El emblemático caso fallado por la Corte Suprema de Justicia –en el que un ciudadano demandó porque su mesada, que empezó en 1.200.000 pesos en el año 2000, no subió al mismo ritmo de la inflación y terminó perdiendo valor– refleja la situación que viven muchos de los pensionados bajo la modalidad de retiro programado, que administran los Fondos de Pensiones (AFP).
El accionante alegaba que su pensión debería ir en 2.400.000 pesos y pedía reversar la afectación que le estaba causando el hecho de que no se incrementara, pero el alto tribunal, que falló a favor de la AFP, confirmó lo que ya le había respondido el fondo privado: con el capital que tenía en su cuenta no era posible financiar una mesada superior a la que devenga actualmente.
En días pasados, la Asociación de Pensionados de Fondos Privados (Apenpri) alertó sobre la descapitalización de las cuentas de ahorro individual, que estarían perdiendo entre 15 y 40 por ciento de su poder adquisitivo por diversas circunstancias, principalmente normativas y por los fuertes incrementos del salario mínimo.
La advertencia reaviva el debate sobre el aseguramiento para la vejez, tema que en los últimos días ha estado marcado por una intensa controversia entre el Gobierno y Asofondos, gremio de las AFP.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en medio de la petición de devolución de los dineros de los trasladados de las AFP a Colpensiones, dice que durante tres décadas los fondos privados han ganado billones con el ahorro de los trabajadores. Y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, hasta mencionó que las AFP tienen más plata que el equivalente al presupuesto de la nación para 2026.
No es solo cosa de plata
El asunto no es tan simple, por lo que la solución no es solo de plata.

Hay que entender que en los fondos privados la asignación mensual es calculada según el ahorro acumulado y la expectativa de vida, contando inclusive con la del sobreviviente que heredará en el momento de la muerte del titular. Esa asignación se puede recibir bajo dos modalidades: renta vitalicia (que, como Colpensiones, se ajusta anualmente con la inflación) o el retiro programado, donde el ajuste depende del rendimiento que tengan los ahorros del pensionado.
Como las circunstancias son cambiantes, las condiciones económicas, la expectativa de vida y la rentabilidad, pueden variar, por lo que en el retiro programado se hace un recálculo anual. En consecuencia, la mesada se ajusta, pues depende del saldo disponible en la cuenta individual y de sus rendimientos. La idea es que esos recursos sean distribuidos de manera que alcancen durante toda la vida del jubilado.
Juan Miguel Villa, expresidente de Colpensiones y conocedor del tema, recuerda que el esquema inicial del retiro programado estaba hecho para ser complementado con la renta vitalicia. “El retiro programado transfiere al pensionado el riesgo financiero y de extralongevidad. El sistema estaba previsto para que, cuando el ahorro fuera bajando, la persona se pasara a renta vitalicia, a partir de la cual el afiliado llevaba el dinero que le quedaba a una aseguradora, de manera que no tuviera que preocuparse por el saldo de su cuenta durante el retiro. Sin embargo, el mercado de rentas vitalicias no se desarrolló en Colombia y se generalizó el retiro programado”.

Ángel Custodio Cabrera, exministro de Trabajo, agrega que la renta vitalicia era apetecida por los oferentes: “Tenía incentivos tributarios, tanto para el que recibe la renta (el asegurador) como para el pensionado. Esos beneficios se fueron desmontando. Las aseguradoras, desde hace unos siete años, ya no ofrecen el mecanismo por el alto riesgo que implica”.
¿Qué cambió?
Los voceros de Apenpri, quienes se consideran afectados por lo que califican como “perjuicios gravísimos”, aseguran que la situación que hoy los tiene temiendo que sus mesadas caigan al piso de un salario mínimo –o incluso por debajo– empezó con cambios introducidos a las leyes del sistema pensional. “Pasamos de un esquema con un solo fondo a uno de multifondos, y los pensionados fueron ubicados en el conservador, que es de baja rentabilidad”, señalan.
Fue así como el capital individual dejó de crecer y comenzó a deteriorarse de manera sostenida, relatan.
La alternativa de migrar a renta vitalicia, que además depende de que se cumplan las condiciones requeridas, principalmente que se tengan los recursos suficientes para hacerlo, no es accesible a muchos. De hecho, al demandante al que la Corte Suprema le negó el aumento de la mesada, le dieron una razón clara: los recursos de su cuenta no alcanzaban.
Además, según Apenpri, “quienes migran de retiro programado a renta vitalicia lo hacen con un capital deteriorado, por lo que su mesada sería inevitablemente más baja”.

Alejandra Sánchez, académica y coordinadora de la maestría en Actuaría y Finanzas de la Universidad Nacional, explica que el problema es que en la Ley 100 nunca quedó claro que no era lo mismo producir rendimientos que garantizar una pensión.
“Del 16 por ciento del salario de un empleado que se destina a su cotización de pensión, no todo se va al ahorro pensional, pues también hay que pagar comisiones y seguros. Por eso, si una persona cotiza 25 o 26 años sobre un salario mínimo, difícilmente le va a alcanzar para una mesada de un salario mínimo”.
Esto dado que la sola rentabilidad de la plata guardada es insuficiente. “Los fondos privados tendrían que lograr muchísima rentabilidad para otorgar una buena pensión. Pueden rendirla un año, dos o más, pero a lo largo de 30 años se pueden presentar altibajos. Como nunca consiguen rentar tanto, le terminan devolviendo los ahorros al 60 por ciento de la gente”, afirma la experta.
Sánchez agrega que la reforma pensional que está en la Corte Constitucional acaba con todo eso porque, en adelante, la gente solo se pensionaría en Colpensiones. “Los colombianos ya no tendrán que escoger ni retiro programado ni renta vitalicia. Una parte de su cotización iría al régimen público y la otra, al privado”. Además, quedó establecido que los fondos tendrían que garantizar la mejor mesada pensional posible, obligación que no estaba en la Ley 100. El problema queda con los ya pensionados con ahorro programado, que ahora, preocupados, piden revisar la reglamentación.

