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| 2/14/2005 12:00:00 AM

La manzana de la discordia

La séptima ronda del TLC mostró graves diferencias en el equipo colombiano sobre propiedad intelectual en medicamentos. Sólo tres puntos son negociables.

Eran las 4 de la tarde del miércoles 9 de febrero. En el Centro de Convenciones de Cartagena se llevaba a cabo la séptima y penúltima ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Un clima de tensión se respiraba en la mesa de propiedad intelectual. En una esquina estaban los negociadores colombianos del Ministerio de Comercio que insistían en presentar la propuesta andina de protección de datos de prueba para productos farmacéuticos. En la otra esquina, los representantes del Ministerio de Protección Social, quienes se oponían a que se presentara dicha propuesta hasta tanto Estados Unidos no se pronunciara respecto a las anteriores que le habían hecho los andinos.

A pesar de la cordialidad que caracteriza estas negociaciones, los asistentes a la mesa advirtieron que la discusión en el equipo colombiano iba a ser intensa. La insistencia de los negociadores del Ministerio de Comercio en presentar la propuesta sacó de casillas al ministro de Protección Social, Diego Palacio, que visiblemente molesto ordenó a sus funcionarios levantarse de la mesa.

Desde ese momento el celular del presidente Álvaro Uribe no paró de sonar. A pesar de la laberintitis que lo tenía en cama, Uribe atendió las llamadas que desde Cartagena le hicieron ministros, miembros del equipo negociador y uno que otro empresario. En tono enfático y visiblemente afectado, el presidente Uribe llamó al ministro Palacio y le pidió que regresara a la mesa, no sin antes prometerle que cumpliría lo que le dijo antes de empezar la ronda de Tucson: Colombia solo podrá negociar -y no de cualquier forma- tres puntos específicos del tema de propiedad intelectual en medicamentos. El resto deberá permanecer igual. ¿Cuáles son esos tres puntos que el presidente Uribe autorizó negociar?

El primero tiene que ver con la extensión del plazo de las patentes de productos farmacéuticos. Estados Unidos busca que las demoras 'injustificadas' que se produzcan en el trámite de otorgamiento de la patente, entendiendo como 'injustificada' toda demora superior a cuatro años contados a partir de la fecha de la solicitud de ésta, se compensen con extensión del plazo de la patente. La contrapropuesta de Colombia es elevar ese tiempo de cuatro a siete años.

El segundo se refiere a la transparencia que sobre solicitudes de registro sanitario lleguen al Invima. En Colombia es posible obtener el registro sanitario de un medicamento durante la vigencia de una patente, de manera que la comercialización de genéricos puede iniciarse el mismo día del vencimiento de la patente. La pretensión de Estados Unidos es que la autoridad sanitaria (que en Colombia es el Invima) notifique al dueño de la patente la lista de empresas que solicitan permiso para comercializar genéricos de ese producto. La idea de que el dueño de la patente conozca la identidad del solicitante es que tenga la oportunidad de actuar contra el mismo y aplazar aún más la venta del genérico. Colombia estaría dispuesta a ceder en este punto, al parecer, a cambio de mayores concesiones en el tema de derechos de autor y, específicamente, las obras digitalizadas.

El tercer punto se refiere a la protección exclusiva de los datos de prueba. Cuando una multinacional quiere obtener un registro sanitario para sacar al mercado un medicamento innovador, tiene que ir al Invima y adjuntar una serie de estudios que demuestren la eficacia y seguridad de la sustancia. Estados Unidos busca la protección exclusiva de esos datos por cinco años, de manera que los productores de genéricos no tengan acceso a ellos. Además, los estadounidenses quieren algo que se conoce como 'exclusividad de datos plus': que a una multinacional le baste con registrar su producto en su país de origen para obtener la protección de los datos de prueba, sin necesidad de estar obligada a registrarlo en Colombia o donde piensa comercializarlo.

La contrapropuesta que Colombia y Ecuador presentaron en este punto la semana pasada (Perú prefirió esperar a la octava ronda) consiste en otorgar protección de los datos de prueba por un período máximo de tres años. Como se sabe, desde 2001, Colombia aprobó el decreto 2085, que protege hasta por cinco años la información que aporten los laboratorios farmacéuticos sobre nuevos medicamentos que piensen introducir al país. Pero resulta que Ecuador y Perú, los otros dos países andinos que negocian el TLC, no tienen nada sobre protección de datos de prueba, por lo que había que buscar un punto intermedio. La segunda parte de la contrapropuesta consiste en otorgarle a Estados Unidos una prioridad de un año para obtener el registro sanitario, a cambio de que ceda en su pretensión de 'exclusividad de datos plus' que exige a los andinos. La presentación de esta propuesta fue la manzana de la discordia que enfrentó a los funcionarios del Ministerio de Comercio con los del Ministerio de Protección Social.

Hasta ahora Estados Unidos no se ha movido en ninguno de estos tres puntos en los que Colombia está dispuesta a negociar, manteniéndose inflexible en su propuesta inicial. El asunto es espinoso por donde se le mire, pues lo que se decida en esta materia no sólo podría afectar el bolsillo de los colombianos, sino su capacidad de acceder a las medicinas. El reto del gobierno será, luego de poner de acuerdo a los de su propio equipo, sopesar todas las variables en juego sin olvidarse de que la más importante es el bienestar de los consumidores, y tomar la decisión que más convenga al país.
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