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LA MANO AL DRIL

Se busca un paganini para salvar al Banco del Comercio.

17 de agosto de 1987

Cinco años después de reconocida la crisis del sector financiero, todavía se sienten sus efectos y se seguirán sintiendo. El último episodio lo estamos viviendo alrededor del Banco del Comercio. Su asamblea del viernes pasado fue considerada por algunos como la última en época de libertad, antes de ser tomado por el gobierno. Hace dos semanas se denunció en la prensa cómo se había descapitalizado el Banco mediante malos manejos administrativos y prácticas riesgosas que recordaban episodios de la crisis del 82. Y que involucraban a importantes personajes del país. La consiguiente carta de rectificación del presidente del Banco, señalaba que la Superintendencia Bancaria de la época los había investigado y absuelto. El gobierno, a su turno, no se muestra muy interesado en aumentar la cuota de bancos sobre los cuales es responsable que hoy representa cerca del 70% del crédito nacional.
El caso del Banco del Comercio es importante por tres motivos: porque es grande, pues equivale a la tercera parte de la banca mixta, es decir aquella que tiene inversión extranjera hasta un 49% en cada caso; porque es el tercer banco con inversión extranjera directa, aunque su participación dentro del capital pagado del Banco sea solo de 35% cuando lo "normal" es que sea del 49% y porque tiene serios problemas de solidez y solvencia, pues es uno de los tres bancos con capital neto negativo según los últimos balances comparativos del sistema bancario publicados.
Esta situación para el Banco del Comercio no es nueva; se ha venido agravando; y se inscribe dentro de la crisis del sector financiero que costó, por la vía del gobierno nacional, sólo el año pasado ciento cincuenta mil millones de pesos. Las necesidades de capitalización de los bancos (exceptuando el Banco de Colombia), de las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento comercial se estiman en un estudio reciente del Banco de la Republica en $ 78.500 millones. Esto cubre las necesidades de las entidades en dificultades, bien sea de rentabilidad, endeudamiento, solvencia o de activos improductivos. Los bancos significan el 70% del problema.
Hay acuerdo en la necesidad de sanear el sector financiero como una condición para impulsar el dinamismo de la economía. La divergencia está en la forma de hacerlo: ¿Quién está dispuesto a pagar la cuenta? El sector privado doméstico asegura que ya realizó sus esfuerzos para la recuperación del sector, y que ya no da más. El gobierno considera que si fortalece patrimonialmente el sector, se afectará su capacidad de inversión y de gasto social que tan urgentemente está comprometido a efectuar. Queda entonces la salida de repartir el esfuerzo entre todos que es la aspiración del gobierno, con obligaciones y deberes claramente definidos y con reglas del juego que además atraigan a inversionistas extranjeros para lo cual se requiere una modificación de la ley que regula su participación en la banca, lo que se considerará seguramente en el Congreso sobre la base del proyecto de ley 178 presentado en la pasada legislatura.
En el caso concreto del Banco del Comercio, el gobierno plantea sus movimientos dentro del concepto de "ayúdate que yo te ayudaré". Dar un tratamiento de emergencia a ciertas entidades, sin perder la concepción global del problema. Mirar los árboles y también el bosque; según la revista Estregia Económica el gobierno está pensando que "El conjunto de bancos sanos debería sacrificar parte de su rentabilidad para favorecer la operación de salvamento de los bancos en dificultades..., haciendo así recaer el costo de los fracasos individuales sobre el sector y no directamente sobre toda la comunidad, estimulando asimismo una mayor autodisciplina dentro del sector".
El instrumento ejecutor de esta política es el Fondo de Garantías de las Instituciones Financieras, el cual plantea para el Banco del Comercio las opciones: el banco se capitaliza en más de seis mil millones de pesos (1.25 de su patrimonio) o el gobierno lo interviene. En el primer caso, el gobierno le ayudará mediante un mecanismo novedoso que consiste en comprar cartera con pacto de retroventa. La forma de capitalización privada ya está en el mercado, en donde se lanzaron el pasado 15 de julio más de mil doscientos millones de acciones a cinco pesos cada una, las cuales deberán ser colocadas entre los inversionistas antes del diez de agosto. La viabilidad de la fórmula está aún por demostrarse. Hace un mes sus acciones se cotizaban en Bolsa sobre los $ 3.30 por acción, llegando a $ 5.01 el martes y miércoles pasado, y presentando tendencia a la baja al finalizar la semana. Enviar al mercado los signos que recuperen la confianza es una tarea concreta de los actuales accionistas del Banco, en especial de sus accionistas extranjeros. Es cierto que el Banco tiene problemas operativos, de manejo, y de solidez, pero también es cierto que es una actividad rentable si se reestructura. Es poco probable que sea intervenido pues ni el gobierno tiene los deseos ni los recursos, ni el sector privado nacional y los inversionistas extranjeros el interés de minar la conciencia pública sobre la estabilidad de otra institución financiera. El reto es aplicar la fórmula que ya está planteada, después de arduas discusiones. Acción es la palabra que todos esperamos.