09 enero 1984

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LA MUERTE EN LOS TALONES

Minutos después de ser ejecutado su compañero de celda en Miami, Luis Carlos Arango se entera de que se le ha negado un cuarto juicio. De nuevo queda pendiente la fecha de su ejecución

El 1o. de diciembre, la prensa nacional registró en sus páginas interiores y con escasos detalles la noticia de la ejecución de Robert Sullivan en la prisión estatal de la Florida, en los Estados Unidos, sin sospechar siquiera las implicaciones que este hecho conlleva para la vida del colombiano
Luis Carlos Arango, quien en mayo pasado se salvó de ser ejecutado, gracias a un recurso interpuesto por sus asesores legales.
Una hora después de que la descarga eléctrica acabara con la vida de Sullivan, por quien incluso el Papa Juan Pablo II había intercedido, el juez Robert Deal, del condado de Dade, negó por cuarta vez la realización de un nuevo juicio, pedido en forma angustiosa por la abogada judía Sharon Jacobs, defensora de Arango, quien venía argumentando que posee una prueba definitiva para esgrimir en favor del condenado, en una nueva audiencia.
Al negar Deal el nuevo juicio, la vida de Luis Carlos Arango quedó otra vez, como en mayo, en manos del gobernador de la Florida, Bob Graham, quien puede fijar en cualquier momento una nueva fecha para la ejecución.
El colombiano, de 47 años, fue sentenciado a morir en la misma silla eléctrica en la cual murió Sullivan, su amigo y ex compañero de celda, en un juicio que culminó el 18 de julio de 1980, tres meses después de que el oficial Gary Gable y otros agentes de Seguridad Pública lo hallaran en el apartamento 208B de un condominio de Miami donde también encontraron un cadáver.
La víctima, un antioqueño al igual que Arango, era Jairo Arango Posada, quien según una autopsia realizada horas después, murió por estrangulamiento y por un golpe y dos balazos en la cabeza. Además de la camisa ensangrentada del presunto asesino, los oficiales encontraron en el apartamento que Luis Carlos Arango ocupaba, dos bolsas de cocaína, 7.800 dólares en efectivo, dos casquillos de bala calibre 32, una decena de balas calibre 38 y dos armas, una de ellas provista de un silenciador.
Las circunstancias convertían a Arango en el primer sospechoso. El argumentó que terceras personas lo habían encerrado en el baño y habían matado a Arango Posada, después de herirlo a él. Su versión se desbarató considerablemente cuando médicos forenses pudieron comprobar que una de las heridas que él alegaba haber sufrido era un mordisco en su mano, que según el dictamen correspondía a la dentadura de la víctima.
LA TERCERA ARMA
Pese a esto, los asesores legales de Arango se empecinaron en demostrar que en los hechos participaron otras personas y creyeron haber encontrado una prueba contundente para demostrarlo: un detective contratado por la abogada Jacobs halló en el balcón del apartamento una tercera arma, una pistola semiautomática que, según ella, revela la participación de terceros en el crimen.
El juez Deal, sin embargo, consideró que la tercera arma no cambiaba sustancialmente el conjunto de información obtenida durante las investigaciones y negó el nuevo juicio, minutos después de que el cuerpo sin vida de Sullivan era retirado de la silla eléctrica.
La abogada de Arango dijo a SEMANA que aún le quedan unos pocos recursos para salvar a Arango.
Entre ellos el más importante es una apelación ante la Corte Suprema de Florida, que debe hacerse en los próximos 30 días. Pero mientras ella se prepara, el gobernador Graham puede fijar la fecha y las últimas esperanzas del condenado colombiano pueden esfumarse.
La esposa de Arango, Marta Luz Vélez, reveló en declaraciones a SEMANA que durante las conversaciones tendientes a obtener la realización de un nuevo juicio, la justicia norteamericana ofreció al condenado una conmutación de la pena de muerte por 25 años de cárcel si retiraba todas las apelaciones. Pero Arango rechazó la oferta.
Días antes de que esto sucediera, la señora Vélez había recibido una carta de la abogada Jacobs. En ella, según lo que relató a SEMANA, la abogada pide el pago de 50.000 dólares a la familia del condenado, para gastos de papeleos, trámites y transporte. "Para nosotros resulta absolutamente imposible cancelar esa cifra y por lo tanto es muy probable que la señora Jacobs suspenda la asesoría jurídica que viene realizando. Nosotros ya le pagamos un dinero y no podemos más", explicó.
MAL PRESAGIO
Pero no sólo las cuestiones legales y económicas andan mal para Arango.
La ejecución de Sullivan lo impresionó considerablemente, según declaraciones de la abogada Jacobs.
El colombiano y él trabaron amistad en la cárcel donde fueron compañeros de celda y Arango se había interesado mucho en su caso.
Sullivan se había convertido, a lo largo de diez años, en uno de los condenados a muerte más famosos de los Estados Unidos. En diez ocasiones logró que su ejecución fuera aplazada y año tras año fue ganando nuevos adeptos a su causa. Muchos de ellos dudan hoy, no sólo de la incoveniencia de la aplicación de la pena de muerte en este caso, sino de la culpabilidad de Sullivan en el asesinato del administrador del restaurante "Howard Johnson" de Miami en 1971.
Al morir electrocutado, Sullivan estaba a punto de terminar la carrera de Hotelería y Turismo, gracias a uno de los muchos sistemas de clases por correspondencia existentes en los Estados Unidos. Quienes lo conocieron, lo describen como un hombre simpático y jobial.
TESTIMONIO SAGRADO
Pero éstas no son las únicas razones por las cuales quienes lo defendieron están hoy convencidos de su inocencia. Meses antes de sus ejecución, un homosexual de Boston dijo en confesión a un sacerdote, que había pasado con Sullivan la noche del asesinato del administrador del "Howard Johnson".
El sacerdote comunicó de inmediato la trascendental información al arzobispo de Miami, preguntándole si podía en este caso violar el secreto de la confesión. El arzobispo pidió públicamente la conmutación de la pena contra Sullivan, pero mantuvo bajo reserva el nombre del confesante.
El juez que atendía el caso no quiso entonces aceptar la petición del arzobispo y declaró al Miami Herald que "nos resulta imposible considerar el testimonio del sacerdote, mientras el supuesto testigo no se presente ante la Corte y haga su declaración bajo la gravedad de juramento".
Esta dura posición del juez obligó al Papa Juan Pablo II a intervenir, pidiendo en carta dirigida al gobernador Graham la conmutación de la pena, calificando la versión del sacerdote como un "testimonio sagrado".
Pero el gobernador no accedió y el martes 29 de noviembre fijó la fecha para la ejecución que se llevó a cabo al día siguiente, en medio de airadas protestas.
Decenas de personas, principalmente jóvenes integrantes de grupos que se oponen a la pena de muerte, pasaron la noche frente a la prisión, encendiendo velas, portando carteles que pedían la conmutación de la pena, y entonando cantos pacifistas.
En las emisoras de radio, numerosos comentaristas se declararon opuestos a la ejecución y el caso revivió la polémica sobre la pena de muerte en la Florida y otros Estados de la unión.
Nada de esto hizo cambiar la orden de ejecución dada por el gobernador Graham, quien ha firmado ya unas 50 sentencias de muerte, dos de las cuales se cumplieron ya: la primera contra John Spenkelynly, por un múltiple asesinato y la segunda contra Sullivan, muerto el 30 de noviembre.
Graham, un demócrata quien ha ido ganando importancia en el seno de su partido y es una de las fichas claves para la próxima campaña, es famoso por sus ideas liberales en todos los campos, menos en el de la pena de muerte, de la cual es ferviente defensor desde que inició su campaña para la gobernación, hace más de 5 años.
Algunos, entre ellos el periodista Jay Duchassy del Miami Herald, con quien conversó SEMANA, dudan que Graham fije pronto la nueva fecha para ejecutar a Arango. Pero entre quienes rodean al colombiano, muchos se preguntan si estará vivo para el año nuevo. -
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