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| 12/10/2009 12:00:00 AM

La sempiterna lucha por el salario mínimo

Este año los trabajadores sugieren un incremento del 8 por ciento y los empresarios del 3. Puede que todo termine en lo mismo de siempre: se negocia, no hay acuerdo y se define el nuevo ingreso por decreto.

Este miércoles arrancó, en forma, la discusión entre gobierno, empresarios y sindicalistas para establecer cuál será el incremento del salario mínimo para el año entrante.

El intento de concertación tuvo una novedad esta vez. Para intentar llegar a un acuerdo entre empresarios y trabajadores, los diálogos se iniciaron hace dos meses. “Pero de nada sirvió. Yo dije desde el principio que no porque se madrugue más, se va a concertar”, dijo Tarsicio Mora, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
 
Y, como pasa siempre, al levantarse la mesa este miércoles, no hubo ningún avance. Nadie cedió en su posición.

Se repite la historia de todos los años. Con base en los pronósticos del incremento de la inflación, que se calcula que rondará el 2,5 por ciento en 2009, los empresarios están proponiendo un alza del 3 por ciento para el mínimo. O sea, si se impone su voluntad, en 2010 el mínimo sería de 511.800 pesos, equivalentes al aumento de 496 pesos por cada día.

Los sindicalistas llegaron a la mesa de concertación proponiendo que el mínimo se incremente el 8 por ciento. Si llega a triunfar esta propuesta, el salario sería de 536.652 pesos, que equivalen al aumento de 1.325 pesos diarios. “Ni siquiera lo que vale un tiquete de Transmilenio”, comenta Julio Roberto Gómez, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), para explicar que aún lo que ellos piden es poco para un trabajador.

Sin mebargo, la diferencia entre ambas propuestas es abismal. La de los empresarios se sustenta, básicamente, en la baja inflación que se registró este año. Pero los sindicalistas insisten en que la baja inflación “no se dio porque haya un desarrollo económico ejemplar, sino porque la gente no tiene con qué comprar y al vendedor le toca bajar los precios para poder vender sus productos”, según Mora.

Para Gómez, “de nada sirve un control de inflación de un solo dígito si colateralmente no derrumbamos la pobreza, el desempleo y las condiciones de vida miserables de la clase trabajadora”.

Pero, ¿puede un incremento del 8 por ciento resolver los problemas que exponen los sindicalistas?

La respuesta que dan ellos mismos es que no. Según sus cuentas, para una familia de cuatro integrantes, la canasta familiar vale casi un millón de pesos. Pero tener un poco más de ingresos “les da más capacidad de compra. Esa plata no la guardan los empleados porque el salario sigue siendo bajo y no les permite ahorrar. O sea que el dinero vuelve a las manos de los mismos empresarios, que son los dueños de los almacenes y las tiendas”, comenta Mora.

Un argumento que se usa frecuentemente es que si se incrementa el salario, se cae el empleo. Al respecto, Gómez dijo que es una tesis falsa y que ya está demostrado que si los trabajadores tienen mejores ingresos, se mueve más la economía. “En años antes de 2006, cuando se lograron incrementos superiores a la inflación, hubo un descenso en la tasa de desempleo”, comentó. Y cuestionó que “¿para qué un país produce bienes y servicios si la clase trabajadora no tiene capacidad de compra?”

Gómez contó que en una reunión pasada, mediante un documento los sindicalistas demostraron cómo con un incremento del 8 por ciento, en vez de generar informalidad y desempleo, se catapultaría el desarrollo económico del país. “Es lo que ocurre en los países desarrollados, donde los salarios son relativamente altos y permiten una vida digna para la clase trabajadora”, dijo.

Una negociación retórica

Pero esos argumentos no convencen a los empresarios que están cuidando la estabilidad de sus empresa en tiempos de crisis. Después de 2005, cuando entre empresarios y trabajadores concertaron el mínimo, no se ha vuelto a dar un acuerdo y el gobierno ha terminado decretando el incremento unilateralmente, siempre a favor de las propuestas de los empresarios. 
 
La mesa de concertación se ha reunido diez veces desde cuando fue creada, pero apenas ha habido consenso en tres oportunidades.

Para terminar con estas fracasadas concertaciones, la senadora Alexandra Moreno Piraquive presentó un proyecto de Ley que busca incluir dentro de la discusión a las comisiones económicas del Senado y la Cámara.
 
La congresista considera que este tire y afloje entre sindicalistas y empresarios "se convirtió en un lugar común y en una mesa que sólo ha servido para el protagonismo de las partes mientras dura la negociación, porque al final de cada año el decreto del gobierno se sigue imponiendo de un plumazo".

Para Moreno Piraquive, "los gremios se acostumbraron a dilatar la discusión para evitar la concertación y esperar la decisión del gobierno, que siempre los ha beneficiado, por lo que es necesario que se haga un debate público donde pueda entrar a terciar el Congreso de la República", dijo la Senadora.
 
Eso ha sido lo habitual, pero este año, en palabras de la congresista, se ha presentado "un irrespeto con el país y con la clase obrera", con la idea de proponer apenas un 3 por ciento en el salario mínimo.  
 
Desde el punto de vista de los empresarios, el gobierno hace bien en ser conservador en las alzas porque si ellos no logran mantener sus empresas a flote, todos se quedan sin empleo.
 
Ahora es la última oportunidad para un acuerdo que quizás parta las diferencias, o sino el resultado puede ser de nuevo, el decretazo de siempre.

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