LA SALVACION DE ALCALIS

EL ACUERDO AL CUAL LLEGARON LA SEMAna pasada las directivas y los trabajadores de Alcalis de Colombia para evitar la liquidación de la empresa es no sólo una muestra de la madurez política a la cual han llegado las relaciones obrero-patronales en muchas empresas del país, sino un paso fundamental en la consolidación del proceso de apertura económica que viene impulsando el Gobierno Nacional.
El acuerdo permitirá la reconversión total de la empresa, que desde comienzos de la década pasada viene arrastrando una gravísima crisis financiera. En pocos meses, en efecto, la empresa podrá salir del concordato en que se encuentra desde 1983 y, con una inversión adicional del orden de los 40 millones de dólares, modernizar sus factorías y enfrentar en condiciones de igualdad la competencia internacional.
El proceso que condujo al arreglo de la semana pasada comenzó a mediados de 1990, cuando el Gobierno Nacional, con miras a desarrollar el programa de apertura, contrató con la firma Arthur D'Little un estudio sobre las posibilidades de reconversión de la empresa, agobiada en ese momento por su ineficiencia productiva y sus altísimos costos laborales.
El estudio llegó a la conclusión de que eran necesarias tres acciones para Salvar la empresa: 1- Cerrar la planta de carbonato de Betania (ubicada en Zipaquirá); 2- Reducir la planta de personal de 2.100 a 1.300 trabajadores; 3- Renegociar algunos puntos de la convención colectiva de trabajo, especialmente los relacionados con el régimen de pensiones.
Dichas recomendaciones fueron acogidas por el Departamento Nacional de Planeación, que en junio de 1991 presentó al Consejo Nacional de Política Económica y Social un documento con los pasos que se debían seguir para la reconversión de Alcalis, el cual sirvió de base para las primeras discusiones entre las directivas y los trabajadores en torno del futuro de la empresa.
Al principio, los trabajadores no le dieron mucho crédito a la propuesta del Gobierno y asumieron una actitud de rechazo a cualquier tipo de negociación.
Pero cuando en agosto se produjo el cierre de la planta de Betania -proceso en el cual fueron desvinculados cerca de 300 empleados mediante un plan de retiro voluntario, y en septiembre la empresa despidió a 177 trabajadores más,- el sindicato se dio cuenta de que la cosa iba en serio y aceptó conversar.
Surgió entonces una comisión tripartita -con la participación del Gobierno- para estudiar a fondo la situación. Dicha comisión trabajó de octubre a diciembre, analizando los estados financieros de la empresa y buscando salidas al problema. Sus reuniones se caracterizaron, sin embargo, por la resistencia de los trabajadores a cualquier tipo de solución que implicara una desmejora en las condiciones laborales pactadas con la empresa.
Esta última, sin embargo, insistió en la necesidad de revisar la convención colectiva de trabajo y adelantar su firma, y las reuniones de la comisión tripartita fueron reemplazadas por un diálogo directo entre la administración y el sindicato de la empresa. Pero las conversaciones se tornaron supremamente lentas, debido a la intransigencia del sector laboral.
Entre tanto, la situación financiera de la empresa se tornó cada vez más crítica. Tanto que la junta directiva del IFI llegó a la conclusión de que lo mejor sería liquidar definitivamente la compañía. Antes de dar ese paso, sin embargo, y como última opción, les ofreció a los trabajadores la alternativa de adquirir hasta el 10 por ciento de las acciones de la compañía y trabajar de manera conjunta por su recuperación.
Pero como los trabajadores rechazaron la propuesta, el IFI sometió a la consideración de la Junta la liquidación de la compañía, la cual fue aprobada en la reunión del 30 de marzo. Y comenzaron a realizarse los trámites necesarios para ejecutarla decisión.
De inmediato, los trabajadores le escribieron una carta abierta al presidente Gaviria, en la cual expusieron nuevamente su posición y le pidieron al Gobierno la realización de "un último esfuerzo en forma directa para buscar acuerdos y evitar la liquidación de Alcalis".
Las directivas de la empresa pusieron entonces como condición, para reunirse de nuevo con los trabajadores, que el sindicato presentara, por escrito, su propio plan para salvar la empresa.
Así fue. El 6 de abril el sindicato presentó un plan en el cual aceptaba la posibilidad de negociar algunos puntos de la convención colectiva que antes consideraba intocables. Sobre esa base el IFI -como principal accionista- y la CUT -en representación de los trabajadores- acordaron un esquema para sentarse a trabajar. Y en seis días llegaron al acuerdo conocido por el país la semana pasada, el cual reduce considerablemente la carga laboral de la empresa -sobre todo en materia pensional y permite continuar con su reconversión.
Con un ingrediente positivo adicional: que sólo hasta julio de 1994 se volverá a negociar. Lo que quiere decir que Alcalis gozará de un período de 28 meses de paz laboral, que le permitirán superar muchos de sus actuales problemas técnicos y financieros.
"Finalmente los trabajadores entendieron que su gran enemigo no era la administración de Alcalis sino el desempleo y optaron por salvar la compañía", le dijo a SEMANA uno de los negociadores. "Nadie, distinto de los trabajadores, podía salvar la empresa. Y afortunadamente lo hicieron".