frenarán las importaciones desde Panamá u otro destino. Guillermo Botero, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), dice que si se quería combatir el contrabando y la subfacturación el gobierno debió, por ejemplo, prohibir el ingreso de mercancías con valor inferior a cinco dólares el kilo. 

“El decreto es un anacronismo y una contradicción con el libre comercio. Uno no puede volver a una discusión igual a la de 1910 cuando se gravaron las telas, solo por darles contentillo a unas firmas de Medellín”, afirma Botero.

Sigue la polémica

Tres meses después de su puesta en marcha Juliana Calad, directora de la Cámara de Textiles y Confecciones de la Andi, dice que la decisión fue buena y afecta solo a un grupo de comercializadores, lo que se comprobó en las últimas semanas cuando prácticamente desaparecieron los que traían confecciones a precios muy bajos. Asegura que muchas empresas que encargaban cerca del 50 por ciento de su oferta en el exterior ahora están produciendo más en el país y están ampliando sus plantas.

Para el presidente de Inexmoda, Carlos Eduardo Botero, ha dejado de entrar mucha mercancía proveniente de la Zona Libre de Colón, mientras que Carolina Blackburn, directora ejecutiva de la Cámara de Confecciones y Afines, sostiene que desde que se expidió el decreto se han creado cerca de 2.500 empleos. “Nuestra lucha no es contra el comercio sino contra el contrabando técnico. Este decreto les encareció o les enredó el negocio a los que estaban subfacturando”, sostiene.

Pero los comerciantes presentan un panorama muy distinto. Según Botero, la industria nacional no alcanza a abastecer el 40 por ciento de la demanda interna, por lo cual es necesario importar y ese es el caso del calzado. 

Dice que en Colombia se consumen 120 millones de pares al año, de los cuales el país produce alrededor de 50 millones. Para Fenalco el sobrearancel les implicará a los empresarios desembolsar 300 millones de dólares adicionales en impuestos, y una situación similar se registra en el sector de las confecciones donde la capacidad de producción es muy baja. Por eso advierte que se vienen alzas de más del 30 por ciento en los precios de estos productos.

Aunque en las últimas semanas se han desplegado toda clase de argumentos a favor y en contra, el gobierno se mantiene firme. El ministro de Comercio, Sergio Díaz-Granados, afirma que el decreto seguirá vigente por el tiempo previsto, es decir un año, porque hay suficiente evidencia de que el contrabando técnico y la subfacturación están afectando la industria nacional. 

Dice que hay un crecimiento sospechoso de importaciones que generan mucha zozobra. Por eso insiste en que, en vez de pedir que se derogue el decreto, hay que impulsar acuerdos con los representantes de toda la cadena para que se apoye más la producción nacional. Adicionalmente, la Dian seguirá trabajando para combatir el contrabando. “Los atentados contra dos funcionarios de la entidad demuestran que estamos pisando callos”, dice el ministro.

En los próximos meses se conocerán nuevos datos que demostrarán quiénes tienen la razón en un debate que va para largo y en el que está en juego la supervivencia de muchas pequeñas y medianas industrias nacionales. 

Un TLC controvertido

Ante el interés de Panamá por entrar a la Alianza Pacífico, se aceleraron las negociaciones de un TLC con Colombia.

En medio de la polémica por los sobrearanceles a la importación de confecciones y calzado, el gobierno anunció la semana pasada que cerró las negociaciones para un TLC con Panamá. Este es uno de los acuerdos que más tardanzas ha tenido, pues ha sido suspendido varias veces por las inquietudes que despertaba en la industria nacional la Zona Libre de Colón, un gran centro de distribución de mercancías. Cifras del sector de textiles y confecciones revelan que cerca del 30 por ciento de los productos provenientes de China se reexportaron a Colombia a través de Panamá y eso encendió las alarmas.

Sin embargo, el gobierno lanzó un parte de tranquilidad al anunciar que se establecieron reglas de origen estrictas (hay que demostrar que los hilos y las telas son fabricados en Panamá para que entren sin pagar aranceles). Además, se logró una desgravación arancelaria a diez años y un acuerdo de cooperación entre las aduanas para controlar estrictamente el movimiento de mercancías. 

El ministro de Comercio, Sergio Díaz-Granados, dice que “el peor de los mundos era lo que teníamos actualmente, donde no había cooperación aduanera”. Carolina Blackburn, de la Cámara de Confecciones, reconoce que estas dos herramientas son un acierto en la negociación, que permitirá que solo lo que se produzca en Panamá tenga beneficios arancelarios.