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| 11/28/1994 12:00:00 AM

LA MANO TENDIDA

El gobierno se la juega a fondo en materia económica con el tema del Pacto Social.

AUN EL VETUSTO CUADRO de Simón Bolívar parecía seguir con cuidado las palabras de Ernesto Samper. Bajo la mirada adusta del Libertador, el actual Presidente de los colombianos dejó a un lado su texto escrito, se olvidó del telepronter y decidió jugársela toda a su carisma personal para decirle al auditorio que había que meterle el hombro a su idea del Pacto Social.

Así ocurrió el pasado jueves al mediodía en la Casa de Nariño, cuando un centenar de asistentes se congregaron para escuchar de boca del Jefe del Estado el lanzamiento de una de las iniciativas más importantes de su gobierno.

La propuesta del llamado Pacto de Productividad, Precios y Salarios, tiene como propósito central disminuir la inflación en un país que desde hace 20 años y con contadas excepciones, da bandazos entre la franja del 20 y el 30 por ciento anual al medir sus aumentos de precios.

Semejante inercia ha vuelto particularmente difícil el salirse de esos parametros. Aunque si bien es cierto que nunca Colombia ha transitado los tortuosos caminos de la hiperinflación como muchos de sus vecinos del continente, también lo es que tampoco ha podido bajar a un dígito sus alzas de precios anuales, como si lo han logrado México o Chile.

Buena parte de esa situación tiene que ver con la manera en que se fijan los principales precios de la economía. El caso típico es el de la llamada 'cuesta de enero', cuando suben, entre otros, la gasolina, los salarios, el transporte, las matrículas y los alimentos. Todos acaban aumentando de manera parecida con lo cual , al final del año, los incrementos de un principio se acaban volviendo irrelevantes frente a las alzas en otros frentes. Aunque esa dinámica parece en principio manejable, los conocedores sostienen que la persistencia de una tasa de inflación como la colombiana acaba siendo perniciosa para la economía. Más aun, esta demostrado que el costo de vida acaba golseando con más fuerza a las clases más pobres, deteriorando así la distribución del ingreso.

Con todos esos elementos, nada aparentemente más sencillo que acabar con las alzas programadas y desmontar el taxímetro. así, el gobierno acepta moderar sus alzas, los industriales sus precios y los trabajadores sus demandas salariales. Si eso se logra, aunque no se pueda acabar con la inflación si sería posible disminuirla de manera sensible.

Sin embargo, no todo es tan sencillo. Por una parte si un sector se lanza solo, corre el riesgo de que los otros dos le hagan 'conejo'. De allí que resulte necesario firmar un convenio en el que gobierno, empresarios y trabajadores se comprometan con metas concretas. Para endulzarle el oido a los trabajadores, en el caso colombiano se quiere premiar los aumentos en la productividad, subiendo los salarios en la misma proporción.

Esa, en términos generales, es la idea del Pacto Social. Como sucede con todas las ideas loables, todo el mundo está de acuerdo con la iniciativa, pero pocos creen que se pueda llevar a cabo.

Los más escépticos señalan que este es un país donde los representantes de los empresarios y de los trabajadores tienen poca audiencia en sus respectivos sectores. De manera que así se firme un acuerdo, les queda imposible hacerlo cumplir.

Por otra parte, se señala la necesidad de que el gobierno sea austero fiscalmente. Dentro de ese escenario, algunos señalan que la reciente aprobación del presupuesto da una señal completamente equívoca sobre la voluntad de apretarse el cinturón. Para sustentar sus argumentos, los críticos del Pacto señalan los fracasos en otros países de la región. Los casos de Brasil, Argentina y Chile durante la década pasada muestran que en unos casos la falta de voluntad de un sector y en otros la falta de condiciones favorables, dieron al traste con las metas.

Por su parte, los defensores de la idea citan los casos de éxito, como los de Israel, Corea, Irlanda, España y más recientemente, México. Es en este último país que se ha apoyado la estrategia colombiana, con un numeroso intercambio de expertos que desde hace meses discuten el tema.

Tales argumentos han logrado que, aun sin mucho entusiasmo en empresarios y trabajadores, las tres partes se sienten a dialogar. Tal como le dijo a SEMANA el presidente de la Compañía Colombiana Automotriz, José Fernando Isaza "la ventaja del Pacto Social es que el costo de intentarlo no es muy grande".

En lo que si no hay duda, es que el mayor riesgo lo corre el gobierno. Por una parte, si el intento fracasa se le limitaría considerablemente su margen de maniobra y su credibilidad. así mismo, aumentaría la incertidumbre sobre el rumbo de la política económica, ante la caída de sus principales instrumentos.

De la misma manera, el compromiso de Samper de limitar las alzas en la gasolina, en los servicios públicos y en los salarios del Estado, es también riesgoso. Si la estrategia fracasa, se puede desvertebrar la estructura tarifaria que se había venido ordenando de manera consistente en los últimos años. Un mal cálculo en el precio de la gasolina o en el de la energía puede afectar seriamente la estructura financiera de Ecopetrol o dar al traste con la recuperación del sector eléctrico. También es una mala señal para la entrada del sector privado a esta área, al dejar entrever la posibilidad de hacer tabla rasa con las tarifas, sin tener en cuenta las empresas.

Quizás por ese motivo, el gobierno sí está tomando las cosas en serio. El presidente Samper es un convencido de la concertación y para el este intento trasciende lo puramente económico. Sólo falta esperar que su poder de persuasión sea suficiente para imponerse en las discusiones de las próximas semanas sobre un tema alrededor del cual hay acuerdo sobre la meta, pero no respecto a la manera de alcanzarla.
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